Corte Suprema avala detenciones por raza o idioma sin sospecha razonable en California
LOS ÁNGELES, California. – La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes que agentes federales puedan detener personas sin necesidad de “sospecha razonable” si consideran factores como la raza, etnia o el idioma que hablen, incluyendo el español o el inglés con acento.
De acuerdo con la agencia Reuters, el fallo, aprobado por mayoría conservadora de 6-3, suspende la orden de una jueza federal en Los Ángeles que había bloqueado estas prácticas por considerar que violaba la Cuarta Enmienda, lo que abre la puerta a nuevas redadas en el sur de California.
El Departamento de Justicia argumentó que el gobierno necesita un margen amplio de acción en regiones donde se estima que 1 de cada 10 residentes vive sin un estatus legal, lo que defensores de derechos humanos califican como perfilamiento racial y discriminatorio.
Los jueces liberales criticaron duramente la decisión. Sonia Sotomayor advirtió que la decisión convierte a los latinos de bajos salarios, ciudadanos o no, en blancos fáciles para detenciones arbitrarias, lo que vulnera sus libertades constitucionales, por lo que se dijo en desacuerdo.
Por su parte, el juez conservador Brett Kavanaugh señaló que la “etnicidad aparente no puede ser por sí sola una sospecha razonable”, aunque admitió que puede usarse como un “factor relevante” en combinación con otros.
La decisión, que ayudará a fortalecer las deportaciones con una meta de 3.000 arrestos diarios, ha generado alarma en comunidades inmigrantes, donde las redadas recientes ya habían causado pánico, protestas y múltiples demandas contra agentes federales acusados de uso excesivo de fuerza.
Los Ángeles, epicentro de protestas
Las redadas iniciadas el 6 de junio en el sur de California generaron una ola de protestas en Los Ángeles, que llevó al gobierno federal a desplegar tropas de la G uardia Nacional y marines estadounidenses, marcando un uso extraordinario de la fuerza militar dentro de Estados Unidos.
Funcionarios locales y el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, impugnaron el despliegue de tropas, calificándolo de ilegal y afirmando que las acciones eran innecesarias y solo contribuían a exacerbar las tensiones.