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Detector de Mentiras

Verificación de datos “oficial”: una peligrosa iniciativa en México y Brasil

Lula da Silva siguió los pasos de López Obrador y lanzó una plataforma gubernamental para "enfrentar la desinformación". Sin metodología, poco transparente y parcializada, es una idea inaceptable. En esta edición de “Crónicas de la desinformación” te contamos por qué.
Publicado 2 Abr 2023 – 10:54 AM EDT | Actualizado 2 Abr 2023 – 10:54 AM EDT
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"Los factores de poder no pueden ofrecer verificación sobre informaciones y datos que los afectan". Crédito: Getty Images. Arte: Arlene Fioravanti.

Para que uno pueda creer en el trabajo de verificación de datos, los que lo ofrecen deben –necesariamente– ser transparentes y sobre todo apartidistas. Desafortunadamente, en América Latina, parece que se ha puesto de moda ver a políticos y/o partidos invitando a los ciudadanos a visitar "sus plataformas de fact-checking".

Esto es un engaño. No caigas en esta trampa.

El pasado domingo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, publicó un tuit de cuatro frases que dejó a quienes luchan contra la desinformación en América Latina con los pelos de punta.

"Brasil ha sufrido mucho con las mentiras vistas en las redes sociales en los últimos años. Tenemos que fortalecer una red de la verdad. El gobierno lanzó esta semana una plataforma de verificación de datos y de combate a la desinformación. #BrasilContraFake", escribió.

Nadie cuestiona las dos primeras observaciones del líder izquierdista brasileño. Su país realmente vio el impacto de la desinformación masiva el pasado 8 de enero, cuando –de forma semejante a lo que pasó en Washington DC en 2021– miles de personas invadieron el Congreso, la Suprema Corte y el Palacio de Gobierno, creyendo en las noticias falsas que afirmaban que las elecciones habían sido fraudulentas.

Pero Lula se equivoca gravemente al celebrar que su gobierno ahora tenga una iniciativa de fact-checking. La idea es absurda y extremadamente peligrosa.

Los factores de poder no pueden ofrecer verificación sobre informaciones y datos que los afectan. Para que eso sea válido, es necesario que lo haga un equipo independiente. Lo demás es propaganda oficial disfrazada.

Desde 2016, el Código de Ética de la Red Internacional de Verificadores de Datos (la IFCN, por sus siglas en inglés) establece una serie de reglas claras para el trabajo de los fact-checkers. El objetivo es evitar que haya fact-checking de mala calidad –algo que empeoraría aún más el ya dramático escenario desinformativo en el que vivimos.

Para la IFCN, es indispensable que los fact-checkers sean transparentes en al menos tres aspectos: en la metodología que utilizan para escoger qué van (y qué no van) a chequear; en las fuentes que utilizan para determinar el grado de veracidad de las informaciones que analizan y en sus fuentes de financiación –para evitar que haya conflictos de interés en el camino de la más pura verdad factual.

Además de esto, la IFCN también exige de aquellos que se proponen hacer verificación de datos de forma honesta que tengan una política pública de corrección (para utilizar siempre y cuando se equivoquen) y que no sean partidistas.

Eso explica el susto que se llevó la comunidad de fact-checkers esta semana. Rompiendo todas las reglas del trabajo de verificación de datos, el gobierno brasileño busca asumir el papel de dueño de la verdad y está dispuesto a usar toda la maquinaria de Brasilia (más unos 5 millones de dólares de presupuesto) para distribuirlas.

Quienes cliquearon en el enlace ofrecido por Lula en su tuit del domingo encontraron un trabajo 100% alineado con los intereses de su gobierno. Una defensa de ministros y ministerios. La vieja y conocida propaganda política –de esta vez, empaquetada como la verdad.

Es la llegada al país más grande de América Latina de la peligrosa ola que ya se ha visto en México, Colombia, Perú y Ecuador. Algo contra lo que debemos alzar nuestra voz.

Datos recolectados esta semana por los miembros de LatamChequea, la red de verificadores de datos profesionales que reúne a más de 30 iniciativas de fact-checking en Latinoamérica, demuestran que los políticos de la región buscan dejar de ser tema de las verificaciones para pasar a ser sus productores. Y que están dispuestos a usar recursos públicos en esto.

El gobierno mexicano, por ejemplo, mantiene en internet dos plataformas que usan las famosas etiquetas de verdadero y falso para ofrecer a los ciudadanos propaganda.

Infodemia, lanzada en 2020, es una iniciativa del sistema público de radiodifusión del estado de México dedicada a amplificar las "verdades" del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Sea en formato de audio, video o texto.

’Quién es quién’ es una especie de sección en la famosa "mañanera" que el político ofrece en directo, por las redes, todos los días. Pasó a ser un espacio utilizado por AMLO para incluso atacar a la prensa que investiga su administración.

En noviembre del año pasado, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) hizo un análisis sobre la calidad del trabajo ofrecido por esas dos iniciativas mexicanas y reveló que los chequeos de Infodemia y ‘Quién es Quién’ suelen manipular hechos en favor del gobierno y del partido oficialista Morena. También consumen dinero público para funcionar y se aprovechan del sofisticado aparato de propaganda oficial.

En Perú y en Colombia, las incursiones del poder en el universo del fact-checking también existieron, pero fueron puntuales.

Los organismos electorales peruanos (autónomos, pero parte del Estado) lanzaron páginas con "verdades" sobre las elecciones en 2021. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), fueron 217 "chequeos", una labor que "alcanzó mucha audiencia a nivel de plataformas digitales". En privado, los verificadores reclaman por la baja calidad de la información ofrecida.

En Colombia, una iniciativa de chequeo gubernamental se mantuvo activa durante el paro de 2021 y llegó incluso a difundir la narrativa de que los verificadores eran en realidad los verdaderos desinformadores en acción. ColombiaCheck reaccionó explicando en detalle cómo realiza su trabajo.

Y en Ecuador si no fuera por la acción inmediata de los verificadores locales, el gobierno tendría también su página de "verdades". En un editorial muy impactante, María Sol Borja, editora política de GK, subrayó que el fact-checking tiene como ingrediente indispensable ser independiente del poder. Y que el poder jamás podría ejecutar una verificación de calidad.

Para los que viven en Estados Unidos, toda esta charla puede parecer lejana y fuera de contexto. Pero no lo es. Desde 2016, políticos en campaña usan el fact-checking como arma para conseguir votos. Hillary Clinton dedicó la homepage de su sitio a esto. Y nada indica que no habrá "fact-checking partidista" en 2024.

Imaginemos ahora cómo sería la reacción de los estadounidenses si el presidente Joe Biden, en disputa por la reelección, asumiera el papel de verificador de datos nacional y pusiera toda la maquinaria de la Casa Blanca para repartir sus verdades. ¿Quiénes en Estados Unidos se callarían? ¿Quiénes aceptarían? Dedícale unos minutos a esa reflexión.

Cristina Tardáguila es directora de ICFJ y fundadora de Lupa.

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