El tráfico humano es el centro de una polémica petición en una escuela para pagar al 'coyote' de un alumno
El caso de una escuela secundaria de Rhode Island, donde una subdirectora pidió a sus colegas “donaciones” para pagar la deuda pendiente de un alumno a un ‘coyote’ que lo trajo a Estados Unidos, vuelve a plantear la pregunta si este tipo de remuneración es un delito que puede ser castigado por el gobierno.
La respuesta, por ahora, se encuentra en manos de la Corte Suprema de Justicia, instancia que la semana pasada inició, nuevamente a pedido del gobierno, la revisión de un caso visto por un tribunal inferior que desestimó una apelación presentada por el Departamento de Justicia (DOJ) luego de un fallo en contra del intento de prohibir “inducir” a extranjeros a viajar a Estados Unidos en forma irregular.
Ya en 2020, ante un pedido similar, el máximo tribunal de justicia declinó un recurso para anular fallos y activar una ley que penaliza a personas que “alientan” la entrada sin papeles.
El caso de Rhode Island
El fin de semana los sitios de The New York Post y Daily Caller reportaron que la subdirectora de la escuela secundaria Mount Pleasant, ubicada en Rhode Island, envió un correo electrónico a sus colegas pidiéndoles “donaciones” para completar una deuda adquirida por un alumno con un ‘coyote’ (traficante de personas).
El correo electrónico, firmado por Stefani Harvey, fue filtrado y publicado por ambos medios. En el mensaje la subdirectora da cuenta de la urgencia para reunir los fondos y hacer el pago.
“Por favor, vea el mensaje a continuación con respecto a su consideración de un asunto urgente para apoyar a uno de nuestros propios estudiantes aquí en Mount”, señala. “Tenemos un estudiante que vino a Estados Unidos con ‘coyote’, que es un grupo que ayuda a la gente”, indica.
“Este grupo (la organización criminal dedicada al tráfico de personas) le da un marco de tiempo para hacer un pago de $5,000 dólares a quienes los traigan a los Estados. Nuestro estudiante necesita nuestro apoyo urgente para recaudar otros $2,000 para alcanzar su meta de $5,000 antes del 1 de febrero de 2023”.
Investigación interna
The Daily Caller reportó que el correo electrónico fue enviado el jueves de la semana pasada y que la subdirectora Hayvey no respondió a una solicitud de comentarios. A su vez, dijo que un portavoz de la escuela habría negado la validez del e-mail “en una conversación telefónica” con el sitio. “Ese es un correo electrónico falso. Estamos encima de eso. Estamos tratando de averiguar quién generó eso y por qué. No tenemos un estudiante que esté siendo objeto de trata de personas”, indicó.
Sin embargo, el viernes, la presidenta del Sindicato de Maestros de Providence, Maribeth Calabro, le dijo a un locutor de radio local, Matt Allen, que el correo electrónico “era real y que la escuela estaba realizando una investigación interna”.
“Me sorprendió un poco el contenido”, dijo Calabro, “Me comprometí, llamé a los líderes del distrito y dije '¿qué está pasando aquí' y ellos estaban al tanto y dijeron que (…) entraron en modo de investigación inmediata y que, una vez concluida la investigación habría correspondencia”.
Una segunda confirmación de la nota fue hecha por Nick Domings, portavoz del Distrito de Escuelas Públicas de Providence, quien dijo que el e-mail de la subdirectora Hayvey era auténtico y que se está investigando el incidente.
“Puedo confirmar que el correo electrónico en cuestión fue enviado al personal de la Escuela Secundaria Mount Pleasant”, dijo Domings en un comunicado. “La directora de la escuela inmediatamente tomó medidas para que se emitiera una retractación cuando se enteró del correo electrónico. El Distrito de Escuelas Públicas de Providence ahora está investigando”, señaló el vocero.
Qué revisa la Corte Suprema
La tercera semana de enero el gobierno de Joe Biden pidió a la Corte Suprema que revierta una decisión de tribunales inferiores respecto a una ley que ayuda a perseguir a personas que promueven la inmigración de indocumentados. De hacerlo, el Ejecutivo tendría la facultad de acusar penalmente a quienes "inviten" y "ayuden" a personas a viajar irregularmente o indocumentados a Estados Unidos, como el caso del estudiante de Rhode Island.
El recurso pide al máximo tribunal de justicia que revoque un fallo emitido por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, instancia que anuló una ley que criminaliza a las personas por estimular o alentar el ingreso de extranjeros sin papeles.
El recurso judicial se registra luego de que en diciembre del 2022 la Corte Suprema aceptara retomar la revisión de una ley federal que convierte en delito penal fomentar la inmigración de personas sin documentos, un tema que ha había sido debatido en 2020, pero sin que se emitiera una resolución.
La Corte de Apelaciones del 9º Circuito anuló parte de la condena de Helaman Hansen, quien había sido procesado conforme a la ley sobre la supuesta promoción de inmigración de indocumentados. Hansen había sido acusado de engañar a inmigrantes indocumentados entre 2012 y 2016 al prometerles la ciudadanía estadounidense a través de un programa de “adopción de adultos”.
La acusación señala que Hansen engañó a al menos a 471 personas para que se unieran a su programa, en Sacramento, California, cobrándoles a cada uno hasta $10,000. El acusado no dijo a ninguno de ellos que el programa de “adopción de adultos” no permite que el beneficiario pida o se convierta en ciudadano estadounidense.
El hombre fue condenado en 2017 a 20 años por violar las disposiciones de la ley federal que prohíbe inducir o alentar a los no ciudadanos a viajar a Estados Unidos de manera irregular.
La audiencia de 2020
En febrero de 2020 la Corte Suprema escuchó los argumentos orales de abogados defensores y detractores de una cláusula de la Ley de Inmigración (INA) suspendida en 2018 que castiga a quienes brinden ayuda o asistencia a extranjeros indocumentados para venir y/o quedarse en el país.
Abogados consultados en ese entonces por Univision Noticias advirtieron que será difícil aplicar una ley de este tipo “porque deberá determinar cómo se aplicará, cómo se determinará cuando una persona a sabiendas está ayudando o tuvo la intención de ayudar a venir a un extranjero de manera indocumentada. Eso será muy difícil y confuso”, dijo Alex Gálvez, quien ejerce en Los Ángeles California.
En diciembre de 2018 un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito había anulado la cláusula que castigaba una amplia gama de declaraciones relacionadas con la inmigración indocumentada. Los jueces revocaron una sentencia emitida en 2010 contra Evelyn Sineneng-Smith, quien fue declarada culpable de fraude después de que los fiscales dijeran que falsamente dijo a inmigrantes que podían obtener la residencia permanente bajo un programa que ella sabía que había expirado.
El fallo estableció que animar o inducir a un indocumentado a permanecer en Estados Unidos no pude ser utilizado como argumento para criminalizar a una persona, e indicó que la provisión afectaba la 1ra Enmienda de la Constitución al penalizar una expresión.
Una cláusula de la Sección 8 del Código de Estados Unidos (US Code) establece multas y penas de cárcel severas a quienes resulten culpables de diseñar un plan o artificio para defraudar, o para obtener dinero o bienes mediante pretensiones, representaciones o promesas falsas o fraudulentas.
La ley había convertido en un crimen grave el que las personas alienten a un inmigrante a ingresar o vivir en Estados Unidos si sabían de antemano que el individuo que recibe el consejo lo hacía ilegalmente.
Término demasiado amplio
Los abogados advirtieron que la definición de “ayudar” es demasiado amplia, e incluso podría ser malinterpretada y afectar un enorme segmento de población, “entre ellos ciudadanos estadounidenses casados con indocumentados”, indicó Gálvez.
“Para determinar si constituye falta o crimen el tratar de ayudar o asistir a una persona indocumentada, hay que estar consciente que se va a aplicar de una misma manera a todos y no solo a unos pocos”, agregó.
“Como le digo, será muy difícil resolver este dilema. Porque cuando una persona comete un delito tiene que probarse o reconocer ella que está cometiendo un crimen. Pero si esa persona ayudó o asistió, por ejemplo, para traer a un hijo porque pedirá protección del gobierno, bajo la ley de asilo ese papá tiene derecho de traerlo”, dijo esta vez.
Para el abogado de inmigración José Guerrero, quien ejerce en Miami, Florida, dijo que esta vez, al igual que en 2020, “si el máximo tribunal de justicia reactiva la cláusula, la ejecución de la medida podría incluso castigar a personas inocentes que de buena fe ayudaron o asistieron a un extranjero y enfrentar cargos criminales”.
“Lo que se debatió en el 2018 ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito fue que estas personas (el caso Evelyn Sineneng-Smith) no hicieron nada incorrecto”, agregó. Y explicó que que “si la sección vuelve, afectará también a familiares que obtuvieron la residencia y deben salir de Estados Unidos para realizar el trámite consular. En la entrevista, los agentes pueden determinar que el familiar residente o ciudadano los trajo de manera ilegal y les formulará cargos criminales por contrabando de personas”.
“Se trata de una revisión clave que puede tener muchas consecuencias negativas para la comunidad inmigrante”, apuntó Guerrero.