Gobierno de Biden resalta éxito de medidas en la frontera con drástica disminución de cruces ilegales
Las recientes medidas implementadas en la frontera sur por el gobierno de Estados Unidos generaron una drástica disminución de cruces ilegales de ciudadanos cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en las últimas semanas, según informó este miércoles el Departamento de Seguridad Nacional a través de un comunicado.
El documento señala que los datos registrados en el mes de enero están cerca de los niveles más bajos desde febrero de 2021.
Esta nueva política, implementada a partir del pasado 5 de enero, permite la entrada al país de hasta 30,000 inmigrantes procedentes de Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, su ingreso solo puede ser autorizado a través de un patrocinador estadounidense o que tenga un estatus de permanencia legal en Estados Unidos.
Los datos se hicieron públicos justo un día después de que una veintena de estados republicanos presentaron una demanda contra el gobierno de EEUU asegurando que esta nueva medida “carece de las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso”.
La política implementada también ha generado molestia entre algunos miembros del partido demócrata.
Cruces fronterizos disminuyeron 97%
Las cifras preliminares de enero muestran que los encuentros de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos con la Patrulla Fronteriza cuando cruzan sin documentos por los puertos de entrada en la frontera suroeste disminuyeron un 97% en comparación con diciembre.
Los cruces de personas con estas nacionalidades cayeron de 3,367 por día el 11 de diciembre a un promedio de 115 el martes 24 de enero.
“Estas medidas ampliadas de aplicación de la ley en la frontera están funcionando”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas al referirse a la aplicación del Título 42, su expulsión expedita y con la posibilidad de enfrentar castigos de hasta cinco años sin poder ingresar legalmente al país.
“Es incomprensible que algunos estados que se beneficiarán de estas medidas de aplicación altamente efectivas estén tratando de bloquearlas y causar más migración irregular en nuestra frontera sur”, señala el comunicado.
Las nuevas medidas se basan en el modelo utilizado anteriormente para las personas que huyen de Venezuela, Ucrania y Afganistán.
“Desde que se anunció el programa de libertad condicional para ciudadanos venezolanos, la cantidad de personas de Venezuela que intentan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos ha seguido disminuyendo significativamente, incluso cuando los encuentros fronterizos generales aumentaron en diciembre debido a que los contrabandistas difundieron información errónea”, refiere el documento.
"La cantidad de venezolanos encontrados en la frontera suroeste se redujo de aproximadamente 1,100 por día la semana anterior a que se anunciara ese proceso, a un promedio de 100 por día en enero", agrega el comunicado publicado este miércoles.
El descontento y demandas de republicanos
El martes de esta semana, una veintena de estados republicanos presentaron una demanda ante la Corte de Distrito del Sur de Texas, en Victoria, en la que se alega que el gobierno, a través del Departamento de seguridad Nacional (DHS), “bajo el pretexto de impedir que los extranjeros crucen ilegalmente la frontera entre puertos de entrada, ha creado efectivamente un nuevo programa de visas sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso”.
Los estados contrarios al programa señalan que “el plan del DHS permite que extranjeros en sus países de origen puedan obtener una autorización anticipada para ingresar a Estados Unidos, a pesar de que no haya otra base legal para que lo hagan”.
“El programa de libertad condicional establecido por el DHS falla en cada uno de los tres factores limitantes de la ley. No es caso por caso, no es para urgencia por razones humanitarias y no promueve ningún beneficio público significativo”, se lee en el escrito.
Además, insiste en que el plan de Biden “equivale a la creación de un nuevo programa de visas que permite a cientos de miles de extranjeros (unos 36,000 al año) a entrar a Estados Unidos que de otro modo no tienen ninguna base para hacerlo. Esto es una burla y no sigue los límites establecidos por el Congreso”, argumentan.
En la demanda participan los estados de Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia y Wyoming.
Con información de Jorge Cancino.
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