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El 90% de los alguaciles que ayudan a ICE para detener indocumentados pertenece al Partido Republicano

La mayoría de los sheriffs que ayudan al servicio de inmigración lidera fuerzas policiales en condados sureños, donde Donald Trump ganó. El argumento para buscar inmigrantes sin papeles es la lucha contra el crimen.
27 Sep 2017 – 12:35 PM EDT
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La oficina del sheriff de Gainesville, Georgia, es una de las 60 agencias de policía que colaboran con las autoridades de inmigración en EEUU. Crédito: Almudena Toral

El énfasis en la lucha contra la inmigración ilegal en Estados Unidos es cada vez más notable dentro del Partido Republicano.

Y basta un ejemplo: la mayoría de jefes de policía que firmaron un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional para sacar de sus ciudades a los inmigrantes indocumentados, es republicana. Casi todos ejercen la autoridad en condados sureños, donde el presidente Donald Trump obtuvo la mayoría de votos.

Así se desprende de un análisis de Univision Data sobre la afiliación política de 60 funcionarios de distintas agencias que firmaron la versión más reciente de ese convenio.

Color político

El acuerdo se llama 287g, y les concede a los policías y oficiales de cárceles funciones propias de agentes de inmigración. Les permite también investigar a los inmigrantes que llevan detenidos sin importar la falta que cometieron, para detectar a quienes no tienen papeles y entregarlos a las autoridades de inmigración.

Este pacto es la excepción de la regla. Por lo general, las autoridades estatales y locales no participan en asuntos migratorios. Sin embargo, desde hace más de una década la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha venido reclutando agencias dispuestas a colaborar.

A la fecha, ICE mantiene el acuerdo con 59 agencias y ha entrenado a más de 1,800 oficiales para que puedan aplicar la ley de inmigración en las prisiones de su jurisdicción.

La mayoría son oficinas del sheriff (55), pero también tienen una agencia de policía local –en la ciudad de Mesa, Arizona– y tres departamentos de correcciones; dos estatales, en Arizona y Massachussets, y el del condado de Hudson, en Nueva Jersey.

En febrero de este año el condado Harris –el más grande de Texas– renunció al convenio de cooperación, luego de la elección del sheriff demócrata Ed González, quien prometió en campaña cancelar el plan por su elevado costo.

Y este viernes 6 de octubre se retiró el departamento de policía de la ciudad de Carrolton, Texas, por considerar el acuerdo redundante con el programa Comunidades Seguras, que reactivó la administración Trump en enero.

De los 55 alguaciles que actualmente colaboran con ICE, el 90% (49) pertenece al Partido Republicano y cinco son demócratas. Univision Data no pudo conocer la afiliación de uno de ellos.

Ese porcentaje baja un poco cuando se incluye a todos los funcionarios que firmaron los acuerdos vigentes –jefes de policía local y directores de cárceles– cuyo color político es conocido. Pero el dominio sigue siendo republicano.

En Estados Unidos, los sheriffs son funcionarios electos por el voto popular y usualmente representan a un partido político.

Impulso presidencial

La llegada de Trump a la Casa Blanca fortaleció el programa 287g. En enero, el presidente firmó una orden ejecutiva solicitando al entonces secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, aumentar la cantidad de acuerdos entre las autoridades y el servicio de inmigración.

En julio, sheriffs de 18 condados de Texas –la mayoría rurales y poco poblados– adoptaron el acuerdo, en lo que ha sido la mayor expansión del plan desde su creación. Todos esos jefes policiales tejanos son republicanos y representan condados donde Trump ganó.

El 81% de los condados donde rige este programa son territorios donde Donald Trump venció a Hillary Clinton en 2016. La mayoría está en estados del sur: Georgia, Alabama, Maryland, las Carolinas, Oklahoma, Tennessee y Virginia, entre otros.
Estas cifras confirman una tendencia mucho más opuesta a la inmigración dentro de las filas del partido de gobierno.

“Los republicanos en el Congreso están apoyado más las políticas restrictivas de inmigración (…) Esto se ha extendido a la aplicación interna de la ley y, por supuesto, se hizo más prominente con la elección de Donald Trump. Para los funcionarios locales, esta es una oportunidad de aliarse con tendencias partidistas e ideológicas”, explicó Matt Grossman, director del Instituto de Política Pública de la Universidad Estatal de Michigan.

Contra el crimen


La justificación de los sheriffs para buscar indocumentados es una sola: el combate a la criminalidad, un discurso similar al que utiliza Trump, quien desde el inicio de su campaña acusó a los inmigrantes mexicanos de “violadores”, que “traen drogas y crimen” al país.

El sheriff del condado Collier (Florida) Kevin Rambosk, uno de los republicanos que colabora en la lucha contra los indocumentados, informó a Univision Data que entre 2007 y 2016 recibió 6,091 órdenes de ICE para mantener detenidos a inmigrantes sospechosos de cometer más de 36 mil delitos.
“Al remover criminales de nuestra comunidad, estamos manteniendo el condado de Collier a salvo. Hemos implementado este programa de manera responsable y lo administramos de forma justa y conforme a la ley”, explicó Rambosk.

Otros cuatro sheriffs consultados ofrecieron el mismo argumento de seguridad pública, para explicar por qué firmaron el acuerdo con ICE.
En el condado Harford, Maryland, el vocero del sheriff Jeffrey R. Gahler informó que desde que el acuerdo entró en vigencia, hace ocho meses, han identificado a 64 personas sospechosas de ser indocumentadas. El gobierno federal les solicitó mantener detenidos a 33 para una eventual deportación.

“Tenemos personas que enfrentan cargos por robo, 15 por asalto, hay fugitivos de la justicia, delincuentes sexuales y vendedores de drogas que estaban en el país ilegalmente”, detalló el vocero Kyle Andersen.

Batalla ideológica

En medio de esta discusión también hay un enfrentamiento ideológico. Consultado sobre el predominio de los republicanos entre las autoridades que colaboran con ICE, la oficina del sheriff de Harford contraatacó, criticando a las ciudades santuario que se niegan a cumplir órdenes federales para detener inmigrantes. “En su mayoría (esas ciudades) son lideradas por políticos demócratas. La seguridad del público la sitúan muy por detrás de la ideología política”, señaló Kyle Andersen.


El distanciamiento entre republicanos y demócratas en materia de inmigración es reconocido por el profesor Grossman.

“La derecha y la base del Partido Republicano se ha inclinado más a una inmigración restrictiva, más nativista y asociada con su larga tradición de nacionalismo. Pero el Partido Demócrata también ha ido cambiando sus posiciones, a medida que los inmigrantes y las minorías raciales se convierten en una parte más grande de su coalición electoral”, explicó.

Un estudio publicado en noviembre de 2016 por las investigadoras Mirya R. Holman y Emily M. Farris, encontró que los sheriffs que se identifican como liberales o hispanos, o que fueron electos en sitios más liberales, son más proclives a tener actitudes positivas hacia los inmigrantes .

La sección 287g fue introducida por el presidente demócrata Bill Clinton, en la reforma a la Ley de Inmigración de 1996. El programa lo activó George Bush después de los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001, y se viene aplicando con más fuerza en la última década, incluso durante el gobierno de Barack Obama.

Aunque la mayoría de funcionarios que colaboran son republicanos, también hay demócratas. Univision logró identificar a seis, entre ellos Irwin Carmichael, sheriff de Mecklenburg, Carolina del Norte, un condado donde la ex candidata presidencial Hillary Clinton obtuvo la mayoría de votos en noviembre.

"Esto no se trata de ideología política. Yo decidí continuar con el acuerdo sólo como un recurso adicional para poder identificar a las personas que entran a nuestros centros de detenciones", explicó Carmichael.

Consultado sobre el hecho de que él es uno de los pocos demócratas que mantienen este acuerdo, Carmichael respondió: "Entiendo que el 287(g) es un asunto muy politizado. Pero yo tengo una obligación ante la gente a la que sirvo. No puedo permitir que la política defina las decisiones que afectan la seguridad pública. Para mí, no hay ninguna contradicción".

Detrás de la discusión ideológica quedan miles de inmigrantes sin papeles que viven con miedo en los pueblos donde se aplica el programa. Para muchos, la única opción para ir al trabajo o salir a comprar comida es conducir sin licencia.

Datos de la oficina del sheriff del condado de Hall, en Georgia –una de las agencias que aplican el 287g– muestran que el 70% de los cargos criminales contra los inmigrantes procesados en el primer semestre de este año, son faltas de tránsito que no tienen relación con manejar bajo la influencia de alcohol o drogas.

El sheriff de Hall, Gerald Couch, asegura que sus oficiales no salen a la calle buscando inmigrantes. "Los patrulleros no se preocupan por el estatus migratorio de ninguna persona. Les preocupa, por supuesto, las faltas de tránsito y los delitos criminales, y proteger a la gente. Pero ellos no andan aplicando la ley de inmigración", dijo Couch a Univision en marzo anterior.

Couch omite un detalle: cualquier indocumentado que sea detenido manejando un vehículo, aunque sea por llevar un foco en mal estado, terminará casi de seguro en la cárcel del condado, por no tener licencia. Allí revisarán su estatus y podría ser deportado.

Personajes polémicos

En la lista de jefes de policía que firmaron el acuerdo 287(g) hay algunos que enfrentaron cuestionamientos, ya sea porque fueron objeto de investigaciones criminales o acusasiones de racismo, o porque sus departamentos han sido denunciados por abuso de poder.

Uno de ellos es el sheriff de Charleston, Carolina del Sur, Al Cannon, quien en 2012 fue arrestado tras golpear a un sospechoso cuando estaba esposado, luego de una persecución. El sheriff aceptó la culpa, pero no fue a la cárcel por carecer de antecedentes penales. El cargo por agresión fue borrado de su expediente, tras completar 30 horas de recolección de basura y asistir a clases de manejo de la ira.

Otro caso es el de Glenn Smith, sheriff del condado Waller, Texas, quien en 2008 fue despedido de su puesto como jefe de policía de Hempstead, luego de que varios ciudadanos denunciaron errores del departamento al realizar redadas, y como los oficiales obligaban a jóvenes afroestadounidenses a desnudarse en público.

Pese a su despido, Smith fue electo sheriff en noviembre de ese año. En mayo de 2017, el funcionario firmó el convenio para colaborar con el gobierno federal en la detención de indocumentados.

Además, trascendió el caso de Tish Nalls-Castillo, la directora de cárceles del condado de Hudson, Nueva Jersey, que firmó el convenio 287g en julio de 2016. Días después, la funcionaria afroestadounidense dejó el puesto, tras ser acusada de lanzar insultos raciales a un oficial blanco de la oficina del sheriff, que le pidió no utilizar su teléfono celular mientras manejaba.

La dura posición antiinmigrantes de algunos de estos jefes de policía también ha sido noticia. Un ejemplo es el sheriff de Bristol, Massachusetts, Tom Hodgson, quien ofreció al presidente Donald Trump enviar a los presos de su condado para ayudarle a construir el muro fronterizo con México.

“No puedo pensar en otro proyecto que pudiera tener tanto impacto en nuestros reos y en nuestro país, que el de construir este muro”, dijo Hodgson en enero de este año, la noche que fue juramentado para un cuatro período en ese cargo.

Otro es el alguacil Richard K. Jones, de Butler, Ohio, quien en abril de este año propuso utilizar "la madre de todas las bombas" para acabar con los carteles mexicanos de la droga. En 2014, Jones había enviado al presidente de México, Enrique Peña Nieto, una factura por $900,000, cobrándole por "batallar con sus criminales".

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