Cristian San Martín Estrada fue baleado mortalmente el pasado 19 de mayo en Ciudad Juárez. El joven estaba inscrito desde hace dos años en el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP) y esperaba en México su turno para poder cruzar a Estados Unidos.
Dos meses después de haber prometido que aumentaría la cuota de refugiados de 15,000 a más de 60,000, fuentes de la Casa Blanca dijeron al diario
The New York Times que el mandatario mantendrá el cupo en los mismos términos en que los dejó su predecesor Donald Trump.
Todo comenzó en marzo de 2011 con una serie de manifestaciones callejeras que pedían democracia y protestaban contra el régimen de Bashar al-Assad. Una década después, más de 380,000 personas murieron en Siria y millones han sido desplazados.
Elizabeth Kennedy, quien formó parte de un grupo de investigadores que advirtió de una crisis en la frontera bajo Obama, considera que las causas aún no se han solucionado y cree que ninguna administración estadounidense podrá cambiar la situación en solo cuatro años.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) habilitó un portal web para que los migrantes con casos activos de solicitud de asilo y que están bajo el Protocolo de Protección del Migrante (MPP) se puedan registrar e ingresar de forma ordena a EEUU. Sin embargo, la página de internet ha estado saturada por la cantidad de usuarios que intentan entrar, estancado temporalmente el proceso y causando molestias y desesperación entre los interesados.
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Tras el crimen, compatriotas de la joven víctima han tomado represalias protagonizando incidentes de violencia y generando mensajes de odio en las redes sociales en contra de peruanos. Por su parte, la ACNUR ha calificado esta situación como "aberrante" y, al igual que activistas, ha hecho un llamado a no tomar justicia por mano propia.
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En una carta firmada por 258 organizaciones que abogan en nombre de solicitantes de asilo, inmigrantes, niños y sobrevivientes de violencia doméstica y agresión sexual, denuncian y se oponen a la explotación por parte del gobierno de la pandemia del coronavirus.
Abogados, religiosos, activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que la política de emergencia adoptada por el gobierno debido a la pandemia, daña el debido proceso migratorio de niños que huyen en busca de asilo.
Una delegación del gobierno hondureño viajó a Washington para negociar tres acuerdos de migración que buscan controlar el flujo de migrantes hacia la frontera sur de Estado Unidos. Incluye un acuerdo como 'tercer país seguro' específicamente diseñado para evitar que solicitantes de asilo de Cuba lleguen a Estados Unidos, según fuentes consultadas por Univision Noticias.
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El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de México anunció medidas para garantizar los derechos de los migrantes. Por su parte, la secretaria de Gobernación dijo que el país no servirá como tránsito migratorio a Estados Unidos.
El reporte anual
"Tendencias globales" publicado por el Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) abarca el número de refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos del mundo a finales de 2018, en algunos casos después de décadas de vivir lejos de casa.
De acuerdo con un informe de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU),
68,5 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. Entre ellas hay casi 25,4 millones de personas refugiadas, más de la mitad menores de 18 años.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que a partir del 15 de junio se exigirá pasaporte y visado a los venezolanos que quieran ingresar al país. Ante la alta demanda de atención, la oficina de migraciones informó que se han habilitado más de 30 módulos de control migratorio en el Centro Binacional de Atención Fronteriza de Tumbes.
“En solo siete meses desde noviembre de 2018, el número de refugiados y migrantes venezolanos aumentó en un millón”, señalan la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR). La mayoría de estas personas han ido a parar a países de América Latina.
En una nota orientativa, el organismo de la ONU destaca el empeoramiento de la crisis humanitaria en Venezuela, dice que la mayoría de quienes huyen del país son refugiados y pide a las naciones que los reciben y que no los deporten.
Situado en una explanada de la Guajira, en el municipio de Maicao, y montado por la agencia de refugiados de la ONU (ACNUR), decenas de carpas se levantan en la frontera entre Colombia y Venezuela para acoger a los migrantes con menos recursos que huyen de la crisis de ese país. Univision Noticias estuvo allí.
Hasta ahora, el gobierno de Colombia se había negado a construir campamentos para migrantes venezolanos, pero ha tenido que ceder ante el creciente ingreso de personas sin techo y sin dinero y, con la ayuda de Acnur, ha levantado uno en la Guajira, en su frontera norte con Venezuela.
Después de solicitar refugio ante la ACNUR, un numeroso grupo de personas provenientes de Cuba se ha visto obligado a permanecer en una bodega donde las condiciones sanitarias no son las adecuadas. El próximo 31 de enero, los cubanos deberán abandonar ese lugar a pesar de no contar con los recursos para regresar a la isla.
Un grupo de manifestantes lleva varios días durmiendo a la intemperie frente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Puerto España. Los cubanos están exigiendo que les otorguen un permiso para trabajar o que los envíen a otro país.