Gabriela Meléndez, portavoz de ACLU, indicó que ya comenzaron las acciones como organización para la defensa de los derechos civiles de las personas afectadas por las órdenes ejecutivas, específicamente las discriminatorias. Asegura que las Constitución garantiza un trato digno a todas las personas, sin importar su religión, estatus migratorio u otra característica.