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    Reforma electoral de AMLO: en qué consiste y por qué causa protestas masivas en México

    Decenas de miles de personas salieron a las calles de México para defender al Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo autónomo que gestiona las elecciones mexicanas y en el que confían siete de cada 10 mexicanos, un índice incluso mayor al de por sí sólido apoyo con el que cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que ronda un 60%.
    Publicado 28 Feb 2023 – 06:34 AM EST | Actualizado 2 Mar 2023 – 06:38 PM EST
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    La reforma electoral del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) logró convocar una de las mayores protestas en su contra: decenas de miles de personas salieron a las calles en un centenar de ciudades mexicanas para defender al Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo autónomo que organiza las elecciones en el país.

    La protesta se produjo días después de que el Senado mexicano aprobara el llamado 'Plan B', una ley que busca reducir el presupuesto del INE y dar más ventajas a los partidos políticos, como retirarles obligaciones para transparentar sus gastos de campaña.

    El Zócalo de la capital mexicana, la mayor plaza del país, se convirtió en el punto álgido de las protestas: el sitio –con una capacidad de cerca de 100,000 personas– y sus calles aledañas se llenaron de manifestantes vestidos de rosa y blanco, los colores del INE, que gritaban consignas como “Mi voto no se toca”.

    El 'Plan B' se llama así porque los partidos aliados con López Obrador no consiguieron aprobar el plan inicial, que implicaba recortes incluso mayores de los que se impulsan ahora. No obstante, los cambios no han logrado calmar a los críticos de la reforma electoral.

    López Obrador, por su parte, defiende que la reducción del presupuesto –que equivale a un 1% del dinero destinado a la Secretaría del Bienestar, el organismo federal que distribuye los programas sociales– servirá para entregar ese dinero a los pobres, aunque no ha explicado cómo planea hacerlo. En la conferencia de prensa que AMLO da cada mañana, ha insistido en que las protestas son muestra de una supuesta trama “conservadora” en su contra.

    El presidente mexicano goza de un índice de aprobación de cerca de un 60%, algo por debajo del respaldo con el que cuenta el INE: una encuesta de noviembre de 2022 citada por el diario El Universal señala que un 76% de los mexicanos aprueba la gestión del ente electoral y confía en su capacidad para organizar comicios.

    Entonces, ¿por qué este tema ha generado tanta polémica? Te explicamos.

    ¿Qué es el INE?

    El INE fue fundado en 1990, dos años después de una de las elecciones más polémicas en la historia de México, celebradas el 6 de julio de 1988.

    Las elecciones de 1988 fueron las últimas que organizó la Secretaría de Gobernación mexicana, entonces dirigida por Manuel Bartlett Díaz, actual titular de la Comisión Federal de Electricidad en el gobierno de López Obrador.

    En esos comicios se produjo lo que muchos mexicanos recuerdan como “la caída del sistema”: cuando los resultados comenzaron a reflejar una clara ventaja a favor del candidato opositor, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el conteo se detuvo por un supuesto fallo informático que nunca fue aclarado.

    Y cuando la información comenzó a difundirse de nuevo, el resultado mostraba que el ganador de las elecciones era Carlos Salinas de Gortari, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que mantuvo el poder en México durante más de 70 años, y en el que tanto Bartlett como AMLO construyeron y consolidaron sus respectivas carreras políticas.

    El escándalo fue aún mayor cuando, días después de la elección, la mayoría de los paquetes electorales se quemaron en un misterioso incendio, del que tampoco se conoce la causa ni se ha señalado a ningún responsable al día de hoy.

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    El propio Bartlett admitió en una entrevista con el periódico Reforma publicada en 2017 que el organismo electoral que supuestamente contaría los votos nunca tuvo acceso a ello. “La comisión electoral nunca tuvo los paquetes”, dijo entonces.

    Tras el mayúsculo escándalo se estableció el Instituto Federal Electoral en 1990, que en 2014 fue sustituido por el actual INE. Desde entonces, es una de las instituciones más respetadas del país (respaldo que, según las encuestas, mantiene 33 años después) y la credencial para votar usada por los mexicanos es la forma más común para identificarse en México.

    La desconfianza de los manifestantes y muchos críticos a la reforma electoral de AMLO nace en el temor de que el presidente logre devolver el poder de organizar las elecciones al gobierno mexicano, en una administración en la que además Bartlett, el protagonista de aquella caída del sistema, tiene un importante puesto.

    López Obrador rechaza las acusaciones y dirige sus críticas hacia sus críticos, a quienes llama “conservadores”, “elitistas”, “defensores del narco gobierno” e incluso sugirió que eran ladrones, como lo hizo la mañana de este lunes, en que dijo con tono de broma que había “mucho carterista” en el centro de la capital mexicana.

    ¿Cómo funciona el INE?

    El INE se encarga de capacitar a ciudadanos, quienes son los encargados de organizar los centros de votación y hacer el conteo, en presencia de representantes de todos los partidos políticos.

    En las elecciones de 2018, que dieron la victoria a López Obrador con más de un 50%, un margen de más de 1.4 millones de personas (el equivalente a la población de Dallas, Texas) se encargaron de organizar la jornada electoral y contar los votos.

    Una vez que se cuentan los votos, estos son colocados en un paquete sellado que se entrega en centros distribuidos en todo el país, donde funcionarios del INE vacían los resultados, que pueden ser seguidos en tiempo real por cualquier mexicano que tenga acceso a una computadora.

    El INE garantiza también el acceso al voto para los mexicanos que viven en el extranjero y en los sitios más remotos –y más peligrosos– del país.

    El órgano es dirigido por un consejo general integrado por diez consejeros y un consejero presidente; consejeros del Poder Legislativo, un secretario ejecutivo y representantes de los Partidos Políticos. Su gestión puede vigilarse a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), otro organismo público que se ha enfrentado a reducciones de dinero público en la administración de López Obrador.

    ¿Qué propone AMLO para el INE?

    El llamado 'Plan B' del presidente busca reducir el presupuesto del INE, dar más prerrogativas a los partidos políticos pues les permite una mayor holgura en la transparencia de sus finanzas y recortar su capacidad para organizar las elecciones.

    López Obrador sostiene que los recortes son para que ese dinero sea distribuido entre los pobres, pero no ha detallado en cuáles son sus planes concretos y solo ha hecho alusiones a programas sociales, sin dar mayores detalles.

    El gobierno de AMLO defiende que el objetivo de la reforma es evitar gastos y reducir la duplicidad de funciones: asegura que solo en su primer año ahorraría unos 5,000 millones de pesos mexicanos (unos 271 millones de dólares), una cifra que representa alrededor del 1% del presupuesto de la Secretaría de Bienestar, establecida en la administración actual y que se encarga de gestionar los programas sociales del gobierno federal.

    El mandatario ha dirigido críticas al INE desde que asumió el cargo por la desconfianza que le surgió en las polémicas elecciones de 2006, que López Obrador perdió por un ínfimo margen de un 0.58% frente al candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa.

    AMLO nunca reconoció la victoria de Calderón, se proclamó presidente legítimo y recorrió el país en una campaña incesante: compitió dos veces más por la presidencia, en 2012, cuando perdió de nuevo frente al priista Enrique Peña Nieto, hasta su victoria en 2018.

    ¿Qué dicen los críticos de la reforma electoral de AMLO?

    Con los recortes aprobados, el INE se vería obligado a despedir trabajadores, cerrar oficinas y cambiar la estructura de las juntas locales. La reforma también elimina las 300 juntas distritales, que se encargan de organizar en el terreno las elecciones tanto federales como regionales, y otorgaría mayor poder a los partidos políticos que gobiernan esos lugares.

    El INE sostiene que las reformas afectarían la fiabilidad del padrón electoral, pues son las juntas quienes se encargan de localizarlo, y harían más difícil a muchos mexicanos obtener su identificación para ejercer el voto, así como recortaría la capacitación de ciudadanos para participar en las elecciones.

    La preocupación se ha extendido a organismos internacionales.

    Tyler Mattiace, investigador en América Latina de Human Rights Watch, dijo a la agencia AP que es “decepcionante” que López Obrador decidiera reformar una parte crucial para el funcionamiento de la democracia mexicana.

    “Es preocupante que esto ocurra justo antes de las elecciones presidenciales de 2024, en un contexto en el que el presidente ha mostrado muy poca tolerancia hacia aquellos que no opinan como él”, afirmó.

    La polémica en torno a la reforma también ha llamado la atención de funcionarios del gobierno de Estados Unidos.

    “En México vemos un gran debate sobre reformas electorales que ponen a prueba la independencia de sus instituciones electorales y judiciales”, escribió Brian A. Nichols, secretario asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, en su cuenta de Twitter. “ Estados Unidos apoya a las instituciones electorales independientes y con fuertes recursos, que fortalecen a los procesos democráticos y al Estado de Derecho”.

    ¿Qué sigue para la reforma electoral de AMLO?

    Una vez que se ponga en marcha los cambios en la ley, se espera que se presenten recursos en su contra frente a la Suprema Corte de México, donde requiere los votos de ocho de sus 11 ministros, de los cuales dos son abiertamente simpatizantes con el presidente y dos se han mostrado inclinados a votar a favor de sus iniciativas.

    Pero la cercanía de las elecciones puede hacer que el tiempo se agote, pues para que los comicios presidenciales de 2024 se organicen el año próximo con los mismos recursos, la Suprema Corte debería suspender la aplicación del 'Plan B' antes del 2 de junio del próximo año, solo 90 días antes de que inicie el proceso electoral.

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