El riesgo de que en una elección tan polarizada Estados Unidos cuente con menos observadores electorales
La decisión del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de reducir el número de observadores electorales en los comicios del 8 de noviembre genera preocupación entre quienes temen el enrarecimiento del clima electoral que genera el discurso del candidato republicano Donald Trump.
Organizaciones de derechos civiles temen que la disminución de observadores federales incite la intimidación de votantes en un momento histórico, donde la realidad política se ha vuelto más polarizada y agresiva.
“Nunca antes había escuchado a un candidato nacional con el tipo de retórica que utiliza Donald Trump, llamando a vigilantes a las urnas y negándose a decir si aceptará el resultado de las elecciones”, aseguró Gihan Perera, director ejecutivo de la organización New Florida Majority, enfocada en la protección de los derechos de votantes.
“El gobierno no ha dado detalles de qué pasará con los observadores y tener esa incertidumbre, junto a los llamados de Trump, es la receta para una tormenta perfecta”, agregó.
Hasta 2012 el sistema funcionaba en base a las directrices incluidas en la Ley de Derecho a Voto de 1965, donde DOJ tenía la obligación de enviar observadores federales a las zonas donde los votantes minoritarios tuvieran dificultades para votar o enfrentaran algún tipo de interferencia.
Su misión es marcar presencia, supervisar el proceso y escribir reportes que ayuden a determinar si una determinada área necesita mayor control. Forman parte de un grupo especialmente entrenado para supervisar las urnas.Varios estados del sur como Alabama, Arizona, Carolina de Norte y Texas, están bajo estricta supervisión del Departamento de Justicia.
Cambio en la corte
Este año, sin embargo, la fiscal general Loretta Lynch ha dejado claro que en las elecciones 2016 las cosas serán diferentes, ya que el gobierno ahora tiene un rol limitado en el proceso, según la decisión de la Corte Suprema en 2013 en el caso Shelby County versus Holder.
Aquí el tribunal determinó que la ley de derechos de votantes limitó la capacidad que tenía el gobierno de enviar observadores a estados que antes necesitaban de aprobación federal para hacer cambios en sus leyes electorales. En la elección presidencial de 2012 el Departamento de Justicia envió más de 780 observadores a recintos de votación en 23 estados. Ahora ni siquiera ha especificado cuántos enviará o dónde.
El cambio llega en un momento en que 14 estados han adoptado nuevas leyes de votación, la mayoría con restricciones adicionales.
En un video difundido este mes por DOJ, Lynch aseguró que aunque la decisión de la corte restringía el poder del Departamento de Justicia, el gobierno se aseguraría que “cada votante pudiera ejercer su derecho sin discriminación, obstrucción e intimidación”.
Dentro de las urnas
A diferencia de las organizaciones de derechos civiles que sólo se pueden localizar al exterior de los recintos de votación, los observadores de DOJ pueden estar adentro, junto con los observadores que representan a cada campaña.
“La elección pasada vi a observadores de los candidatos siendo muy agresivos con el personal de elecciones e intimidando a los votantes que estaban dentro de la zona de votación. Se paraban muy cerca de ellos y miraban sobre sus hombros. También tenían una lista de votantes que querían disputar”, explicó Perera.
Judith Browne directora ejecutiva de Advancement Project, otra de las organizaciones enfocada en la protección de votantes, comparte la preocupación, pero expresó confianza en lo que se puede lograr para esta elección.
"El Departamento de Justicia tendrá observadores, han estado en comunicación con grupos que trabajan en la protección de votantes para averiguar en qué áreas tenemos preocupaciones sobre intimidación de votantes. Hemos enviado una lista”, aseguró.
Browne explicó que diversos grupos se están organizando para coordinar esfuerzos y reforzar los sectores con más problemas como por ejemplo, el condado de Maricopa en Arizona o el condado de Wake en Carolina del Norte.
Consultados por Univisión, DOJ no respondió a las preguntas.
En su video Lynch enfatizó que habrá cientos de monitores de elecciones en el terreno “responsables de que los votantes no sean tratados de manera diferente por su raza o género” y de que “tengan material bilingüe disponible”.
Pero los monitores tienen menos autoridad que los observadores federales. Estos últimos no pueden ser removidos de los centros de votación.