Los detalles del acuerdo secreto (y el pago millonario) entre EEUU y El Salvador para deportar inmigrantes al Cecot
El gobierno de Donald Trump pagó a El Salvador $4.76 millones para que admitiera hasta 300 migrantes en la prisión de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) bajo condiciones que incluían no brindar asistencia a solicitantes de asilo, según documentos publicados este martes.
La publicación del acuerdo entre los dos gobiernos forma parte de una demanda que cuestiona el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) para acelerar deportaciones de inmigrantes y fue obtenido tras una solicitud de Democracy Forward y Robert F. Kennedy Human Rights.
Los detalles de este acuerdo, hasta ahora secreto, han avivado el debate sobre las deportaciones rápidas y el respeto a los derechos de los migrantes, en medio de procesos judiciales contra el Departamento de Estado de Estados Unidos que intentan frenar estas prácticas.
Los términos del acuerdo entre EEUU y El Salvador sobre deportaciones al Cecot
Según el documento publicado por Democracy Forward, uno de los grupos que están demandando al Departamento de Estado, el acuerdo establecía que El Salvador debía utilizar los 4.76 millones de dólares exclusivamente para la custodia de los presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua detenidos en la prisión Cecot.
El documento revela que esta transferencia económica estuvo condicionada a que El Salvador se comprometiera a no utilizar los fondos para brindar atención de salud reproductiva ni para asistir a solicitantes de asilo en el acceso a recursos o asesoría legal.
Democracy Forward destacó que el documento no incluye ninguna cláusula que obligue a El Salvador a impedir torturas, confinamientos indefinidos u otros abusos dentro de la prisión Cecot, famosa por su historial de violaciones a los derechos humanos.
El acuerdo fue firmado justo antes de que comenzaran las deportaciones masivas desde Estados Unidos sin respetar el debido proceso, a pesar de las órdenes judiciales en sentido contrario.
Entre los deportados se encontraba Kilmar Abrego García, un salvadoreño reconocido por el gobierno de Trump como afectado por un error administrativo, así como varios venezolanos que no tuvieron una audiencia migratoria completa.
El 22 de marzo, el Departamento de Estado realizó el pago de 4.76 millones de dólares mientras las impugnaciones legales sobre la validez de estas deportaciones seguían en curso en tribunales federales. La Casa Blanca defendió la medida, argumentando que los deportados eran pandilleros y criminales violentos, y que no era factible traerlos de regreso desde la prisión Cecot.
Reacciones al acuerdo para deportar migrantes al Cecot y la defensa de Bukele
Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, subrayó que aunque fue necesario acudir a la corte para obtener estos documentos, la sociedad tiene derecho a conocer cómo se manejan estas deportaciones.
“Después de que la administración Trump-Vance insistiera en que los términos de su acuerdo con El Salvador para facilitar la desaparición de personas del territorio estadounidense se mantuvieran en secreto y fuera del conocimiento público, nuestro equipo logró la divulgación de esta información para que el pueblo estadounidense pueda saber qué ha hecho su gobierno”, dijo Perryman en un comunicado.
Por su parte, el presidente salvadoreño Nayib Bukele defendió el acuerdo en un mensaje en X (antes Twitter) explicando que El Salvador acepta solo criminales convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses, a cambio de una tarifa que, aunque modesta para Estados Unidos, ayuda a hacer sostenible su sistema penitenciario.
La demanda que cuestiona el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar venezolanos sigue activa en el Distrito de Columbia.
Un tribunal federal de apelaciones mantiene bloqueada la aplicación de esta ley que permite deportaciones exprés sin la audiencia migratoria habitual, medida criticada por socavar el derecho al debido proceso.
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