El deterioro de la justicia guatemalteca

En Guatemala existió una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), respaldada por la ONU, que fue expulsada del país hace poco más de un año. Apoyado por una alianza del poder corrupto, el expresidente Jimmy Morales decidió no prorrogar su mandato. Esta Comisión logró encarcelar a cientos de políticos y empresarios acusados de corrupción, por lo que se convirtió en una amenaza para el crimen organizado que campea en una nación con el 60 por ciento de habitantes en la pobreza.

Desde entonces, la justicia ha venido en un progresivo retroceso aunque no se ha dado, como se creía, un manotazo definitivo. Esto puede ser aún más preocupante porque al no suceder eventos tan decisivos, este retroceso corre riesgo de pasar inadvertido para la comunidad internacional y para la población misma, inmersa en las dificultades de la pandemia. Periodistas, activistas, jueces, fiscales sufren constantes denuncias, persecución y hostigamiento por apoyar la lucha contra la corrupción que arrancó en 2015 cuando el pueblo se manifestó durante todo el año y logró la renuncia del expresidente Otto Pérez, quien se encuentra en la cárcel.

La fórmula para debilitar la lucha contra la impunidad consiste en cooptar las instituciones de justicia con integrantes inofensivos ante las redes criminales. Por tanto, la Corte Suprema y de Apelaciones resultan fundamentales para neutralizar los casos. Estos nombramientos, que debieron hacerse hace un año, estaban en buena medida controlados por estas mismas redes criminales. Sin embargo, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la más autónoma y la heredera de la CICIG, descubrió que un presidiario, Gustavo Alejos ( sancionado por Estados Unidos por corrupción, imputado en cinco casos y secretario general del gobierno de Álvaro Colom) coordinaba con magistrados, jueces y diputados para amañar la elección y que el Congreso eligiera a magistrados afines a personas que se encuentran en prisión.

Esto causó que el Ministerio Público presentara una acción legal ante la Corte de Constitucionalidad (CC) pues el proceso de elección de cortes se veía en riesgo de ser tutelado por las mafias. Esta corte decretó el amparo para que se depuraran las listas de elegibles y ordenó al Congreso, el órgano elector, excluir a quienes se hubieran reunido o comunicado con Gustavo Alejos. Esto ya no gustó a los diputados, quienes a partir de junio paralizaron la elección de cortes y han inventado diversas excusas para no cumplir la sentencia de la CC.

El plan es retrasar el nombramiento de Corte Suprema y de Apelaciones ya que en abril de 2021 debe cambiar la Corte de Constitucionalidad, la más alta del país, que ha tenido un rol independiente. Si ésta es cooptada por grupos ávidos de impunidad, no se verían obligados a cumplir la sentencia que manda que en la elección de las otras dos cortes no se puedan elegir a los candidatos vinculados con el crimen y, con todo el sistema de justicia en sus manos, tratarían de desbaratar los diferentes procesos penales abiertos.

Esta progresiva regresión ha sido contenida por los fiscales de la FECI, jueces independientes y por el respaldo ciudadano y de la comunidad internacional, quien ha acompañado de cerca la labor de la CICIG, un caso de éxito reconocido a nivel mundial. La exfiscal Thelma Aldana y el exjefe de la CICIG, Iván Velásquez recibieron, por su labor, el premio Nobel Alternativo.

Estos pronunciamientos de países amigos siguen siendo necesarios pues el peligro del atropello a la democracia es alto y es una constancia en la región centroamericana. Junto con El Salvador, Honduras y Nicaragua se viven agresiones a la prensa de parte de funcionarios y contra activistas que denuncian los abusos del gobierno.

Las acusaciones por corrupción contra un grupo de poderosos empresarios guatemaltecos han provocado que éstos se atrincheren y sean parte del ataque a las instituciones del sector justicia. Han pagado millonarios contratos de lobby en Washington para expulsar a la CICIG y fuertes campañas comunicacionales. Ante esto, es importante que empresarios de otros países hagan saber la dificultad de hacer negocios en un país con baja certeza jurídica donde los diputados desobedecen sentencias de cortes.

En este contexto, se han dado declaraciones relevantes: el subsecretario de Estado para América Latina, Michael Kozak, ha respaldado la petición para que se elijan cortes y ha llamado a que se respeten las resoluciones del máximo tribunal. Congresistas y senadores estadounidenses de ambos partidos han enviado cartas al gobierno y a las instancias judiciales.

Para salvar la democracia es necesario mantener una vigilancia internacional pues un sistema de justicia sin independencia hará que Guatemala se convierta de manera irreversible en un paraíso del narcotráfico y la delincuencia, lo que generaría aún más pobreza, violencia y migración.

*Álvaro Montenegro es periodista guatemalteco, miembro de Alianza por las Reformas, la que promueve el Estado de Derecho en Guatemala.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.