Fiscal general de Arizona pide implementar la regla de "carga pública" que Trump extendió y Biden eliminó
PHOENIX, Arizona. – El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, se presentó este miércoles ante los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos para defender la necesidad de la regla de carga pública, que el presidente Joe Biden eliminó el año pasado.
La regla de carga pública exige a quienes no son ciudadanos de Estados Unidos que demuestren ser autosuficientes, sin solicitar los beneficios de ayuda social que ofrece el gobierno federal.
La aplicación de esta medida cobró más auge en 2019, cuando el expresidente republicano Donald Trump emitió una extensión, que además estipulaba los tipos de beneficios que hacían de un inmigrante "una carga pública".
El Supremo decidirá si Arizona (u otro estado) puede revivirla, aunque Biden la eliminó
La pregunta que el máximo tribunal de justicia de los Estados Unidos debe considerar en este caso es si un estado puede intervenir para reactivar esta política aún cuando el gobierno federal ha decidido eliminarla.
Este miércoles, al presentar su argumento a favor de esta política, el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, se preguntó cómo fue posible que el presidente Joe Biden la eliminara, al comenzar su mandato, en 2021.
Los jueces explicaron que las nuevas administraciones, con frecuencia cambian las medidas del mandatario anterior. Directamente le preguntaron al fiscal cuál es el interés del estado para conservarla.
Brnovich respondió que Arizona tiene un interés protegible porque la política le ahorró al estado y a otros, más de $1,000 millones por año. Añadió que una decisión en contra de la regla volvería a imponer esos costos a los estados.
13 estados están a favor de que la regla de carga pública se mantenga activa
Tras escuchar los argumentos del fiscal general de Arizona, la abogada experta en inmigración Ayensa Millán se preguntó “de dónde obtuvo estos números Brnovich". Le llamó la atención que "en una implementación de un año, año y medio, no sé cómo llegaron a estas conclusiones”.
A su juicio, para obtener una opinión favorable del Supremo “tienes que demostrar que el estado tiene un interés [...] Osea que el estado está siendo afectado si esta ley se implementa o no se implementa... y Brnovich, la verdad, no tenía la evidencia”.
En sí, la política en cuestión ha existido desde mucho tiempo atrás, lo que la administración Trump hizo fue especificar qué tipo de beneficios obtenidos podrían hacer que alguien fuese considerado una carga pública. La acción de Biden regresó la política a su versión original.
Brnovich lidera una coalición de 13 estados que buscan reimponer la regla de carga pública.
El caso fue aceptado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en octubre del año pasado.
