¿Para qué necesita EEUU monitorear sus elecciones con 500 observadores internacionales?
Pocos lo saben, pero desde 2002 las elecciones en Estados Unidos son monitoreadas por un organismo internacional: la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).
Invitada por Estados Unidos, la misión de la OSCE consistirá de 3 grupos y sumará cientos de observadores y analistas electorales. Los primeros acaban de llegar a Washington DC, a poco más de un mes de las elecciones del 8 de noviembre.
Para las elecciones de 2012 hubo menos de 60 observadores extranjeros, el mismo número que en 2008. Pero para los comicios presidenciales de 2016, una evaluación previa de la OSCE recomendó el envío de más de 500 observadores. ¿Son tantos los motivos de preocupación como para multiplicar el número de observadores por 10?
Una evaluación previa
Una visita a EEUU por parte de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la OSCE en mayo determinó que las elecciones de este año requerían a 515 observadores.
Pero en una rueda de prensa en Washington este martes, la embajadora Audrey Glover que encabeza la misión de la OSCE anunció que el número exacto quedaba todavía por confirmar. "Sin duda será menor de lo esperado debido a que las elecciones en este país coinciden con comicios en varios países europeos", dijo.
Tras reuniones en mayo con representantes de unas 30 instituciones federales y estatales, organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y medios de comunicación, la OSCE emitió un informe que refleja las opiniones más apremiantes. Entre ellas destacan:
- Riesgo de desprotección de los derechos de las minorías
- Nuevas leyes sobre la identificación de votantes
- Negación del voto a habitantes de Puerto Rico
- Posibles irregularidades de cara a la votación electrónica y la financiación ilimitada de las campañas
- El papel de los medios de comunicación
- Estereotipos de género negativos
- Retórica incendiaria en contra de las minorías
Aunque debe mantener la imparcialidad, al parecer la jefa de misión Audrey Glover no ve improbable que surjan problemas vinculados con el voto de las minorías. "Es posible que haya problemas relacionadas con el registro y la identificación de los votantes”, dijo a Univisión Noticias.
Sociedad civil preocupada
Por ello, en agosto una coalición de más de de 200 organizaciones de derechos civiles mandó una carta a la OSCE para pedir un equipo de monitoreo aún más amplio.
El tema que más preocupa a este grupo es que por primera vez desde 1965, los votantes tengan que votar sin la plena protección de la Ley sobre el Derecho al Voto (Voting Rights Act).
La decisión en 2013 de la Corte Suprema en el caso Shelby v. Holder eliminó una de las cláusulas clave de esta ley, de manera que, según Wade Henderson, presidente de la coalición firmante de la carta: “El derecho al voto es más vulnerable ahora que en los últimos 50 años”.
De hecho, para organizaciones integrantes de la coalición como MALDEF (siglas del Mexican American Legal Defense and Educational Fund), una ONG de defensa de los derechos latinos, el tema es todavía más preocupante que el hacking de sistemas de votación.
En palabras de Thomas Saenz, presidente de esta organización, la sección 5 de la Ley sobre el Derecho al Voto “servía de mecanismo para anticiparnos a posibles problemas antes de las elecciones.”
Ahora es posible que los votantes se enteren al último minuto de irregularidades como “el desplazamiento de algún centro de votación”. Y es que un cambio al parecer mínimo puede tener repercusiones graves.
Una de las irregularidades más notables en las primarias fue la reducción en el número de centros de votación en Arizona, lo cual resultó en filas de varias horas y acusaciones de privación al derecho al voto. Los efectos de esta decisión se sintieron en particular en el condado de Maricopa, con una alta población negra y latina.
Por ello, el Partido Demócrata y las campañas de Bernie Sanders y Hillary Clinton presentaron una demanda contra el estado, gobernado por el republicano Doug Ducey.
Menos observadores federales
Mientras que los riesgos de irregularidades aumentan, el propio Departamento de Justicia de EEUU reducirá considerablemente el envío de observadores federales en este año electoral comparado con otros.
Desde 1965, esta institución envía observadores para proteger los derechos de los votantes, en particular de las minorías. En el 2012, enviaron 780 observadores a 51 jurisdicciones en 23 estados. En el 2004, fueron 1,463.
Pero, según anunció la fiscal general de los EEUU Loretta Lynch en julio, debido a la decisión de la Corte Suprema en 2013, el Departamento de Justicia “mandará menos personas con menos capacidades en noviembre”.
En años pasados, los observadores federales habían denunciado el cierre de puertas anticipadamente a votantes negros en el condado de Shelby en Alabama o la intimidación de votantes latinos y negros en Texas, según señala la carta a la OSCE.
Ahora, las organizaciones de derechos civiles temen que la presencia de observadores federales el 8 de noviembre sea casi nula.
Intimidación promovida por Trump
Frente a la reducción de observadores federales, el rol de la OSCE en esta elección puede jugar un rol clave. Pero es temprano para saber el impacto que puede tener.
Su acceso a centros de votación está asegurado por ley únicamente en 8 estados, además del Distrito de Columbia, sede de la capital federal Washington.
Como señala Thomas Rymer, portavoz de la OSCE, “No sabemos a cuántos centros de votación podremos acceder”, ya que la mayoría de las leyes estatales no especifican si permiten observadores internacionales. Es posible que algunos estados solo avisen de su decisión al último minuto. Pero a día de hoy, la organización tiene la esperanza de cubrir unos 35 estados del país.
Pero como bien señala el presidente de MALDEF, “En el caso de una violación, a diferencia del Departamento de Justicia, la OSCE no tiene ninguna autoridad formal”.
“Nos somos la policía de las elecciones”, advierte el portavoz de la OSCE. “Pero podemos señalar áreas de mejora”, agrega.
En todo caso, más que una misión de observación, el presidente de MALDEF al parecer ve como prioridad “que el gobierno de los EEUU asegure el derecho al voto a todos”.
La decisión queda en manos de la Corte Suprema. Mientras tanto, la OSCE acaba de lanzar su misión.
De fondo, un tema de gran preocupación para los grupos de derechos civiles es la retórica intolerante de Donald Trump hacia minorías raciales y el llamado que hizo a sus seguidores a retar a los votantes de “ciertas secciones” de Pennsylvania.
Muchos lo interpretan como un llamado a enfrentarse en persona a los votantes de los distritos electorales con una mayoría de votantes negros.
Univisión participa en estas elecciones presidenciales en ELECTIONLAND, unproyecto liderado por ProPublica para estar informado o para alertar sobre problemas de voto, registro o discriminación. Cubrimos los obstáculos que limitan el ejercicio del derecho de voto antes y durante el 8 de noviembre.
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