97 arrestados. Algunos detenidos por ICE en la gran redada del 5 de abril se dan las manos antes de presentarse en las oficinas del gobierno para un trámite. Algunos llevaban varios años trabajando en la planta procesadora de carne en situación muy precaria, pero las detenciones han unido todavía más al grupo. Morristown, el pueblo en el este rural de Tennessee, también ha reaccionado a la redada. Cientos de vecinos han ayudado a los afectados, aunque otros también han celebrado en redes sociales que se cumplan las leyes migratorias. En este condado, Donald Trump ganó las elecciones con un 73% de los votos. Crédito: Damià S. Bonmatí
“Mis niñas están sufriendo”. Cuando vio que su esposo la llamaba a esa hora de la mañana, pensó que quizás la extrañaba y quería oír su voz. Pero Esperanza –que no quiere revelar su nombre real– escuchó algo totalmente diferente: “Inmigración está aquí y ya no se puede hacer nada. Nos están arrestando”. Sintió que el mundo caía sobre ella. “Pero no tenía derecho a escuchar mi dolor, tenía que preocuparme por mis dos hijas”. Ahora, un mes después de la gran redada, le da la mano a su esposo antes de que se presente en las oficinas de ICE para seguir con su proceso migratorio. Siempre está presente ese temor de que no liberen a su pareja. Sus hijas, “hay días que no quieren ni comer, no pueden dormir, tienen pesadillas”. Crédito: Damià S. Bonmatí
“Hola ma, ¿cómo estás?”. Entre las 6 y las 7 de la tarde, Hilario Hernández, un inmigrante mexicano, y sus tres hijos, de nacionalidad estadounidense, esperan impacientes la melodía del teléfono. Es su nueva rutina desde hace 27 días, cuando la madre de la familia, Alejandra, fue detenida en la redada mientras trabajaba limpiando carne de res en la empacadora. En la llamada anterior la notaron deprimida y el reto hoy es animarla: “Échale ganas”, le dice Hilario. El matrimonio solía ingresar unos 4,000 dólares mensuales, pero este mes –con ella arrestada y él reuniendo documentación para liberarla– serán unos 1,200, lo justo para pagar la renta y la luz. Crédito: Damià S. Bonmatí
“En tres días, tres cortes diferentes de tres familiares”. La redada de las autoridades federales arrasó en casa de Yael Salazar, una beneficiaria de DACA. En la planta procesadora de carne, detuvieron a su esposo y cinco familiares directos más. Sus días se han convertido en una búsqueda incansable de documentos y dinero para intentar que salgan del centro de detención de ICE en Jena, Louisiana. Junto a una prima, emprende rumbo hacia ese estado para recoger a un familiar que saldrá con una
fianza de 8,500 dólares y con la esperanza de que liberen también a su marido en las próximas horas. Deja a su bebé con su madre, Esther Mendieta, que le dice adiós entre lágrimas y con el nieto sostenido en brazos. Crédito: Damià S. Bonmatí
Millones de dólares no declarados. Los 97 arrestos fueron efectuados por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (ICE), pero la redada estuvo liderada por el Servicio de Rentas Internas (IRS) con un espectacular despliegue de agentes de varios cuerpos y un helicóptero. La hacienda estadounidense acusa a los propietarios de no reportar 8.4 millones de dólares en salarios y evitar pagar 2.5 millones en impuestos. La planta, llamada Southeastern Provision, recibía las vacas, las cortaba, procesaba y empacaba, según algunos empleados. Podían procesar unos 250 animales por día. Las jornadas laborales solían empezar a las 7 de la mañana, pero se alargaban hasta que el trabajo estaba acabado, hasta las 6 de la tarde a veces. Varias personas con el uniforme de la planta insistieron a Univision Noticias que no tomara imágenes de las instalaciones, pese a encontrarnos en la calle. Crédito: Damià S. Bonmatí
“Llevan muchos años en Estados Unidos”. La abogada Valeria Gómez revisa la documentación de una inmigrante afectada por la redada a las puertas de las oficinas de ICE en Knoxville, a unas 60 millas (95 km) del lugar de los hechos. De los 97 arrestados el 5 de abril, la mayoría quedaron recluidos en un centro de detención de ICE por semanas o todavía lo están. “El patrón era mantener detenidos a todos salvo que tuvieran una circunstancia extraordinaria, como una razón médica o mamás solteras”, explica Gómez. Es precavida, pero cree que algunos podrían evitar la deportación por llevar más de una década en el país, no haber tenido problemas con la ley y tener hijos estadounidenses. Sin embargo, esas cancelaciones son extraordinarias y
complicadas en el contexto político actual. Crédito: Damià S. Bonmatí
“Pensábamos que era un lugar muy seguro para nosotros”. Pese a las condiciones precarias que las autoridades federales han detectado en la planta procesadora de carne, Raymunda López, de 41 años, sentía que era un buen sitio por dos razones: no pedían identidades falsas para trabajar y recibía el salario en efectivo. López cortaba y empacaba carne, hacía jornadas de hasta 10 horas y cobraba como máximo 380 dólares a la semana. El día de la redada estuvo detenida por 12 horas, pero acabaron liberándola de manera provisional. Ella sospecha que fue porque sufre de diabetes. Crédito: Damià S. Bonmatí
El campo base. José Quezada (a la derecha) y Verónica Galván (a la izquierda) en una oficina de la iglesia de San Patricio, en Morristown. El lugar se ha convertido en el epicentro de la crisis desatada entre la comunidad inmigrante: entregan comida y productos básicos donados, ayudan con gastos financieros de los afectados, ofrecen consejo legal y colaboran para que los indocumentados escriban cartas de poderes para que sus hijos tengan un tutor legal si ellos son deportados. Quezada y otros trabajadores de la Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition se trasladaron a la zona por semanas desde la capital, Nashville, a casi cuatro horas. Crédito: Damià S. Bonmatí
“Stop Deportations”. Un grupo de hispanos, la mayoría afectados por la redada con 97 detenidos, finalizan una pancarta que pide al gobernador de Tennessee, el republicano Bill Haslam, que frene la ley HB 2315 aprobada por la legislatura estatal en abril. El texto prohíbe las ciudades santuario y concede poderes extraordinarios a los policías locales para pedir el estatus migratorio. La mañana siguiente, exhibieron el mensaje a las puertas de un evento del político, pero no lograron hablar directamente con él. Crédito: Damià S. Bonmatí
“Tengo miedo de que vuelva a pasar”. Carolina Rómulo, de 25 años, abraza a su bebé de 10 meses después de saber que su marido será liberado del centro de ICE, tras pasar casi un mes en detención. La noche anterior el bebé casi no durmió por una infección en el oído y esa mañana una amiga de la misma empacadora le dio aventón para ir al médico. No se atreve a manejar por si la paran. Rómulo también fue detectada como indocumentada en la redada, pero liberada al cabo de unas horas. Dice que el bebé se emociona cuando oye al papá del otro lado del teléfono. Crédito: Damià S. Bonmatí
“Bienvenida”. Hilario Hernández, de 42 años, observa emocionado el abrazo de su esposa Alejandra con sus tres hijos al reencontrarse tras 29 días separados. Un juez de inmigración decretó la libertad provisional de la madre a cambio del pago de una fianza de 7,500 dólares. Hernández lleva desde 1994 en Estados Unidos y sus hijos son ciudadanos estadounidenses. “Como les digo a mis hijos, yo lo siento mucho pero papá se va a ir a trabajar sábados y domingos para recaudar a este dinero”, explica. “Porque mamá ya no va a poder trabajar”. Damià S. Bonmatí