Denuncian presuntas maniobras fraudulentas para excluir a inversionistas de un multimillonario contrato de explotación de gas en Colombia
El gobierno de Colombia está estudiando la aprobación de la cesión de un contrato de explotación gasífera por 254 millones de dólares en medio de acusaciones de presuntas maniobras fraudulentas para excluir a inversionistas de la negociación, según documentos y testimonios obtenidos por Univision Investiga.
Entre los documentos se encuentra una denuncia por prevaricato por omisión contra Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), entidad gubernamental que debe aprobar la cesión.
La denuncia ante la Fiscalía Nacional de Colombia en febrero pasado sostiene que Velandia y dos vicepresidentas de la ANH ignoraron los señalamientos de los supuestos actos fraudulentos reportados por los afectados para que se tomaran medidas correctivas. La ANH ha sostenido que los denunciantes no figuran en el consorcio que cedería el contrato a una empresa francesa.
Agrega la denuncia que Cleanenergy Resources, SAS, una de las empresas que resultaría favorecida con la aprobación de la cesión “presentó documentos falsos y alterados” y que hubo “una estrategia de encubrimiento” de NG Energy, la empresa matriz de una subsidiaria que domina el consorcio.
También cursan dos litigios en Panamá, uno penal por estafa y otro civil, para que se anulen actas presuntamente falsificadas. La Procuraduría General de Colombia ha pedido a Velandia que responda a una solicitud de los afectados para que se suspendan los trámites hasta tanto no se resuelvan los litigios judiciales y se aclaren las discrepancias en los porcentajes de participación.
Las quejas han sido presentadas también ante la Presidencia de la República Colombia y la Contraloría General.
“Nadie nos quiere dar la cara”, dijo a Univision Felipe Pimienta Barrios uno de los socios que se declaró afectado por las maniobras de las empresas y las omisiones de la ANH. “Nadie dice nada, es aún más preocupante, total silencio habiendo tantas pruebas”, agregó
En la acusación penal de Panamá se alega que un accionista alteró actas de una junta de socios para simular la aprobación de contratos y anular fraudulentamente la participación de varios de ellos.
El contrato sometido a la aprobación de ANH contempla la cesión de un 61 por ciento de la participación del consorcio en el bloque gasífero Sinú 9 a la firma francesa Maurel & Prom (M&P).
El bloque, situado en un área de 1,260 kilómetros cuadrados en el departamento de Córdoba, al norte de Colombia, es considerado uno de los yacimientos de gas natural más importantes del país por su capacidad de producción.
La sombra de Iacono
De acuerdo con información entregada por ANH a Univision Investiga el consorcio está dominado con un 51 por ciento por Mkms Enerji Anomin Sirketi S.A. Esta firma es una subsidiaria de la canadiense NG Energy International cuya plana mayor de directivos está compuesta en su mayoría por ex ejecutivos de Pacific Rubiales, una petrolera que se fue a pique en Colombia en 2015 tras una época de bonanza y de grandes influencias políticas.
La migración de ejecutivos de la antigua empresa a la nueva llevó a la publicación especializada Primera Página a referirse a NG Energy International como “La nueva Pacific de Serafino Iacono”.
Iacono es un empresario petrolero venezolano que fue socio de Pacific Rubiales y es accionista de NG Energy. El empresario ha sido mencionado en una investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación al presidente de la estatal petrolera Ecopetrol Ricardo Roa por un posible conflicto de intereses.
De acuerdo con el comunicado de la Procuraduría que anunció la apertura de la investigación en junio pasado, antes de posesionarse como presidente de la petrolera Roa compró un lujoso apartamento en Bogotá a una empresa de la cual Iacono es el representante legal.
La empresa tiene negocios con Ecopetrol, según el mismo comunicado. De acuerdo con el diario El Tiempo y el periodista colombiano Daniel Coronell el precio del apartamento fue comparativamente bajo.
“[Roa] compró a precio de ganga”, escribió Coronell.
Ecopetrol, que cotiza en la bolsa de Nueva York, ya reportó la investigación en Colombia a sus accionistas en un reciente informe ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission). Allí se hizo la salvedad de que Roa adquirió la propiedad meses antes de ser nombrado presidente de Ecopetrol.
El domingo antepasado Coronell reveló que Ecopetrol contrató a la firma Covington & Burling LLP para estudiar casos que envuelven a Roa y que podrían llevar a la SEC a pedir explicaciones por posibles violaciones de la ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA).
Al hacer la síntesis de los casos la firma de abogados reveló que hay una posible conexión entre la compra del apartamento y el negocio de Bloque Sinú 9.
Allí se lee: “Compra de un apartamento por parte del Dr. Ricardo Roa a empresa presuntamente vinculada a Serafino Iacono y potencial beneficio indebido en relación con el Bloque Sinú 9”.
En otro informe la firma de abogados señaló que cuatro días antes de que Roa asumiera la presidencia de Ecopetrol, una subsidiaria de esta empresa firmó un acuerdo de confidencialidad con la subsidiaria de NG Energy (empresa vinculada a Iacono) “y acordaron -entre otras cosas- compartir la información para evaluar la potencial compra del Bloque Sinu 9”.
Iacono no se ha pronunciado públicamente sobre la investigación de la Procuraduría ni respecto a los informes de Covington & Burling.
Univision envió un cuestionario al representante legal de la subsidiaria de NG Energy que participa en la cesión con copia a esta casa matriz, pero no ha recibido respuesta.
Roa explicó a la revista Semana que cuando compró el apartamento no sabía que sería nombrado presidente de Ecopetrol. “Nunca durante la negociación supe que el dueño de esto era el señor Serafino Iacono”, afirmó
La ANH es un organismo oficial que se encarga de administrar y regular la exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia mientras que Ecopetrol es una empresa también estatal que explota y comercializa petróleo y gas.
Transacciones cuestionadas
Otra de las empresas que también ha sido cuestionada es la firma colombiana Cleanergy Resources S.A.S (Cerex) que figura con un 34 por ciento de participación en el consorcio.
Los afectados sostienen que la firma ocultó al gobierno ventas de acciones y se prestó para efectuar transacciones simuladas. Cerex es propiedad de los colombianos William Blackburn Moreno y Benito Vega.
Univision envió un cuestionario a Blackburn para compartir con Vega. Los empresarios no respondieron las preguntas específicas.
“Al revisar su cuestionario, le confirmo que Clean (sic) siempre ha actuado conforme a la ley y ha cumplido sus obligaciones contractuales”, escribió Blackburn.
El ejecutivo agregó que, respecto a las demás afirmaciones, sin especificar cuáles, “no hemos sido notificados por ninguna autoridad y consideramos que corresponde a las autoridades competentes pronunciarse sobre ellas”.
En síntesis, el consorcio que reconoce el gobierno colombiano como potencial beneficiario de la cesión está formado por:
- Cleanergy Resources S.A.S con un 34 por ciento de los intereses del contrato, siendo esta la empresa operadora.
- Mkms Enerji Anomin Sirketti S.A. con un 51 por ciento y,
- Desarrolladora Oleum S.A de C.V con un 15 por ciento.
En respuesta a una solicitud de Univision Investiga de febrero de 2025 Velandia, presidente de la ANH, afirmó que esa agencia no había recibido ninguna queja “de la presunta ejecución de maniobras fraudulentas tendientes a modificar la parte contratista”.
Sin embargo, Univision conoció una carta del 11 de octubre de 2024 en la que los empresarios afectados advertían a la ANH, a través de la firma de abogados Miller & Chavalie, de una posible acción legal derivada de las supuestas irregularidades que descubrieron en las operaciones secretas realizadas por sus socios para excluirlos del contrato.
La denuncia penal en Colombia sostiene que “de manera constante y en múltiples ocasiones se alertó formalmente ante la ANH los actos fraudulentos […] mediante derechos de petición en donde se evidenciaba las irregularidades”.
En esas irregularidades, agrega la denuncia, estaba “la falsificación de porcentajes de participación en el bloque Sinú, los pagos simulados a Cleanenergy Resources y los conflictos de intereses de funcionarios”.
En su primera respuesta a Univision, Velandia señaló que en los registros de la agencia no consta que la empresa First Global Marketing (FGM) sea parte del consorcio. FGM aglutina a algunos de los socios denunciantes de las presuntas maniobras fraudulentas.
Los denunciantes aseguraron a Univision que tienen pruebas fehacientes para demostrar su participación en el contrato de exploración y explotación del yacimiento de gas. Una de ellas, compartida con Univision, es un correo electrónico el que se anexó un contrato de participación en el negocio.
La ANH ha mantenido la posición ante los empresarios que se sienten afectados de que “no tiene competencia para conocer acuerdos privados entre particulares”.
De hecho, en una respuesta que les envió a los reclamantes en julio alegó que la ANH “no tiene la potestad de vincular a terceros que no tienen una posición contractual en el contrato”. Tampoco está en capacidad de reconocerles un porcentaje en el contrato, agregó.
Univision insistió a Velandia con una nueva solicitud en julio pasado para actualizar la situación. La ANH respondió que había recibido el derecho de petición que los apoderados de FGM presentaron a la Delegada Ambiental, Minero Energético y Agraria de la Procuraduría. La respuesta se dará dentro de los plazos que señala la ley, agregó.
Historia compleja
La historia de la cuestionada operación es intrincada debido a los sucesivos cambios de nombres de las empresas involucradas y el tipo de operaciones.
Univision Investiga reconstruyó el pleito basándose en documentos y entrevistas. Esto es lo que se sabe: en octubre de 2014 Cleanenergy Resources (Cerex) y la panameña Santa María Petróleo (SMP) suscribieron un acuerdo privado para participar en la licitación del Bloque Sinú 9. El acuerdo está citado por SMP en sus querellas.
La firma se comprometió a contribuir con la capacidad financiera a cambio de una participación del 60 por ciento. El 40 por ciento restante estaría en cabeza de Cerex, agregan.
En agosto de ese mismo año ANH del gobierno de Colombia adjudicó el contrato a Cerex y SMP asumió su papel de financiadora del proyecto.
Los socios celebraron en Cartagena en la casa de Francisco Torres Jácome, uno de los accionistas de SMP, lo que se sería uno de los mejores negocios de sus vidas.
Pero la dicha fue corta para la mayoría de los contertulios. Un año después, en noviembre de 2015, según los alegatos, Cerex vendió el 100 por ciento de su participación a otra firma sin consultar a sus socios de SMP y sin pedir autorización de la venta a la ANH. La firma compradora fue identificada como la mexicana Desarrolladora Oleum S.A de C.V.
Agregan los demandantes que como el negocio no prosperó con la sociedad mexicana en enero de 2017 Cerex transfirió el 72 por ciento de su participación a NG Energy quedando solo con el 13 por ciento. A pesar de esta significativa reducción Cerex declaró en forma “falsa” al gobierno que mantenía el 34 por ciento, afirman los afectados.
“CEREX presentó documentos falsos y alterados ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en los que afirmaba tener un 34% de participación en el contrato SINÚ-9, cuando en realidad solo tenía un 7.8%”, afirma la denuncia penal en Colombia.
En enero de 2017, SMP traspasó su derecho del 60 por ciento sobre Sinú-9 a la sociedad panameña First Global Marketing Corporation (FGM) que está compuesta por cinco empresas.
Maniobras en Panamá
Los demandantes sostienen que para darle apariencia de legalidad a algunas de las transacciones ilícitas que los afectaron, Torres Jácome, socio de FGM, los traicionó ejecutando una serie de maniobras para excluirlos del contrato.
Las artimañas consistieron, sostiene las denuncias penales en Colombia y Panamá, en certificar falsamente que la junta general de accionistas de FGM había aprobado la celebración de un contrato con Cerex; simular un acuerdo para dos ventas ilegales; cambiar la composición de la junta designando nuevos directivos y acreditar la participación de ejecutivos que no estaban presentes en las sesiones supuestamente celebradas en Panamá.
También lo denunciaron por presuntamente apoderarse de las acciones de los socios sin que mediara ningún acuerdo.
“Los accionistas de la sociedad First Global Marketing nunca se enteraron ni dieron su consentimiento para tales actos sociales ni aprobaron las decisiones de supuestas reuniones tanto de accionistas como de directiva”, alega la demanda presentada ante el Primer Circuito Judicial de Panamá.
Torres, empresario colombiano con domicilio en Bogotá, no respondió solicitudes de entrevista de Univision Investiga.
Pimienta sostuvo en la denuncia penal que se cometieron los presuntos delitos de falsedad documental privada, prevaricato por omisión, falsedad procesal y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
“Permitir la cesión del contrato dejaría al Estado sin su principal garantía —el propio contrato— y sin un responsable solvente a quien reclamar el perjuicio fiscal”, dijo otro de los presuntos afectados que pidió no ser identificado. “Ante este panorama, surge la pregunta: ¿por qué la ANH parece decidida a aprobar la multimillonaria cesión en lugar de esperar los resultados de la investigación de la Contraloría el 15 de diciembre de 2025.