México ordena el arresto de seis personas tras el incendio en Ciudad Juárez que dejó 39 migrantes muertos
Las autoridades mexicanas emitieron este jueves órdenes de arresto para seis personas en relación con el incendio que mató a 39 migrantes en un centro de detención a principios de esta semana en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, de acuerdo con la fiscal federal que dirige la investigación.
Sara Irene Herrerías dijo que entre los seis se encuentran tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración, (INM), dos guardias de seguridad privada contratados por la agencia y el migrante que presuntamente inició el incendio.
¿Cuántas personas han sido arrestadas por el incendio en un centro de detención para migrantes en Juárez?
Las autoridades mexicanas dijeron que habían detenido a cinco de las seis personas, bajo cargos de homicidio y lesiones, pero no precisaron quiénes habían sido los arrestados.
Por lo menos 39 migrantes murieron después de que comenzara un incendio dentro de una celda de detención la noche del lunes pasado.
Casi una treintena de otros inmigrantes sufrieron lesiones. La mayoría de las víctimas eran de Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador, aunque el gobierno mexicano no ha precisado las cifras hasta este jueves.
Funcionario del gobierno de México ordenó no liberar a los migrantes “por ningún motivo”, según una denuncia
Un video del interior de la instalación mostró que al iniciarse el fuego, los guardias salieron de la sala sin aparentemente hacer ningún intento por sacar a los migrantes de la celda, aunque no hay todavía datos que aclaren si tenían o no llaves de las celdas.
Según una denuncia presentada el miércoles por un abogado que representa a personas involucradas en los hechos, el jefe de la agencia migratoria del estado en donde ocurrió el incendio fue presuntamente informado por teléfono del inicio del fuego y ordenó no liberar a los detenidos.
El funcionario mencionado es el contraalmirante retirado Salvador González Guerrero, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, donde está Ciudad Juárez fronteriza con El Paso, Texas. El INM no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentarios ni de entrevista con González Guerrero.
El miércoles tanto la fiscal Herrerías como la titular de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, indicaron que hasta ese momento no tenían ningún testimonio que mencionara esa supuesta llamada y la fiscal agregó que el delegado del INM en Chihuahua no había rendido declaración todavía aunque sí lo habían hecho un total de ocho presuntos involucrados en los hechos.
El abogado Jorge Vázquez Campbell presentó la denuncia, a la que tuvo acceso la agencia AP, y en la que consta que el funcionario aludido presuntamente “dio la orden por llamada telefónica para que a las personas migrantes que se encontraban alojadas dentro del lugar en donde inició el fuego no se les abriera la puerta por ningún motivo”.
De acuerdo con Campbell, sus clientes le indicaron que un migrante pidió un cigarro y un encendedor.
Las protestas comenzaron después de que los agentes que los vigilaban se burlaron de ellos.
“ Los oficiales se burlaron de ellos, se irritaron y dos de ellos [migrantes] le prendieron fuego a un colchón”.
Fue en ese momento cuando, según el abogado, los agentes migratorios avisaron a González Guerrero “y el señor dijo que no se hiciera nada y que por ningún concepto les dejaran salir”.
No es la primera vez que el abogado Vázquez Campbell presenta denuncias contra las autoridades migratorias de Chihuahua. El año pasado interpuso tres por malos tratos a migrantes y abuso de autoridad que también señalaban al delegado de migración en el estado.
Las familias de los migrantes no saben si sus seres queridos están vivos o muertos
Este tipo de quejas, así como las denuncias de corrupción contra agentes migratorios, son recurrentes en México, pero suelen quedar en la impunidad. De las más 5,000 investigaciones internas abiertas por el INM desde 2019 solo cinco habían terminado en la fiscalía a mediados de 2022, según información obtenida gracias a las leyes de transparencia. Es decir: un 0.1%.
La forma en la que quedaron atrapados los más de 60 migrantes ha enfurecido tanto a organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que han multiplicado las críticas por la actual política migratoria mexicana, su creciente militarización y la falta de rendición de cuentas cuando se denuncian abusos.
A mediados de 2019, ante las presiones del expresidente estadounidense Donald Trump, el gobierno cambió la cúpula de la agencia migratoria y en varios estados militares en retiro quedaron como jefes.
Mientras tanto, las familias de las víctimas quemadas en Juárez, l a mayoría de las cuales todavía esperan que el gobierno mexicano les diga si sus seres queridos están vivos o muertos y la indignación ha crecido entre muchos migrantes varados en la frontera con Estados Unidos a la espera de una cita para pedir asilo en ese país.
