Maduro elige su Constituyente y la oposición resiste en las calles de Venezuela
El día ha llegado. Pasando por encima del rechazo de la comunidad internacional y las protestas de la oposición, el presidente Nicolás Maduro realiza este domingo las elecciones para instalar una Asamblea Constituyente que le permitirá reescribir la Constitución, cerrar el Parlamento y diseñar un Estado a su medida.
En esta última semana, el gobierno chavista y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) retomaron los contactos para tratar de alcanzar una salida consensuada a la crisis, contando con la mediación del expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Como en ocasiones anteriores, el esfuerzo terminó en un estruendoso fracaso.
Zapatero reconoció este sábado, a través de un comunicado, que las partes no lograron “fijar nuevas reglas y garantías para que la Asamblea Constituyente se comprometa de forma inequívoca con el respeto a los principios de la República, a los poderes constitucionales y al sufragio universal como fuente exclusiva de legitimación del poder”.
Maduro jamás preguntó a los venezolanos, por medio de un referendo consultivo, si apoyaban o no su iniciativa, trasgrediendo así el artículo 347 de la Carta Magna.
Posteriormente, estableció unas condiciones electorales que le garantizan la mayoría del cuerpo de 545 miembros, diseñando un voto “sectorizado” que atenta contra el sufragio universal y aumenta la representación de las comunidades y organizaciones sociales controladas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La disidencia resolvió abstenerse de participar en este proceso por considerarlo “fraudulento”.
El rector Luis Emilio Rondón, solitario representante de la oposición en el quinteto directivo del Consejo Nacional Electoral, advirtió que por la falta de inspecciones y el “debilitamiento de los controles técnicos”, ni siquiera se puede garantizar que las personas solo voten una vez, lo que facilitaría al chavismo manipular los resultados e “inflar” el total de participantes para legitimar su causa.
“El balance es un proceso sin convocatoria por el pueblo, que se lleva a cabo con menos auditorías, utilizando subregistros electorales, sin respetar la proporcionalidad, la universalidad del voto ni la personalización del sufragio”, enumeró Rondón las desviaciones.
Los testimonios de funcionarios públicos que señalan haber sido presionados para sufragar este domingo también empañan la transparencia del proceso.
“Se amenaza a las personas para que vayan a votar por la Constituyente, cuando el voto debe ser libre, se amenaza con que se va a quitar la bolsa CLAP (alimentos a precios subsidiados que reparte el gobierno), el carnet de la Patria (documento para tener acceso a los programas sociales), las casas, las misiones (programas sociales)”, alertó la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, figura emblemática del oficialismo que se distanció del Ejecutivo a finales de marzo tras denunciar la “ruptura del orden constitucional”.
Censura mundial
En su empeño por cambiar las reglas del juego democrático, la revolución chavista no solo ha chocado con la resistencia interna. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que tomaría “fuertes y rápidas acciones económicas” contra Caracas si insistía en activar la Constituyente, y el Departamento del Tesoro sancionó el miércoles a 13 altos cargos del régimen, incluida la jefa del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, por estar “asociados con las elecciones o quebrantar la democracia, así como con la violencia generalizada contra manifestantes de la oposición y corrupción”.
La condena contra el oficialismo se ha extendido a escala global. La Unión Europea admitió que también podría aplicar sanciones a Venezuela, al tiempo que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luisa Almagro, y los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú solicitaron formalmente suspender la votación de este domingo. “Esa Asamblea Constituyente tiene un origen espurio y, por consiguiente, sus resultados, tampoco podremos reconocerlos”, adelantó el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos.
Maduro ha respondido a los cuestionamientos con insultos y provocaciones. A Santos lo tildó de “vasallo” del “emperador Donald Trump”. Al gobierno del mexicano Enrique Peña Nieto lo tachó de “entreguista y asesino”. Y a los 13 funcionarios castigados por el Departamento del Tesoro les regaló una réplica de la espada del libertador Simón Bolívar, luego de ratificar que la Constituyente está vigente “ahora más que nunca”.
Choque definitivo
Maduro repite que la Constituyente “impondrá” la paz; sin embargo, su propuesta le ha echado más leña al fuego a la protesta que comenzó en abril y ya arroja un saldo de 113 muertos. Declarada en desobediencia civil y desafiando un decreto que prohíbe las manifestaciones públicas, la oposición convocó este domingo a una gran marcha en Caracas y “trancazos” –cierre de vías- en el interior de la República.
El primer vicepresidente del Parlamento y portavoz de la MUD, Freddy Guevara, llamó a sus simpatizantes a evitar cualquier enfrentamiento con los chavistas que sufragarán este domingo, y enfatizó que no cederán ante la embestida de la “dictadura”. “A partir del lunes se triplica la presión y viene una etapa de mayor movilización”, anunció Guevara, a quien recientemente Maduro amenazó con cárcel.
La instalación de la Constituyente marca un punto de inflexión en el conflicto venezolano. El jefe de Estado ha señalado que la utilizará para clausurar el Poder Legislativo, arrestar a la dirigencia opositora por “golpista” y “terrorista”, y remover a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
En una especie de anticipo de la etapa que se inaugura este domingo, el gobierno arreció la represión esta semana, deteniendo a tres magistrados designados por la Asamblea Nacional y a dos alcaldes opositores. Entre miércoles y jueves, durante el paro cívico de 48 horas que impulsó la disidencia, una decena de personas fueron asesinadas por las fuerzas represivas, según reportaron organizaciones de la sociedad civil.
En distintas ciudades del país, soldados y policías atacaron conjuntos residenciales, derribando portones y disparando bombas lacrimógenas y perdigones para silenciar el descontento de los vecinos.
El plan de Maduro se sostiene básicamente por el respaldo de la Fuerza Armada Nacional, que en voz del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ha cerrado filas con la Constituyente, pues a su juicio se trata de una “acción que busca el diálogo para la convivencia y preservación de la paz”.
A pesar de que el oficialismo avanza como un buldócer, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, destacó que el “levantamiento democrático” que encabezan “ha dado sus frutos”, sumando en un frente común a la oposición tradicional, la comunidad internacional y el chavismo “no madurista”, que tiene en la fiscal Ortega Díaz a su máximo exponente. Igualmente, el controvertido diputado del PSUV, Hugo Carvajal, antiguo jefe de inteligencia militar que está en la “lista negra” del Departamento del Tesoro por sus supuestos vínculos con la guerrilla colombiana y el narcotráfico, también se alejó del mandatario venezolano y expresó su desacuerdo con la Constituyente.
Apuntalado por los militares y con todo el poder en sus manos a partir de este domingo para disolver la República, Maduro parece tener la partida ganada. No obstante, el jefe del Parlamento cree que el régimen chavista está cavando su propia fosa al provocar el choque definitivo. “Con el paso que da este domingo, la dictadura lo que está haciendo es acelerar su caída del poder”, sentenció Borges.
