El ‘triángulo de la muerte’: víctimas de la represión en Nicaragua muestran un patrón de heridas en cabeza, cuello y tórax
MANAGUA, Nicaragua-. Francisco Reyes Zapata recibió un disparo fulminante que le explotó el cráneo y le dejó expuesta parte de la masa encefálica. Este hombre de 33 años fue herido la tarde del 30 de mayo en Managua cuando la represión del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a u na gigantesca marcha ciudadana dejó 15 personas muertas y 199 heridas.
Muchas de las víctimas, participantes de la marcha organizada por las ‘Madres de Abril’ para recordar a sus hijos muertos en varias semanas de protestas callejeras, fueron alcanzadas por armas de fuego.
“A mi hermano lo mató un balazo de AK-47 de la policía”, dijo Roberto Reyes Zapata. El proyectil quedó alojado en la parte trasera del cráneo. Se trató de un impacto preciso en la cabeza, según se aprecia en la tomografía que pudo ver Univision Noticias.
Edgar Guevara Portobanco también murió en el Hospital Bautista a causa de otra herida por arma de fuego. No fue de inmediato. Los médicos trataron de salvarlo pero el disparo, que ingresó por el lado derecho de su tórax, le provocó una severa lesión cardiovascular.
Al Hospital Militar ingresó el cadáver de Kevin Coffin Reyes, un joven de 21 años y medallista de oro en sambo en los pasados Juegos Centroamericanos. Tenía un disparo letal en el hemitórax izquierdo. El cuerpo de Heriberto Pérez Díaz también tenía una herida semejante.
"Triángulo de la muerte"
Estos cuatro muertos del 30 de mayo comparten con la mayoría de la centena de víctimas mortales de la represión un mismo patrón: heridas letales en cabeza, cuello y tórax.
“Es un triángulo de la muerte: Cabeza, cervical y tórax”, confía un médico que ha trabajado atendiendo a heridos de la represión, algunos de los cuales ha visto morir. “Nada de fuego disuasorio. Directo a matar”, sentenció el doctor bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Las unidades de neurocirugía de los hospitales han estado repletas de pacientes que presentan heridas mortales que denotan, además, el uso de proyectiles de alto calibre. “No están usando armas de nueve milímetros, son fusiles de guerra”, dijo el doctor.
Al analizar las tomografías de los pacientes, los doctores de los hospitales coinciden que los proyectiles han sido disparados desde “posiciones privilegiadas”, un análisis que secundan las denuncias de manifestantes y familiares de las víctimas sobre el supuesto uso de francotiradores.
Las denuncias sobre el uso de francotiradores han abundado durante estos 44 días de manifestaciones y represión por parte del gobierno. Univision Noticias ha conocido casi una treintena de casos en los que los disparos han sido directos a matar.
“Mi hermano andaba en la Marcha de las Madres, protestando por la injusticia de este gobierno que está masacrando al pueblo, cuando un francotirador de la policía lo mató”, aseguró Roberto Reyez Zapata.
Han surgido testimonios de ese tipo en la ciudad de Matagalpa, Masaya, Estelí y Managua.
En la capital los francotiradores son señalados de operar desde el recién construido Estadio Nacional Dennis Martínez. El lado sureste del parque de béisbol brinda una vista privilegiada hacia los predios de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde se han producido la mayoría de los enfrentamientos entre la policía y los paramilitares del gobierno contra manifestantes.
En ese descampado, el 20 de abril, cayó herido de muerte Álvaro Conrrado, el niño de 15 años que acarreaba agua para los manifestantes para disminuir el efecto de las lacrimógenas. “Alvarito”, como le llaman muchos en Nicaragua tras su dramática muerte, fue impactado en el cuello.
“No puedo respirar, me duele”, dijo antes de morir. Sus padres y quienes lo vieron fallecer aseguran que le dispararon desde el Estadio. El ahora mártir fue de las primeras víctimas de este patrón letal de disparos.
Luego vendrían los asesinatos de Franco Valdivia y Orlando Pérez en la ciudad de Estelí. Las madres de ambos aseguraron a Univision Noticias que un francotirador, “ubicado en la alcaldía” de esa ciudad norteña, los mató.
Ambos jóvenes fueron exhumados poco tiempo después y la autopsia confirmó que la trayectoria de los impactos de bala era descendente, es decir, que les dispararon desde posiciones elevadas.
La alcaldía de Estelí no respondió a las solicitudes de Univision Noticias buscando su reacción a los señalamientos.
"Acusación demencial"
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló en su informe preliminar sobre la represión en Nicaragua las denuncias de francotiradores, y alertó “sobre la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales”.
“La CIDH considera que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada meramente para mantener o restituir el orden público. Sólo la protección de la vida y la integridad física ante amenazas inminentes puede ser un objetivo legítimo para usar dicha fuerza. Nicaragua debe implementar en forma inmediata mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones pública”, recomendó el organismo interamericano.
Una semana después, Amnistía Internacional presentó su informe sobre la situación en el país, y lo titularon de forma descarnada: “Disparar a matar”.
Ericka Guevara-Rosas, directora para las América de este organismo mundial, dijo que el gran número de personas heridas por armas de fuego, la trayectoria de los disparos efectuados, la concentración de las heridas de bala en cabeza, cuello y pecho en las personas muertas, demuestra un patrón de alarma y gravedad.
“Estos patrones han llevado a la organización a concluir que existen indicios que la policía y los grupos parapoliciales hayan cometido múltiples ejecuciones extrajudiciales”, sostuvo Guevara-Rosas.
Pero el gobierno asegura que “en Nicaragua no existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares.
“No podemos aceptar que se pretenda acusar de acontecimiento dolorosos y trágicos que no hemos provocado, que jamás provocaremos, y que a partir de acusaciones infundadas, se pretenda restringir la aplicación del Deber Constitucional de las Fuerzas del Orden Público de contribuir a asegurar a las familias”, expresó en un comunicado oficial al día siguiente de la masacre de la Marcha de las Madres.
Aunque el gobierno de Ortega no se ha referido directamente a los informes, en su comunicado de la víspera, indicó que “rechaza totalmente todas las acusaciones de esos grupos que en una acusación demencial y sin precedentes en nuestro país, se confabulan para denunciar “ataques” inexistentes. Luego atacan y producen víctimas para culpabilizar a las Instituciones del Orden Público”.
