La legalidad de los aranceles de Trump es puesta a prueba en una corte de apelaciones

Los tratos de aranceles que el presidente Donald Trump se ha apurado a alcanzar, antes de que llegue este viernes su plazo autoimpuesto, afrontaron este jueves una primera prueba en una corte de apelaciones.

Ese tribunal escuchó hoy los argumentos de los abogados del gobierno y de un grupo de estados y empresarios que cuestionaron la legalidad de dos decretos en los que Trump impuso tarifas a socios comerciales clave.

La decisión —posiblemente en las próximas semanas— de esta corte es crucial porque una de las órdenes ejecutivas en jaque es la de los llamados 'aranceles recíprocos' con los que el mandatario gravó con una tasa general de 10% los productos que entren a Estados Unidos y con porcentajes distintos, y en algunos casos muy altos, los bienes de decenas de países.

La otra orden retada en cortes es la que impuso aranceles a México, Canadá y China bajo el argumento de que las medidas de esas naciones son insuficientes para frenar el flujo de inmigrantes y fentanilo hacia Estados Unidos.

Una corte comercial de Nueva York había determinado en mayo que Trump excedió su autoridad con estos decretos y los frenó. Pero poco después, la corte de apelaciones los mantuvo en vigor hasta que los evalúa a fondo.

Otra decisión en contra de los decretos de Trump pondría un signo de interrogación a los acuerdos preliminares que han anunciado Trump y su gobierno en las últimas semanas. Faltando horas para la fecha límite del 1 de agosto que él mismo puso han sido informados aranceles altísimos de 50% a Brasil y de 25% a India. Hace unos días fueron informados pactos preliminares con la Unión Europea, Japón y Corea del Sur.

Este caso también podría llegar hasta la Corte Suprema, donde los magistrados conservadores han dado victorias legales a Trump en lo que va de este segundo gobierno.

Qué se cuestiona en los decretos arancelarios de Trump

Los 11 jueces del tribunal apelativo de Washington DC cuestionaron, de forma por momentos puntillosa, a Brett Shumate, vicefiscal general que representa al gobierno. En el centro de sus preguntas estuvo la declaración de emergencia nacional con la que Trump justificó los decretos arancelarios que han sido una pieza clave de lo que va de su segundo mandato para "presionar" a otros gobiernos.

Fueron órdenes ejecutivas en las que el presidente invocó en específico la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 o IEEPA por su sigla en inglés.

Shumate argumentó que la ley IEEPA le concede autoridad "extraordinaria" al presidente y que dentro de esa autoridad puede entonces imponer aranceles para abordar asuntos comerciales.

El abogado de las empresas demantantes, Neal Katyal, esgrimió que la ley IEEPA no abre paso a fijar aranceles porque eso le corresponde al Congreso, no al presidente.

Al respecto, los jueces de la corte comercial de Nueva York habían decidido dos cosas en mayo: que los aranceles 'recíprocos' "exceden cualquier autoridad que la ley confiere al presidente para regular las importaciones usando aranceles"; y que los aranceles para frenar el flujo de fentanilo hacia el país "no abordan las amenazas esgrimidas en esas órdenes ejecutivas".

En su documento de casi 50 páginas, los jueces recalcaron varias veces que permitir que Trump imponga aranceles en la forma que la que lo hizo significaría una delegación "inconstitucional" del Poder Legislativo. "Una delegación sin límites de la autoridad para imponer aranceles constituiría una abdicación impropia del Poder Legislativo a otra rama del gobierno (...) Cualquier interpretación de que (la ley) IEEPA delega una autoridad arancelaria ilimitada es inconstitucional", se lee en el documento con la decisión de los jueces.

Yendo un poco más al detalle de esa ley, los jueces consideraron que la frase "regular importaciones" que contiene esa legislación tampoco equivale a que el presidente "puede imponer las tasas de aranceles que considere deseables. De hecho, esa lectura crearía una delegación inconstitucional de poder", precisaron.

Con su decisión, el tribunal acogió parte de los argumentos que presentaron los estados demandantes la semana pasada: que la Ley IEEPA no da pie a imponer aranceles; que, si se invoca esa ley, lo que haga el gobierno tiene que guardar relación con la emergencia que esté afrontando; y que debe usarse solo cuando sea algo "inusual y extraordinario".

Trump también ha firmado decretos imponiendo o endureciendo aranceles a sectores específicos, como el de los autos y sus partes. Esas órdenes no han sido retadas en estas demandas.

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