De enfrentar al narco en la sierra a vivir en las calles de EEUU: la dura batalla de un militar mexicano

Ser parte del Ejército Mexicano no era el sueño que Cristofer Ortiz Mundo tuvo desde niño. Se enlistó solo por tener uno de los empleos mejor pagados en el norte de Guerrero, una de las zonas más pobres de México. Su hermano, quien ya estaba en la institución, lo convenció diciéndole que su familia recibiría buena atención en hospitales militares y le enumeró otras prestaciones.

“Yo entré al Ejército por necesidad, porque en Guerrero no hay fábricas, los pocos empleos son mal pagados, como de 80 pesos al día (menos de 4 dólares)”, contó Ortiz Mundo, cuyo salario llegó a ser de 9,500 pesos al mes (unos 400 dólares). “Comparado con otros trabajos era un sueldo bueno”, afirma.

Pero dice que jamás imaginó que al firmar su contrato con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comenzaría uno de los peores capítulos de su vida, el cual lo llevaría a vivir con su esposa y sus tres hijos pequeños en las calles de Estados Unidos.

Asegura que ahora tiene estrés post traumático debido a lo que padeció dentro del Ejército y que está en la lista negra de un cartel de narcotraficantes que opera en Guerrero.

“Me vine con miedo, me vine huyendo”, dice a Univision Noticias este joven de 25 años que en noviembre de 2018 entró legalmente a EEUU tras pasar la entrevista de miedo creíble que le hicieron agentes migratorios en la garita de San Ysidro, California. Su caso de asilo sigue pendiente.

Lo peor es que su situación no mejoró en este lado de la frontera. Las últimas semanas ha dormido en su auto al lado de su esposa, quien es ciudadana estadounidense, y sus tres hijos, un bebé de un mes y medio de edad, y dos niños de tres y siete años. Parte de ese periplo incluyó su viaje de costa a costa, desde Carolina del Norte y hasta California.

Apenas llegaron, él tuvo que pedir limosna mientras buscaba trabajo como jornalero afuera de una tienda departamental. Gracias a un activista que le consiguió ayuda, esta familia ha pasado los últimos días en un hotel.

“Nos quedamos en la calle”, dice Ortiz Mundo desde la habitación que le alquilaron por un par de días. “Hemos vivido en el coche un mes. No tengo dónde llegar, no me siento seguro”.

“Le tengo miedo a la mafia”

Los recuerdos de este joven, que actualmente es un reservista de la Sedena, siempre vuelven al 34 Batallón de Infantería, con sede en Ciudad Altamirano, en el norte de Guerrero. Perteneció a este desde 2014 y hasta su baja voluntaria el 15 de agosto de 2018, tres meses antes de ingresar a EEUU.

Participaba en operativos buscando plantíos de marihuana y amapola en la sierra. En esa región se cultiva tanto como la mitad de toda la goma de opio que se produce en México, mucho más que en el Triángulo Dorado que controla el Cartel de Sinaloa. Por esa razón, desde hace más de 10 años, hay una guerra entre el gobierno y traficantes que ha enlutado a miles de familias de esa región.

En uno de los patrullajes por las inmensas montañas guerrerenses dieron con una casa de seguridad que pertenecía a una célula del Cartel de La Familia Michoacana. Según su relato, en el interior de la vivienda estaban unos 20 pistoleros, 106 kilos de cocaína y una mesa llena de billetes. Ocurrió en 2016.

Ortiz Mundo dice que el dinero jamás fue entregado a las autoridades y los sicarios quedaron en libertad porque sus superiores justificaron que no los podían llevar a la oficina más cercana de la Fiscalía General de la República (FGR) dentro del plazo que marca la ley, menos de 24 horas. Les había tomado tres días llegar hasta esa comunidad. A él se le hizo sospechoso, pues podían llevarlos en helicóptero.

Más le incomodó el efectivo que desapareció. “Era bastante dinero. Era una mesa repleta de dinero y todo eso no lo pusieron” en el informe del decomiso, asegura este soldado mexicano. “Se lo quedan ellos mismos (los jefes militares), son cosas que no salen a la luz por parte del gobierno”, afirma.

El incidente no quedó ahí. Elementos de la unidad de inteligencia de la Sedena le advirtieron que La Familia Michoacana ya sabía quiénes estuvieron en aquel operativo en la sierra. “Investigaron quiénes habían participado en ese decomiso, porque hay infiltrados de la delincuencia en los batallones. Me dijeron que ya tenían la lista de los nombres y yo era una de esas personas”, señaló.

Desde entonces no duerme tranquilo, pues teme que los traficantes aún tienen esa cuenta pendiente con él. “Le tengo miedo a la mafia”, dice este joven.

“Me destruyeron psicológicamente”

Una fotografía en la que sostiene un rifle de alto poder, otra en la que viaja por la sierra en la caja de un vehículo militar y una más posando al lado de sus compañeros del 34 Batallón de Infantería, son algunos de los pocos recuerdos amables que le quedaron a Ortiz Mundo. Todo lo demás, afirma, fue un infierno.

Otro incidente que lo marcó sucedió durante una persecución para capturar criminales. Relata que se golpeó la cabeza cuando el vehículo en el que viajaba brincó un tope a alta velocidad. Pese al dolor prefirió no acudir a un médico por temor a que lo echaran. Cree que esa lesión derivó en una depresión, que terminó afectando su desempeño en el Ejército y la relación con su familia.

“Me empecé a sentir mal, comenzaron a darme dolores de cabeza y caí en depresión”, relata.

No volvió a ser el mismo y se volvieron recurrentes los arrestos por indisciplina: dio positivo en una prueba de dopaje, faltaba al trabajo, no se rasuraba, ni limpiaba sus botas. Antes de acumular tantos castigos, motivo por el cual lo juzgaron ante un consejo militar, solicitó atención psicológica, pero se la negaron.

El veredicto de su proceso fue darle otra oportunidad en el batallón, aunque bajo estricta vigilancia. Se volvió en una tortura, afirma. “Me golpeaban los sargentos, me trataban mal, me pegaban con una tabla, me quitaron mi arma y me dieron un palo de escoba. Todos me decían ‘loco’. Me destruyeron psicológicamente”, dice. “Tengo cicatrices en las pompas por cómo me tableaban”.

Quienes lo cuidaban, por las noches le interrumpían el sueño y solo le daban una opción para dejarlo descansar. “Me decían: si quieres dormir, ¿cuántos golpes quieres en la cabeza? ¿Uno o dos? Con tal de que me dejaran en paz, yo lo aceptaba”, asegura.

Detrás del maltrato, según este militar, estuvo el encargado del regimiento, el coronel Alejandro de Jesús Orozco Contreras, a quien denunció por abuso de autoridad. La queja no prosperó.

Dice que fue este mando militar quien, a través del maltrato constante, lo obligó a firmar su baja voluntaria y fue quien impidió que le entregaran su retiro por los cuatro años de servicio. “Es una injusticia lo que están cometiendo conmigo”, reclama.

Torturados por el Ejército mexicano

Univision Noticias envió mensajes a la Secretaría de la Defensa Nacional pidiendo un comentario sobre las denuncias de presunta corrupción en el 34 Batallón de Infantería y maltrato por parte del coronel Orozco Contreras. Hasta la publicación de este reportaje, la corporación no respondió a este medio.

Las quejas contra la Sedena no son aisladas. De hecho, es la institución mexicana contra la cual pesan más denuncias por desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según un informe que documentó la fallida estrategia del gobierno de ese país para combatir al narcotráfico, abarcando de 2006 a 2018.

El reporte elaborado por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos cita que en ese período torturó a 313 personas, usando puñetazos, chorros de agua, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, ahogamientos controlados ( waterboarding) y amenazas.

También advierte sobre abusos sexuales: “Elementos del Ejército han perpetrado crímenes sexuales de diferentes formas, desde tocamientos lascivos hasta violación sexual”, denuncia la comisión.

A finales de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que entre los 70 sospechosos que buscaban arrestar por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa había elementos del Ejército. Estos acusados son o eran parte del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala.

Tampoco han faltado los señalamientos contra jefes militares en Guerrero por complicidad con el narco. Jesús Zambada, alias ‘El Rey’ y hermano del capo Ismael ‘El Mayo’ Zambada, testificó en el juicio contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en Brooklyn que en la nómina del Cartel de Sinaloa estaba el general Gilberto Toledano Sánchez, quien hasta 2004 estuvo al mando de la 35 zona militar en Chilpancingo.

En una ocasión, relató ‘El Rey’, le entregó 100,000 dólares en efectivo a Toledano Sánchez como un “regalo” que le hacía ‘El Chapo’ por dejarlo traficar cocaína por ese estado. En aquellos años el cartel controlaba Guerrero y Guzmán tenía una mansión frente al mar en la zona más exclusiva de Acapulco. Toledano Sánchez, ahora un general retirado, no ha respondido a estos señalamientos.

Viviendo en la calle

Uno de los últimos episodios traumáticos que experimentó Cristofer Ortiz Mundo sucedió en mayo de 2018, cuando sus compañeros fueron emboscados al acudir a un rancho en el que estaban hombres armados. Fue una denuncia anónima que los llevó a la trampa. Tres soldados murieron y otros tres resultaron heridos. Ese día, Ortiz Mundo fue uno de los primeros que repelió el ataque.

“Nosotros llegamos cinco minutos después”, detalló el joven militar. “Encontramos al conductor vivo, ya los demás estaban muertos: el teniente Chávez, el sargento Patricio y el cabo Bernal” recordó.

Le tocó cargar el cadáver del teniente Chávez, quien unas semanas antes lo representó en su juicio por mala conducta. “Lo envolví en una sábana vieja y lo subí al Humvee”, contó.

Tres meses después, Ortiz Mundo salió decepcionado de la institución. Ni se cumplían dos semanas en casa de su madre cuando partió hacia EEUU, donde estaban su esposa y su segundo hijo. Él viajó a Tijuana acompañado de su hijo mayor, entonces de cinco años, para pedir asilo. Su caso se cuenta entre los de miles de guerrerenses que han huido de la violencia, entre ellos productores de goma de opio.

A finales de 2018, esta familia se reunió en Carolina del Norte, donde hace menos de dos meses nació su tercer hijo. Salieron por un incidente delicado que escaló. Decidieron mudarse a California para tramitar en la frontera un caso de asilo para la madre de Ortiz Mundo. A la fecha no han podido hacerlo por las medidas que tomó el gobierno de EEUU debido a la pandemia.

El poco dinero que traían ya se les acabó y durmieron en el auto varios días. Ortiz Mundo llegó a pedir unas monedas afuera de una tienda Home Depot en el sur de California, porque no encontraba empleo.

Él teme que aún lo buscan los narcotraficantes y dice que ellos están amenazando a sus familiares que se quedaron en Guerrero. También sospecha del coronel Orozco Contreras. “Mi mamá me habla llorando, que la van a matar. Dice que la están cuidando. Me pide que la ayude, que no halla qué hacer”.

Este militar dice que no quitará el dedo del renglón hasta que proceda su queja por abuso de autoridad y que el Ejército Mexicano le pague lo que le debe por sus años de servicio. También buscará traerse legalmente a su madre. Encontrar trabajo y un lugar seguro son prioridades para darle estabilidad económica a los suyos.

Él reconoce que necesita además tratarse esa depresión que le surgió siendo un soldado de infantería en el violento estado de Guerrero. “Tengo ese trauma en mi cabeza, a veces no sé qué hacer”, dice.