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Nicaragua

El departamento del Tesoro sanciona a la policía de Nicaragua por violaciones de derechos humanos

EEUU responsabilizó a la polícia nicaragüense del "uso de municiones contra manifestantes pacíficos, de conformar batallones de la muerte y de llevar a cabo matanzas extrajudiciales, desapariciones y secuestros". También sancionó a título individual a tres de sus comisionados.
5 Mar 2020 – 06:04 PM EST
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Juana Reyes, madre de un prisionero político nicaragüense, son empujados por la policía durante una protesta en Managua el 12 de diciembre de 2019. Crédito: INTI OCON/AFP via Getty Images

WASHINGTON, DC y MANAGUA (Nicaragua). - El departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a la policía de Nicaragua y a tres de sus comisionados, Juan Antonio Valle Valle, Luis Alberto Perez Olivas y Justo Pastor Urbina, por su "papel en serias violaciones de derechos humanos" en la crisis política que vive el país centroamericano.

"El régimen de (Daniel) Ortega ha utilizado a la policía nacional de Nicaragua como una herramienta en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense", dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin, según se puede leer en una nota de prensa de ese departamento. "El Tesoro está comprometido a responsabilizar a quienes buscan silenciar a las voces prodemocracia en Nicaragua".

Las nuevas sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) se suman a las emitidas anteriormente al subdirector general de la Policía Nacional de Nicaragua, Ramón Avellán, y al director general de esa insitución, el comisionado Francisco Díaz.

El departamento del Tesoro responsabiliza a la policía nicaragüense de "usar municiones contra manifestantes pacíficos, de conformar batallones de la muerte y de llevar a cabo matanzas extrajudiciales, desapariciones y secuestros" en las protestas que empezaron a mediados de abril de 2018, además de persecución a opositores junto a fuerzas paramilitares.


La represión de esas protestas dejó más de 300 muertos y cientos de heridos y exiliados, según organizaciones de derechos humanos.

Además de a la policía nacional como institución, el departamento del Tesoro sancionó a Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), al comisionado mayor Juan Valle Valle, jefe de la Dirección Brigada de Tránsito de Managua, y a Luis Alberto Pérez Olivas, responsable de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).

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Régimen de Daniel Ortega vuelve a reprimir a opositores que intentaban protestar en Managua


Bajo ese cargo, Pérez Olivas está a cargo de la cárcel de El Chipote, a donde la policía envió a numerosos presos políticos después de que comenzaran las protestas ciudadanas a mediados de abril de 2018 y que denunciaron haber sido víctima de torturas.

"Un manifestante retenido en El Chipote aseguró que hombres enmascarados le colgaron del techo y le golpearon con bates de baseball, tubos y armas por dos días", se lee en la nota de prensa del Departamento del Tesoro. "Después, el manifestante aseguró que lo llevaron delante de otro hombre enmascarado al que reconoció por la voz y constitución como Pérez Olivas que le forzó a implicar a otros manifestantes en una declaración que fue grabada".

El Departamento del Tesoro considera que tanto Pérez Oliva como Urbina siguen "jugando un rol central en la represión en el país", mientras que a Valle Valle lo consideran el líder de un departamento que ha restringido la libertad de movimiento y expresión de los ciudadanos de Managua, además de haber dirigido la represión contra los ciudadanos que se manifestaban en la tienda por departamentos Metrocentro en marzo del año pasado.

"No van a poder ni comprar un galón de gasolina"

Como efecto de las sanciones, el departamento del Tesoro congela las propiedades de la policía nicaragüense y los tres individuos señalados bajo control de EEUU o de ciudadanos estadounidenses.

Tras conocerse el anuncio, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en suelo nicaragüense por las próximas 72 horas.

Expertos en seguridad coincidieron en que las sanciones restringirán la capacidad financiera y operativa de la policía.

“No van a poder ni comprar un galón de gasolina”, aseguró la experta en temas de seguridad Elvira Cuadra. “Ni los funcionarios ni la institución como tal podrán hacer ningún tipo de transacciones. Entiéndase compra de suministros, comida, botas, uniformes para sus oficiales, comida, etcétera”, aseguró.

Según ella, las sanciones afectan también los préstamos que instituciones internacionales puedan otorgarle, como es el caso del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El BCIE lanzó a mediados de 2019 una serie de licitaciones para mejorar las capacidades de operación de la policía, un proyecto aún en desarrollo, y que ha sido cuestionado por la ciudadanía por “darle oxigeno” a una institución acusada de violar derechos humanos.

Otro experto en seguridad, que prefirió mantenerse en el anonimato, señaló que la policía se convierte en la primera institución de carácter público sancionada por Washington. Otras dos empresas con participación estatal, Albanisa y DNP-Petronic, también han sido sancionadas pero no eran públicas.

"Es como que están sancionando al Estado”, precisó la fuente. “Al restringir la capacidad financiera de la policía, van a verse obligados a mover sus cuentas de bancos privados y el Estado no tiene bancos. El Ministerio de Hacienda no va a poder hacerle desembolsos directos a la policía”.

Sobre las operaciones internas que realiza la policía, el consultor en seguridad agregó que probablemente estas funciones las asuma la tesorería del Ministerio de Hacienda, pues esta institución puede depositar en las cuentas bancarias que son personales, en el caso de los policías.

“O sea, en vez de trasladar a cuentas de la institución de policía, las cuales deberían ser cerradas en los bancos que tienen corresponsalía en Estados Unidos, se lo pueden manejar directamente Hacienda o crear otras figuras institucionales para mantener dichas cuentas”, manifestó la fuente consultada por este medio.

Pero Cuadra cree que la institución no tendrá cómo evadir las sanciones y que se verá obligada a "reducir a su mínima expresión su funcionamiento".

No obstante, para ella, las sanciones pueden ser una “espada de doble filo” porque aparte de castigar la labor represiva de la policía, también afecta fondos destinados para combatir la delincuencia común. “Es un punto de consideración serio de Estados Unidos. Aunque sea un riesgo la delincuencia común, consideran que la violencia política es un tema primordial a castigar”, afirmó.

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