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Pena de muerte

El estado donde empezó la pena de muerte y que ejecutó más presos elimina el castigo capital

La medida tiene una importante simbología contra el castigo de pena de muerte, que empezó en el estado en 1607, cuando era la primera colonia británica en América del Norte. Históricamente Virginia ha ejecutado más personas que Texas.
27 Feb 2021 – 05:13 PM EST
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Una protesta contra la pena de muerte frente a la Corte Suprema de Justicia en Washington DC en enero de 2017. Crédito: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

En Virginia, las únicas dos personas que están en el llamado ‘corredor de la muerte’ esperando su ejecución por crímenes cometidos están a punto de ver sus sentencias cambiadas a prisión perpetua gracias a una legislación que elimina la pena capital en ese estado.

Esta semana, Virginia, el estado donde empezó la práctica de la pena de muerte en EEUU, decidió abolirla por decisión de la Asamblea Legislativa, uniéndose a decenas de otros que han descartado ese castigo para lidiar con la criminalidad y convirtiéndose en el primer estado del sur que lo hace.

La medida tiene una importante simbología. La aplicación de la pena de muerte empezó en este estado en 1608 con el capitán George Kendall, acusado según algunas fuentes de amotinamiento y en otras de espiar para el Imperio Español, al año siguiente de que se fundara como la primera colonia británica estable en América del Norte.

Virginia es el estado que más personas ha ejecutado desde entonces y en tiempos modernos, es segundo después de Texas.

“Al votar por la abolición estamos mostrando el camino, que si Virginia -el estado con la más larga historia y la mayor cantidad de gente ejecutada- si nosotros podemos, también pueden otros estados”, dijo a la agencia AP Rachel Sutphin, cuyo padre Eric, murió baleado en 2006 cuando trabajaba en la oficina del Sheriff del condado de Montgomery.

El asesino fue ejecutado en 2017 en contra de los deseos de la familia Sutphin. Fue la última sentencia de ese tipo que se ha cumplido en el estado. Dos años después, Sutphin se unió a otras 12 familias de personas asesinadas que mandaron una carta a la asamblea estatal pidiendo la abolición de la pena de muerte.

La abolición finalmente fue aprobada por la mayoría demócrata en la Asamblea General, que argumentaba que la pena de muerte había sido aplicada de una manera que afectaba desproporcionadamente a grupos minoritarios como negros e hispanos, además de enfermos mentales o indigentes.

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La legislación se votó en líneas partidistas: 22 a 16 en el Senado (con un solo republicano sumándose a los demócratas) y 57 a 43 en la Cámara Baja de la Asamblea (en la que dos republicanos votaron a favor).

“Es vital que nuestro sistema de justicia opere justamente y castigue a las personas equitativamente. Todo sabemos que la pena de muerte no lo hace. No es equitativa, (es) inefectiva e inhumana”, dijeron tras la aprobación en un comunicado conjunto los líderes de la Cámara Baja, Eileen Filler-Corn, y del Senado, Dick Saslaw.

La minoría republicana ha expresado preocupación sobre cómo las familias de las víctimas van a obtener justicia y consideran que hay ciertos crímenes particularmente atroces que merecen la pena capital, una enmienda a la ley que no lograron incluir.

En los últimos años, el avance demócrata en el estado ha ayudado al cambio de políticas más conservadoras que caracterizaron al estado, en el que estuvo la capital de la Confederación cuyo intento de separarse del norte del país terminó en su derrota en la Guerra Civil (1861-65).

El año pasado, la legislatura aprobó regulaciones más estrictas en la tenencia de armas, protecciones más amplias al colectivo LGBTQ, aumento del salario mínimo o la relajación de las restricciones al aborto.

Práctica en desuso

De acuerdo con los datos del Centro de Información para la Pena de Muerte, Virginia es el estado que más personas ha enviado al cadalso, 1390 en total, incluyendo a 113 ejecutados después de 1976. En la acumulación histórica supera a Texas, que ha sometido a la pena capital a 1325 (570, desde 1976).

La aplicación de la pena de muerte se ha reducido notablemente en los últimos 25 años, en parte por la suspensión de ejecuciones y porque los fiscales buscan menos imponer la pena máxima al procesar casos.

Antes de la decisión en Virginia, en 25 estados estaba vigente la pena capital, mientras que 22 y Washington DC la han eliminado. California, Oregon y Pennsylvania tiene moratorias impuestas por sus gobernadores.

Bajo el gobierno de Donald Trump se suspendió una moratoria de ejecuciones federales. Desde 2003 ninguna sentencia capital en cárceles federales había sido cumplida. Pero entre julio y enero de 2021 fueron ejecutadas 13 personas

Hubo cinco ejecutados durante el período de transición al gobierno de Joe Biden, lo que rompió con 130 años de una tradición de no cumplir con esas condenas en tiempos de cambio de mando en la Casa Blanca.

Entre esas estuvo la de Lisa Montgomery, la única mujer que estaba en el corredor de la muerte del sistema federal y la primera ejecutada en casi 70 años.

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Esa premura por reanudar las ejecuciones en el sistema federal contrasta con la tendencia en los estados.

Las sentencias a pena de muerte han caído 85% desde el máximo de más de 300 al año que alcanzaron a mediados de los 90 y las ejecuciones de condenados un 75% desde las casi 100 que se realizaron en 1999, según datos del Centro de Información de Pena de Muerte.

Virginia ha seguido ese camino. Aunque con 113 casos desde que en 1976 se restableció la pena por decisión de la Corte Suprema es, detrás de Texas, el estado con más ejecuciones, en la última década solo se ejecutaron 5 reos en el estado, frente a los 27 que habían sido ejecutados la década anterior.

Todo eso parece ir en línea con el sentimiento entre la opinión pública nacional, que cada vez más rechaza la aplicación de la pena capital.

Una encuesta de Gallup de noviembre de 2019 indica que por primera vez desde que se hace el sondeo, la mayoría prefiere la cadena perpetua a la muerte en casos atroces.

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