Una pantalla de televisión y un parlante dejaron saber a Krishna Roca, por primera vez, la razón por la que llevaba un mes detenida.

En la imagen, según cuenta, había un juez en algún lugar para ella desconocido, quien, en teleconferencia, le informó que era parte de un proceso para ser deportada de Estados Unidos, por entrar y salir hacia Guatemala, su país de nacimiento, “como si fuera residente”.

Acá te explicamos con gráficas y cifras la situación de ausencia de abogados a nivel nacional.

“En el aeropuerto de Newark me detuvieron porque viajé sin visa. La tenía en el pasaporte viejo y viajé solo con el nuevo. Pensé que no necesitaba el vencido. Por eso me frenaron y empezaron a ver mis entradas y salidas al país”, explica Roca.

Eso ocurrió en el 2015. Luego de doce horas en el aeropuerto, sin comer, fue llevada en patrulla y con esposas hasta un centro de detención en Elizabeth, New Jersey, donde conviven personas que cometieron crímenes con inmigrantes que enfrentan un proceso de deportación.

Un mes después tuvo su primera audiencia, donde le explicaron los cargos. No pudo reclamar nada ante el juez. No se defendió. Asistió sin un abogado porque no sabía que necesitaba uno para salir del problema, dice. Y aunque lo hubiera sabido, no podía pagar ese servicio.

Llegar a esa audiencia sin abogado implicó para Roca un mes adicional de detención, pues el juez le dio ese plazo para que consiguiera ayuda legal y fuese a otra audiencia, explica Lloyd Munjack, abogado del American Friends Service Committee (AFSC), una organización que procura dar un defensor a cada inmigrante en riesgo de ser deportado en New Jersey.

"Si hubiera tenido representación legal, Roca se habría ahorrado ese mes de encierro y podría haber pedido una fianza para llevar el proceso sin estar detenida", dice Munjack.

Munjack fue el representante de Roca en el proceso, luego de que ella buscó asesoría ante AFSC.

Sin ayuda legal

En Estados Unidos, el 57% de los inmigrantes que enfrentan un proceso de deportación carece de un abogado, según un estudio de la Universidad de Pennsylvania, único en su tipo, derivado del análisis de 1.2 millones de casos gestionados por las cortes migratorias entre los años 2007 y 2012.

Sin embargo, entre extranjeros que esperan ese proceso detenidos, como le pasó a Krishna Roca, el porcentaje de indefensión legal asciende hasta 86%, según la corte donde se tramitan los casos.

Una muestra con datos del 2016 de las cinco cortes migratorias con más procesos de deportación en el país, obtenida por Univision Data, muestra que la situación no ha cambiado. De estas cortes, la de Krome, en Miami, donde los inmigrantes están detenidos, registra el máximo porcentaje de personas sin abogado (65%).

El gobierno está obligado por ley a pagarles abogados a las personas que no pueden hacerlo únicamente en los procesos criminales. Los asuntos migratorios son de naturaleza civil, por lo que no son cubiertos por ese deber legal.

Krishna Roca, de 43 años, tuvo mejor suerte que los inmigrantes detenidos sin abogado. Con el abogado Munjack, que obtuvo sin costo, luego de cuatro meses de su detención, recibió un asilo por violencia doméstica vivida en Guatemala, pues demostró que su exesposo trató de matarla dos veces y regresar era una amenaza contra su vida.

Roca está por recibir una tarjeta de residencia permanente y espera que antes de diciembre sus tres hijos vengan a vivir a Estados Unidos con ella.

El desenlace positivo para Roca ilustra la tendencia nacional: quien cuenta con un abogado tiene una probabilidad 15 veces mayor de presentar argumentos válidos ante el juez para evitar ser deportado que quien no tiene asesoría legal. Y tener defensor aumenta cinco veces la probabilidad de que esos argumentos tengan éxito, según el mismo estudio de la Universidad de Pennsylvania.

Por eso, mientras Trump persiste en su cruzada para reprimir más a los indocumentados, la falta de abogado deja en alta vulnerabilidad los derechos de los indocumentados, y con ello a la unidad de sus familias.

El posible impacto humano de las deportaciones masivas es grande, especialmente la afectación a las familias: 5.9 millones de niños con ciudadanía estadounidense viven con un familiar indocumentado, según estimó el American Immigration Council en un reporte de este año.

¿Por qué tener un abogado hace diferencia?

En un proceso de deportación, el inmigrante tiene el deber de demostrar que hay un remedio legal que le permite quedarse en el país. El gobierno, por su parte, procurará demostrar lo contrario.

Los expertos consultados por Univision Data, incluyendo una jueza de migración con 30 años de experiencia, coinciden en que esa lucha contra el gobierno es injusta si el inmigrante no tiene un asesor legal.

“Defenderse a sí mismo en una deportación es complicadísimo”, advierte la jueza migratoria en la corte de la calle Montgomery en San Francisco, California, Dana Leigh Marks, quien está en ese puesto desde hace tres décadas.

“La legislación migratoria es tan compleja como la de impuestos; es difícil incluso para abogados no especializados en la materia ”, agrega la funcionaria, quien es la única jueza en el país que puede dar declaraciones a la prensa, por presidir la Asociación Nacional de Jueces de Migración.

Por su parte, Adonia Simpson, abogada y directora del programa de defensa familiar gratuita en Americans for Immigration Justice, en Miami, explica que en materia de asilo (una medida de protección que autoriza a un inmigrante a quedarse en Estados Unidos por temor a lo que le suceda en su país de origen) las posibilidades de éxito son bajísimas incluso para abogados.

En esos procesos, los inmigrantes, para tener éxito, deben mostrar evidencia sólida de que corren peligro en su país de origen por pertenecer a cierto grupo social y su vida está amenazada, o dictámenes médicos de violencia o de inacción estatal para protegerlos, por ejemplo.

“Los asilos son casos muy técnicos. No se puede solo decir que se tiene miedo de regresar o que se huye de las maras. Se necesita mucha evidencia, mucha investigación y una forma de sostener firmemente un caso ante el juez”, dijo Adonia Simpson.

Además, a veces existen remedios legales solo un abogado especializado conoce. “Por ejemplo, un abogado debe ver todo el historial de la persona. Deben conseguir todos los registros del cliente desde que puso un pie en Estados Unidos hasta que salió y luego, incluso, puede ser necesario seguir su rastro fuera de Estados Unidos”, sostiene la abogada Simpson.

Por esa dificultad técnica, un abogado especializado puede proveer a los jueces información y detalles del caso para que puedan tomar una mejor decisión, y también puede hacerlo más rápido que el inmigrante al que defienden.

“Si el caso está bien preparado por un abogado los jueces podemos recibir más información y hay menos chance de que olvidemos algo o perdamos de vista lo importante”, advierte la jueza Marks.

Un mayor porcentaje de inmigrantes con abogado podría acelerar el trámite de los procesos de deportación en un momento crítico para el sistema: los casos pendientes en las cortes migratorias llegaron a un récord histórico de 600,000.

“Un abogado sabe qué se puede hacer bajo nuestra leyes y lo que no es posible, y va a aceptar lo que diga el juez. No va a quedarse detenido para ver si gana el caso cuando no tiene chance. Eso aminora la carga de trabajo”, agrega la jueza.

Huir de la violencia

El caso de Gladys Rivas, una inmigrante salvadoreña de 38 años, sirve para ilustrar el esfuerzo investigativo que hace un abogado para evitar una deportación.

Rivas salió huyendo de El Salvador porque su expareja, un pandillero, la obligaba con amenazas a tener relaciones con él en la cárcel, donde cumple una pena de 30 años de prisión por doble homicidio. Rivas entró ilegalmente a este país en el 2014.

Según Rasha Qumsiyeh, su abogada privada, experta en materia migratoria, el mayor reto del caso fue conseguir registros oficiales en un país con una institucionalidad tan precaria como la salvadoreña, con el fin de demostrar que la expareja de Rivas es parte de una mara que amenazaba su vida.

Para eso fue necesario obtener el récord criminal del hombre, algo complejo pues las personas que Qumsiyeh contrató en El Salvador para que hicieran la búsqueda temían represalias de los pandilleros si se enteraban de que los estaban investigando.

“Los abogados tratamos de enfocarnos en distinguir el caso de nuestros clientes del montón que ya te han negado, y eso es lo que pudimos hacer con el caso de Gladys. Tuvimos que obtener también reportes de los periódicos de El Salvador, mostrando que esa exigencia de pandilleros para que las mujeres tuvieran relaciones sexuales era un fenómeno que sí estaba ocurriendo”, dice Quimsiyeh.

"Además tuvimos que obtener pruebas de quién era este señor, la expareja; porqué tenía el potencial de hacer daño, de causar sufrimiento, y que ese miedo de Gladys sí era de verdad" agrega.

Finalmente, con la representación de Qumsiyeh, Rivas obtuvo asilo en mayo del 2017.

Según el expediente que la abogada Qumsiyeh mostró a Univision Data, con autorización de Rivas, el juez concluyó que ella pertenecía al grupo social catalogado como “mujeres salvadoreñas que se oponen a tener intimidad sexual con el miembro de una pandilla”, por lo cual la ley estadounidense la protegía.

¿Tiene sentido esperar que un inmigrante sin recursos económicos haga todo este trabajo por su cuenta?

La abogada Adonia Simpson cree que no. “Estamos hablando de que sin abogado la investigación de un caso quedaría en manos de personas con baja escolaridad, que algunas no hablan inglés, que están lejos de su país, sin recursos, no entienden el sistema, no saben los posibles remedios legales que existen”, explica con preocupación.

Eficiencia y menos costos

Pero la necesidad de que los indocumentados tengan un abogado no solo responde a un asunto humanitario. También hay un argumentos económicos: cada deportación cuesta, en promedio 11,000 dólares a quienes pagan impuestos.

Diversos estudios muestran que la tenencia de abogado aumenta la eficiencia de las cortes y baja los costos de su gestión.

Al ser representados legalmente los inmigrantes presentan menos reclamos sin méritos, son más propensos a llevar los procesos fuera de centros de detención, pasan menos días en prisión (lo que reduce el gasto en habitación, comida, etc) y tienden a presentarse voluntariamente a las audiencias de deportación.

De hecho, una investigación del 2014 demostró que en Nueva York un sistema de defensa pública para inmigrantes generaría suficientes ahorros al estado como para pagarse a sí mismo.

En abril de este año el Vera Institute for Justice anunció algo sin precedentes en Estados Unidos: un conjunto de organizaciones proveerán un abogado a todos los inmigrantes procesados en las cortes del estado de Nueva York.

Pero ese estado sigue siendo una excepción. Ahora, la norma en Estados Unidos es que los inmigrantes pobres enfrenten a Trump y su máquina represiva sin asesoría legal. Así, su batalla está casi perdida.