Las cuarentenas por el covid-19 reducen el crimen en América Latina
Una de las consecuencias de las medidas de aislamiento decretadas en varios países de América Latina para frenar la propagación del coronavirus es la reducción del número de crímenes callejeros. Pero al mismo tiempo, las autoridades reportan que durante la cuarentena se ha registrado un aumento de la violencia contra las mujeres que comparten el encierro con sus agresores.
“La verdad es que sí han bajado los asesinatos y los pandilleros hoy no están fregando tanto. Creo que no salen por miedo a que se les pegue el virus”, comentó Eduardo Perdomo, un ciudadano salvadoreño, a la agencia de noticias AP. El Salvador, considerado uno de los países más violentos del mundo, reportó 65 asesinatos en marzo, un descenso histórico comparado con los 600 por mes de hace algunos años, de acuerdo a cifras oficiales.
La caída se atribuye a políticas de seguridad más estrictas y treguas de las pandillas, luego que el presidente Nayib Bukele asumiera el cargo en 2019, pero también a la restricción casi total de movimientos para prevenir la propagación del coronavirus.
En Colombia, las estrictas prohibiciones para salir de casa también parecen haber ayudado a la disminución de delitos, aunque analistas temen que sólo sea por el corto plazo. "No hay nada que sugiera que esto sea un cambio permanente", apuntó Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, una importante consultora de riesgos políticos.
Durante el fin de semana festivo del 21 al 23 de marzo, hubo 49 homicidios, 100 menos que en el mismo período de 2019, según la fiscalía colombiana. Los robos cayeron de 2,014 a 773.
La fiscalía de Guatemala también reportó descensos en los delitos y cree que se debe a la presencia en las calles de policías, lo cual ha generado una mayor sensación de seguridad. También por las restricciones a la movilidad, comercio e industria.
En México el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la semana pasada que, aunque tenía la esperanza de que las medidas de distanciamiento social aplicadas a finales de marzo tengan un efecto secundario en la reducción de la delincuencia, los datos todavía no confirman este deseo. El mandatario culpó a los enfrentamientos entre bandas de mantener la tasa de homicidios alta. "Siguen disputándose el territorio, enfrentándose entre ellos", dijo.
Sin embargo, México no ha tomado medidas tan extremas como los países del Triángulo del Norte —Guatemala, Honduras y El Salvador—, donde se han instalado toques de queda y duras restricciones de movilidad. En México, el gobierno ha recomendado a la gente a quedarse en casa, pero no lo ha exigido.
Mientras tanto en Brasil, a pesar de que no hay cifras disponibles, Fogo Cruzado, una plataforma no gubernamental, cuantificó menos disparos, muertos y heridos en el área metropolitana de Río de Janeiro, en comparación con los meses antes de la cuarentena.
En Argentina, autoridades de Buenos Aires informaron que los asaltos a peatones bajaron casi 90% una semana después que comenzó la cuarentena el 20 de marzo. Los puestos de control vehicular han desalentado a delincuentes que se trasladan en motos para robar a conductores de vehículos o peatones, debido a que están bloqueadas sus habituales rutas de escape.
En la provincia de Buenos Aires, con un tercio de la población argentina, las fiscalías han visto disminuido el monto de investigaciones por robos.
Al norte, en la provincia de Salta -frontera con Bolivia y zona de tránsito de drogas- la policía reportó 50% menos delitos. Los asaltos son “mínimos” y un poco más las lesiones y amenazas.
En tiempos del coronavirus, Argentina están usando bienes incautados a narcotraficantes. Dos hoteles embargados a un grupo de narcos en la capital de Salta están siendo utilizados como espacios de aislamiento de gente que proviene de zonas de alto riesgo y para pacientes con síntomas leves.
El municipio de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, utilizará un proyecto inmobiliario de miles de metros cuadrados incautado a narcos colombianos para hacer un espacio para tratar infectados en mayo, cuando se espera el pico más alto de contagiados.
Mientras tanto en Perú, las funerarias especializadas en vender ataúdes para víctimas de crímenes violentos, accidentes viales u otro tipo de delitos callejeros lucen casi vacías. “Es duro decirlo, pero casi no hay asesinatos, no hay atropellos”, comenta Raúl González, empleado funerario sorprendido por la caída de la violencia.
El presidente Martín Vizcarra informó a fines de marzo que los delitos se redujeron en un 84%, luego de que el país de 32 millones casi se paralizara durante el día y anulara su vida nocturna. El ministro del Interior, Carlos Morán, atribuyó la caída de robos en sus amplias modalidades a que “no hay vida social activa, ni consumo de alcohol, que es el detonante”.
El puerto más importante de Perú, segundo productor global de cocaína después de Colombia y zona desde donde se exporta droga a Europa, luce vacío al igual que las calles de sus barrios complicados. Los 140.000 policías y militares que vigilan las calles del país están excluidos de responsabilidad en caso de herir o matar, según una reciente ley aprobada en el Congreso.
Para evitar la propagación del virus, los peruanos han perdido libertades de tránsito, reunión y la inviolabilidad de domicilio. En el primer mes de cuarentena, la morgue más grande de Perú recibió hasta cuatro cadáveres por día o menos. Antes llegaban hasta 20 diarios. Se registraron apenas siete asesinatos, según cifras oficiales.
Sin embargo, mientras los índices de crimen callejero bajaron, los delitos en los hogares aumentaron de acuerdo con una tendencia global como lo ha señalado hace poco la ONU. Hasta fines de marzo en Perú se registraron 538 mujeres agredidas y 43 violaciones sexuales, de las cuales 27 víctimas eran menores de edad.
Expertos regionales temen que, si la cuarentena se extiende, la escasez de alimentos podría generar saqueos, mientras que el crimen organizado buscará adaptarse en medio de una de las peores recesiones y pérdidas de empleo nunca vistas. Los delincuentes no han parado, “están mejorando sus métodos”, dijo el experto colombiano Sergio Guzmán.
Al menos por ahora, los talleres de ataúdes en Perú han parado sus labores debido a la baja de clientes provocada por la cuarentena. Muchos propietarios no tienen cómo pagar a sus trabajadores. El empresario peruano Juan Jancui tenía 20 empleados; ahora ninguno. “Me alegra que baje la criminalidad, pero también me preocupa”, dijo.
El gobierno ordenó a inicios de semana que las 68 cárceles del país no acepten más presos debido a la sobrepoblación que han provocado los 97,600 reos que superan en exceso la capacidad máxima de 40.600 internos.
“Esta ‘paz’ no va a durar”, dijo el empresario de ataúdes. “Los crímenes subirán como espuma un minuto después que se levante la cuarentena”.
