null: nullpx
En Primera Persona

Silencio y ausencia del Estado: la peligrosa frontera donde fueron asesinados los periodistas ecuatorianos

Mataje es la población ecuatoriana donde en marzo pasado secuestraron a los tres miembros de un equipo periodístico que después fueron asesinados. La periodista Soraya Constante* viajó a ese caserío donde viven 90 familias para ver cómo es esa frontera común entre Ecuador y Colombia que no pudieron contar los trabajadores del diario El Comercio.
20 Ago 2018 – 11:47 AM EDT
Comparte
Militares del ejército ecuatoriano, patrullan en los alrededores de Mataje. Crédito: Edu León

MATAJE, Ecuador. - El gobierno colombiano ha ido capturando uno a uno a los integrantes del grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Oliver Sinisterra que supuestamente secuestraron y mataron al equipo periodístico ecuatoriano del diario El Comercio. Sus testimonios han permitido conocer detalles de la captura, el cautiverio y el asesinato del periodista el fotógrafo y el chofer. El inicio de todo fue Mataje, la población fronteriza ecuatoriana que está a escasos 100 metros de Colombia. Allí, el equipo cayó en una trampa el pasado 26 de marzo.

Según las autoridades de Colombia, Alias ‘Roberto’, un ecuatoriano, detenido en Colombia el 5 de agosto, fue el encargado de engañar a los periodistas y guiarlos hasta el lado colombiano de la frontera. Este hombre, que fue presentado por la policía como un miliciano más, se llama Jesús Alfredo Segura Arroyo. Era un vecino de Mataje, padre de tres niños, que fue reclutado por las fuerzas irregulares.

Mataje, según informes de inteligencia ecuatoriana, es un caserío de 90 familias que ha sido señalado como uno de los sitios por donde se movía alias ‘Guacho’, el ecuatoriano señalado como líder del frente Oliver Sinisterra. Una de las propiedades que frecuentaba era la casa de su madre: una construcción de cemento de dos plantas que poseía un circuito interno y externo de cámaras de vigilancia.


Las pocas autoridades que han ido a la zona luego del secuestro de los trabajadores de El Comercio lo hacen con un gran despliegue de seguridad. Para un acto tan inocente como la inauguración del año lectivo, que se hizo a finales de abril, se usaron tanquetas de guerra. Los periodistas que quieren acercarse a la zona, ahora que se levantó el estado de excepción que se impuso en enero después de un ataque a una estación policial, lo pueden hacer pero “bajo su responsabilidad”. Y tras la experiencia de los tres colegas asesinados, todos se lo piensan.


En un intento por levantar información en la zona, un colectivo de periodistas pidió información y apoyo a entidades del Estado. El Ministerio de Defensa no contestó y la Secretaría de Comunicación informó que el control lo tienen las Fuerzas Armadas y que informan en cada puesto de control. Esto no ocurrió. Se limitan a identificar a quien llega. Ya en San Lorenzo (la población urbana más grande de la frontera, que dista a 30 kilómetros de Mataje) dimos con un jefe militar que tenía 40 días en la zona. Hablamos de seguridad, en un diálogo sin cámaras ni grabadoras. "¿Cómo se sienten ustedes?, ¿se sienten inseguros?", pregunta el militar y enseguida afirma que “Ya todo está tranquilo”.

Un día después, en Mataje es imposible sentir esa tranquilidad. Un contingente militar, con dron incluido, se adelanta para “asegurar la zona”. El jefe militar que nos franqueó la entrada avanza con una pistola en mano. “Por si acaso tenga que repeler un ataque”, se justifica. La visita no tardará más de 10 minutos, tiempo en el que se evidencia que el caserío le ha dado la espalda a las fuerzas regulares.

Unas mujeres que lavan su ropa en un arroyuelo y no sueltan ni media palabra. Un joven que carga a un niño cambia de acera para evitar encontrarse con los militares y los periodistas. Nadie responde tan siquiera el saludo. Nadie quiere ser fotografiado o filmado. Incluso elevan el volumen de la música que suena en el poblado. Dicen los militares que es una señal para avisar al otro lado de la frontera que hay presencia militar. A veces encienden motosierras con el mismo objetivo.


El dispensario médico es uno de los puntos que controlan las fuerzas regulares de Ecuador. Los sanitarios entran y salen del poblado, y cumplen su jornada con vigilancia militar. Una médico venezolana está a cargo del personal dice sentirse segura y da algunos detalles de sus pacientes. “Atendemos a gente de Ecuador y de Colombia”, cuenta y recuerda que hace como tres semanas atendió a un herido de bala. “Era un ecuatoriano que llegó de Colombia con un disparo en el muslo, lo estabilizamos y trasladamos a San Lorenzo”. Hasta allí llega su labor.

A la escuela del caserío no nos acercamos, allí no hay militares, solo gente local. Los antiguos docentes no volvieron luego del secuestro de los periodistas y en su lugar fueron contratados tres jóvenes de la zona que terminaron el colegio. El jefe militar cuenta que un niño de la escuela le sentenció a muerte: “Si matas a Guacho, yo te mato a ti”.

La parada final de la visita es el puente sobre el río Mataje que se construyó en el gobierno de Rafael Correa y que choca con una peña en el lado colombiano. Desde allí se pueden ver las plantaciones de coca que están en el lado colombiano y el jefe militar insiste en que el problema está allá, detrás del rótulo que dice: “Bienvenido a Colombia”.

Es inevitable preguntarse si será posible recuperar la frontera. Una frontera con los servicios básicos intermitentes y que echa mano de las redes telefónicas de Colombia para comunicarse con el resto del país. Una frontera donde la oferta de emplearse en algún punto de la cadena del narcotráfico es mucho más tentadora que trabajar en la palmicultura o la pesca que paga muy mal.

Loading
Cargando galería


* Soraya Constante forma parte de una alianza periodística entre Ecuador y Colombia para contar la frontera común entre ambos países sobre la que no pudieron reportar los trabajadores de El Comercio.


Comparte

Más contenido de tu interés