Trump se queda sin el "supervisor especial" que pidió para revisar los documentos que sacó el FBI de Mar-a-Lago
La Corte de Apelaciones del 11° Circuito de EEUU con sede en Atlanta, dio fin formalmente a la revisión externa por parte de un supervisor legal especial, de los documentos incautados por el FBI en la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, su club privado en Palm Beach, Florida.
Gracias a esta decisión, el Departamento de Justicia vuelve a tomar control de todos los materiales incautados como parte de su investigación criminal sobre el uso ilegal de documentos clasificados del gobierno, obstrucción de una investigación y destrucción de la propiedad del gobierno, por parte del expresidente.
El Departamento de Justicia ya había recuperado el acceso al material clasificado incautado en Mar-a-Lago gracias a una apelación anterior, pero a los fiscales del Departamento de Justicia se les había cerrado el acceso a una serie de documentos no clasificados hasta que el supervisor terminará la revisión.
La decisión
La decisión fue tomada después de que la misma corte de apelaciones anuló el nombramiento del supervisor legal especial para determinar cuáles documentos debían quedar fuera del alcance del gobierno, en un fallo emitido el 1 de diciembre.
El tribunal federal de apelaciones determinó que la jueza Aileen Cannon del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, cometió un error al acceder a la petición de los abogados de Trump en septiembre de nombrar al supervisor legal especial.
Según indica un reporte del Washington Post, no se espera que Trump apele la decisión ante la Corte Suprema. El expresidente ha sufrido varios reveses importantes en la corte más alta del país, siendo el más reciente de ellos su intento fallido por evitar que el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes obtuviese sus declaraciones de impuestos.
Los jueces de la Corte de Apelaciones estuvieron de acuerdo con el Departamento de Justicia en el fallo del 1 de diciembre cuando dijeron que la designación de un supervisor legal especial en un caso penal “ sentaría un precedente preocupante”, ya que permitiría que cualquier sujeto de una orden de allanamiento “bloquee las investigaciones del gobierno después de la ejecución de la orden”.
Trump no podrá acusar a los jueces de la Corte de Apelaciones de ser parciales en su contra, como hizo con el juez Gonzalo Curiel en el caso de fraude contra Trump University por su origen mexicano, o con el juez Arthur Engoron Corte Suprema 1er Distrito Judicial en Nueva York a quien acusó de comunista, por decisiones tomadas en el caso civil contra él y sus hijos menores.
En esta oportunidad, dos de los jueces de la Corte de Apelaciones del 11° Circuito fueron postulados por el mismo Trump durante su presidencia, mientras que el tercero William H. Pryor, fue nominado por George W. Bush, y estaba en la lista de Trump para posibles nominaciones a la Corte Suprema.
El supervisor legal especial
Los abogados de Trump solicitaron la designación de un supervisor legal especial después de que el FBI allanara Mar-a-Lago el 8 de agosto, recuperando más de 13,000 documentos relacionados con la presidencia de Trump.
El propósito de la designación del supervisor legal especial era el de determinar si Trump podía reivindicar algún derecho sobre algunos de los documentos, a fin de mantenerlos al margen de la investigación criminal en su contra.
El supervisor legal especial, el juez Raymond Dearie, aún no había hecho ninguna recomendación sobre cuáles documentos mantenerse al margen de la investigación e incluso había expresado escepticismo en relación a que Trump pudiera reclamar algún derecho sobre una gran parte de los documentos.
De la totalidad de los documentos incautados por el FBI, cerca de 100 están marcados como clasificados, algunos de ellos incluso contienen secretos gubernamentales altamente confidenciales.
