Republicanos 'calientan motores' para las elecciones de 2026: entre 'gerrymandering' e intentos de restringir el voto
Los republicanos están intensificando sus acciones al apuntar a las elecciones de medio término de 2026, que definirá el control en el Congreso.
En diferentes frentes, los republicanos están buscando formas de influir en el resultado de las elecciones, con maniobras como la redistribución de distritos y la restricción del acceso al voto por diferentes vías.
Tradicionalmente, las elecciones de medio término suelen ir en contra del partido del presidente en ejercicio. Le ocurrió a los republicanos en 2018 durante el primer mandato del presidente Donald Trump, cuando perdieron ambas cámaras, y eso es lo que los motiva a buscar formas de asegurar su mayoría actual de siete escaños en la Cámara de Representantes.
Estas iniciativas, que buscan remodelar los mapas electorales o establecer requisitos más estrictos para los votantes, son presentadas por sus defensores como medidas esenciales para garantizar una "adecuada" representación, la "integridad electoral" o prevenir el fraude. Sin embargo, expertos electorales y defensores de los derechos del voto han expresado preocupaciones advirtiendo que tales propuestas podrían despojar de sus derechos a millones de votantes elegibles, especialmente a grupos históricamente marginalizados.
Parte de la insistencia de estas medidas por parte de los republicanos viene de afirmaciones infundadas de fraude electoral, constantemente promovidas por el presidente Trump y sus aliados. A pesar de que las auditorías e investigaciones, incluso realizadas por partidarios de Trump y secretarios de estado republicanos, no han encontrado evidencia de resultados fraudulentos en las elecciones de 2020, muchas de estas narrativas son el motor detrás de las nuevas propuestas.
En este contexto, las próximas elecciones de medio término de 2026 se perfilan como un campo de batalla donde el poder del Congreso se podría definir según cómo se dibujan los nuevos distritos electorales y cómo se aplicarán las nuevas reglas.
El gerrymandering de los republicanos en Texas
Los republicanos suelen aprovechar su control en las legislaturas estatales para rediseñar los distritos congresionales con miras a las elecciones de medio término.
Texas es el caso más emblemático del momento: actualmente el Partido Republicano controla 25 de los 38 escaños, y el objetivo reconocido es aumentar ese número a 30, una ventaja que facilitaría la conservación de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias de 2026. Esto se produjo, según reportes, tras la presión de los asesores de Trump para rediseñar el mapa.
Sin embargo, estos esfuerzos se encontraron con la oposición de los demócratas de Texas, quienes organizaron una retirada de dos semanas del estado para impedir que la legislatura, dominada por los republicanos, alcanzara el quórum de dos tercios necesario. Aunque los republicanos tienen una sólida mayoría, esta acción de los demócratas, que incluso se trasladaron a otros estados como California, Illinois y Massachusetts, logró detener temporalmente el proceso de redistribución.
En todo este suceso, Trump había guardado silencio sobre el mapa rediseñado de Texas, a pesar del revuelo que la manipulación partidista de los distritos electorales del Partido Republicano provocó a nivel nacional.
"Tenemos la oportunidad en Texas de conseguir cinco escaños. Tenemos un gobernador realmente bueno y tenemos buena gente en Texas. Y gané en Texas", declaró Trump a CNBC a inicios de agosto. "Obtuve la mayor cantidad de votos en la historia de Texas, como probablemente sepan, y tenemos derecho a cinco escaños más", decretó.
El nuevo mapa, efectivamente, podría otorgar a los republicanos hasta cinco escaños en el estado. Pero ha desatado una 'confrontación' en todo el país, con estados controlados por los demócratas, sobre todo California, que prometió rediseñar sus propios mapas como respuesta para compensar los escaños que Texas ganaría.
La situación en Texas se vinculó directamente con California, donde los demócratas, con una supermayoría en ambas cámaras legislativas, respondieron a la llamada del gobernador Gavin Newsom para contrarrestar la ofensiva republicana.
Se planificó un rediseño de los distritos californianos para aumentar su número de escaños de 43 a 48, buscando neutralizar la ventaja que los republicanos ganarían en Texas. No obstante, el proceso en California es más complejo, ya que los distritos son trazados por una comisión independiente y cualquier nuevo mapa requeriría la aprobación de los votantes en un referéndum en noviembre.
El proyecto de ley que haría obligatorio probar ciudadanía al votar
Otra propuesta clave que podría reformular las votaciones de 2026 y que ha sido respaldada por los republicanos es el proyecto de ley para exigir prueba documental de ciudadanía estadounidense para el registro de votantes en las elecciones federales. Conocida como la Ley SAVE, esta iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y ahora espera consideración en el Senado, donde necesitará 60 votos.
Los críticos de esta medida, incluyendo a expertos electorales del Brennan Center for Justice, un centro investigativo sobre políticas y democracia basado en Nueva York, detallan que la SAVE Act es un proyecto de ley que exigiría a los ciudadanos estadounidenses presentar un certificado de nacimiento, pasaporte u otro documento que acredite su ciudadanía al registrarse para votar.
Eso en principio no parece ser algo malo. Sin embargo, la ley dejaría a millones de ciudadanos estadounidenses sin acceso al voto por no contar con pasaporte u otro documento que acredite que son ciudadanos, especialmente afectando a poblaciones con menores recursos.
Michael Waldman, presidente y director ejecutivo del Centro Brennan de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, dijo luego de la aprobación del proyecto en abril, en la Cámara de Representantes: "(Se) acaba de aprobar una de las peores leyes electorales de la historia de Estados Unidos. El Senado debe detenerla. La Ley SAVE impediría el voto a millones de ciudadanos estadounidenses. No debería convertirse en ley”.
El Centro Brennan calcula que "más de 21 millones de ciudadanos estadounidenses no cuentan con documentos requeridos por la Ley SAVE" y que el proyecto de ley eliminaría de forma efectiva las formas de registro de votantes de las que dependen millones de votantes: el registro por correo, en línea y a través de campañas de registro ya no sería posible.
Quienes cuestionan la ley, indican que dejar afuera del voto a millones de personas podría privar de sus derechos a votantes elegibles.
Una encuesta nacional hecha por el Centro de Democracia de la Universidad de Maryland indicó que en esos 21 millones de votantes elegibles, se ven desproporcionadamente afectados ciertos grupos como los ciudadanos de color (14%) al carecer de documentos, en comparación con los ciudadanos blancos (9%). Además, más de 3.8 millones de ciudadanos adultos (alrededor de 2%) no tienen ningún documento de ciudadanía, incluyendo certificados de nacimiento.
Aunque los republicanos argumentan que esta medida es para detener el voto de no ciudadanos, una práctica que ya es ilegal a nivel federal, las cifras disponibles indican que los no ciudadanos votan en cantidades "excedentemente pequeñas" en las elecciones federales. Mike Johnson, presidente de la Cámara, admitió que, aunque "intuitivamente sabemos que muchos ilegales están votando", esta situación "no ha sido algo fácilmente demostrable" y "no tenemos ese número".
Los críticos sugieren que estos señalamientos están impulsados por afirmaciones "sin base" de fraude de Trump y sus aliados, para sentar las bases si luego quieren cuestionar el resultado.
El nuevo atisbo de Trump de prohibir el voto por correo y las máquinas de votación
Trump ahora también ha prometido hacer todo lo posible para eliminar el voto por correo, retomando una pelea en contra de ese método de votación que cuestionó desde antes de las elecciones de 2020, pese a ser históricamente confiable y cada vez más popular.
La idea del presidente, parece, es atacar el voto por correo antes de las elecciones de medio término de 2026, afirmando que es "corrupto". Sugirió que el método es susceptible al fraude electoral, afirmando que California "es tan corrupto que algunas personas reciben cinco, seis o siete papeletas".
Sin embargo, la idea de un fraude generalizado es un "mito". Debra Cleaver, fundadora de VoteAmerica, explicó a la cadena CBS que los votos por correo tienen un código de barras que debe coincidir con el código enviado para que el voto sea contado.
Pero desguazar el voto por correo podría chocar con la Constitución, que establece que es competencia de los estados regular las elecciones, y esta autoridad solo puede ser modificada por el Congreso.
En EEUU, el voto por correo es generalizado, y los críticos señalan que quitar este método, que ha sido tradicionalmente seguro, es recortar el acceso a millones de personas que lo usan por ser cómodo y rápido, y que les permite no tener que presentarse el día de la elección con la posibilidad de pérdidas de tiempo o largas colas.
Trump también ha emitido una orden ejecutiva en marzo titulada "Preservando y protegiendo la integridad de las elecciones estadounidenses" que aborda el voto y los sistemas de votación. Esta orden busca asegurar que los votos se emitan y se reciban a más tardar el Día de las Elecciones, criticando a los estados que cuentan boletas recibidas después de esa fecha, aunque, de nuevo, esas regulaciones son competencia de los estados.
La orden prohíbe la participación de no ciudadanos en la administración de cualquier elección federal, pese a que es algo ya prohibido, penado por la ley.