Kilmar Ábrego García no puede ser deportado al menos hasta octubre, ordena jueza

El salvadoreño Kilmar Ábrego García no puede ser deportado al menos hasta el 6 de octubre, cuando se desarrollará una audiencia en la que el gobierno debe presentar evidencias para justificar la nueva expulsión a un tercer país, ordenó este miércoles la jueza de distrito de Maryland Paula Xinis.

La magistrada aseguró que anunciaría una decisión sobre la deportación de Ábrego dentro de los siguientes 30 días después de esa audiencia probatoria y que el salvadoreño de 30 años debe permanecer en Estados Unidos hasta entonces.

Para la audiencia probatoria del 6 de octubre, ambas partes tienen hasta el 2 de ese mes para presentarle a su corte la lista de los testigos que llevarán a la audiencia.

Xinis también reiteró que ICE no puede mover a Ábrego —quien se encuentra detenido en Virginia— a centros de detención fuera de las 200 millas de distancia de las cortes en que son revisados sus casos.

Ábrego García, que había sido liberado de una cárcel de Tennessee apenas el viernes, cumplió este lunes con su cita ante ICE y de inmediato fue detenido. Su abogado Simon Sandoval-Moshenberg denunció entonces que los agentes no le informaron a dónde lo trasladarían ni la razón de la detención, luego de que un juez ordenara su libertad al considerar que no representaba un peligro para la comunidad y que no existía riesgo de fuga.

Por la tarde del lunes, una búsqueda en el localizador de detenidos de ICE permitió confirmar que había sido trasladado al centro de detención Abyon Farmville, en Virginia. Se espera que permanezca detenido, bajo custodia de la agencia.

La jueza de Maryland revisa una petición de habeas corpus que fue introducida el lunes por sus abogados para frenar la deportación de Ábrego García a Uganda sin que se le permita un juicio antes un juez de inmigración y su derecho de apelar las decisiones, en caso de ser desfavorables para él. Además de Uganda —el último destino que el Departamento de Seguridad Nacional informó como país de deportación—, Costa Rica es otro de los países que se consideran en caso de una expulsión: en una carta, este gobierno garantizó que el salvadoreño no sería detenido a su llegada y que podría permanecer bajo el estatus de refugiado.

Este inmigrante, dedicado a la construcción y residente de Maryland, se convirtió en el rostro de la dura campaña de Trump contra la inmigración cuando fue deportado por un "error administrativo" del gobierno en marzo a la cárcel de pandilleros de El Salvador. Pese a las permanentes negativas del gobierno de Trump para regresarlo a Estados Unidos, fue devuelto en junio pero bajo la acusación de un gran jurado por conspirar para traficar a inmigrantes a cambio de dinero. Ábrego se declaró inocente en una audiencia.

Distintos voceros del gobierno de Trump insisten en que Ábrego será deportado de Estados Unidos y en sus filiaciones con la pandilla MS-13, una acusación que sus familiares y abogados han rechazado.

Abogados dicen que buscarán asilo para Ábrego García

Los abogados de Ábrego también informaron este miércoles que el salvadoreño solicitará asilo. La jueza Xinis les respondió que eso escapa de su jurisdicción y de la evaluación que realiza su corte sobre la intención del gobierno de deportarlo.

Según la petición de emergencia para reabrir su caso, los abogados consideran que al haber sido deportado a El Salvador y devuelto en junio a Estados Unidos es elegible para aplicar a este beneficio migratorio durante el año siguiente de su última entrada al país.

En su audiencia del lunes, Xinis aseguró que el gobierno no ha demostrado que Uganda no apresará a Ábrego García a su llegada —una preocupación que también manifestaron sus abogados a la prensa—, y que tampoco ha precisado qué estatus migratorio le ofrecería. A diferencia de Costa Rica, que sí garantizó su libertad y que le daría estatus de refugiado y residencia.

Además, Uganda tampoco ha garantizado que no enviará a Ábrego de regreso a El Salvador. Los abogados del gobierno informaron que en las próximas dos semanas el salvadoreño será entrevistado por funcionarios de inmigración que determinarán si Uganda puede ser un destino seguro para la expulsión.

En 2019, un juez de inmigración otorgó al salvadoreño una protección contra la deportación a su país, luego de que él lograra demostrar que sufriría persecución y violencia de parte de pandilleros que lo habían amenazado a él y a su familia.