Cuáles serían las consecuencias de un censo que excluya a los indocumentados, como vuelve a insistir Trump
Aunque ya lo intentó sin éxito durante su primer mandato presidencial, Donald Trump volvió a insistir este jueves en su idea de elaborar un censo que excluya a las personas indocumentadas que viven en Estados Unidos.
El nuevo recuento se basaría en "datos y cifras actuales y, fundamentalmente, en los resultados y la información obtenidos en las elecciones presidenciales de 2024", dijo el mandatario en su red Truth Social, por lo que las personas que viven en el país “sin autorización” quedarían fuera.
Expertos ya dejaron claro que el presidente no puede ordenar de manera unilateral un censo como este, ya que requeriría modificar la ley y ser aprobado en el Congreso.
Ni siquiera se tienen detalles de la iniciativa de Trump, dado que su mensaje tampoco deja claro si se refiere al censo programado para 2030 o a un recuento anterior.
Sin embargo, el presidente insiste en introducir cambios en esta herramienta que dejarían fuera a los 11 millones de indocumentados que se estima viven en EEUU, de los que unos cuatro millones son mexicanos y, en total, 7.15 millones son de Latinoamérica, según el Pew Research Center, instituto referente en demografía de EEUU.
Su salida del mapa, en el hipotético caso de que llegara a darse luz verde a la propuesta de Trump, traería consecuencias a la hora de determinarse el poder político y la distribución de los fondos federales en el país.
¿Qué implicaría dejar fuera del censo de EEUU a la población indocumentada?
Modificar el modo de elaborar el censo y dejar fuera a las personas indocumentadas tendría efectos sobre cómo se distribuyen en el país los $2,8 billones previstos en gasto público anual.
Los fondos federales se distribuyen a los gobiernos estatales y locales, organizaciones sin fines de lucro, empresas y hogares, para financiar la atención médica, la educación, los programas de almuerzos escolares, el cuidado infantil, los programas de asistencia alimentaria y la construcción de carreteras, entre muchos otros.
Así, con su eliminación del censo, estados y ciudades donde reside gran número de indocumentados dejarían de percibir los fondos con los que contaban hasta ahora, pese a que estas personas continuarán viviendo allí y teniendo las mismas necesidades.
Por otro lado, otra importante consecuencia de redefinir el censo es que afectaría a la distribución de los escaños del Congreso entre los estados, que se realiza conforme a las personas que viven en cada uno de ellos, con base a la definición de los distritos políticos
Esta es, muy probablemente, la consecuencia que más interesa a Trump para proponer de nuevo la modificación del censo, y más aún en un momento en el que trata de mantener su ajustada mayoría en la Cámara de Representantes de cara a las elecciones intermedias de 2026.
Tom Hofeller, un veterano republicano experto en redistribuir los distritos para tener réditos políticos, afirmó hace años que basarse en la población que es ciudadana de EEUU en lugar de en la población total para definir los distritos podría ser ventajoso para los republicanos y la población blanca.
Críticos de esta iniciativa creen que los escritos de Hofeller inspiraron el primer intento de Trump por hacer este cambio en el censo de 2020, así como la propuesta presentada el año pasado por legisladores republicanos para añadir una pregunta sobre la ciudadanía al cuestionario del censo de 2030.
Así, los cambios en el censo también podrían influir en los esfuerzos de Trump para instar a varios estados liderados por republicanos, especialmente en Texas, a rediseñar sus mapas del Congreso antes de lo previsto, de manera que favorezca a los candidatos republicanos.
Aunque la redistribución de distritos suele realizarse cada 10 años después del censo, Trump está presionando para hacerlo de nuevo en Texas con la esperanza de lograr cinco escaños más en la Cámara de Representantes.
Su estrategia está resultando enormemente polémica, hasta el punto de que congresistas demócratas salieron del estado para que la Cámara estatal no tuviera el cuórum suficiente para votar la iniciativa.
El equipo de Trump también participa en conversaciones similares sobre redistribución de distritos en otros estados controlados por el Partido Republicano, como Missouri e Indiana.
La propuesta de Trump sobre el censo enfrenta críticas y más que probables demandas legales
Sin embargo, si bien el conteo de inmigrantes indocumentados influye en el reparto de escaños en la Cámara de Representantes y en los votos electorales, el impacto podría no ser tan grande como Trump sospecha.
El Centro de Estudios de Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés), un think tank que aboga por una inmigración más baja, publicó a finales de 2029 un análisis que concluyó que esta población era responsable de la redistribución de apenas tres escaños de la Cámara de EEUU en 2020.
Según un estudio del Pew Research Center de 2020, excluir a los residentes sin ciudadanía estadounidense del censo habría restado escaños ese año a los estados de California, Florida y Texas, mientras que se los habría añadido a Alabama, Minnesota y Ohio.
Más allá de que los republicanos justifiquen que contabilizar a los indocumentados en el censo perjudica la representación de los estadounidenses, algunos críticos ven esta nueva iniciativa de Trump como parte de un esfuerzo más amplio por controlar el sistema estadístico federal, considerado el modelo de referencia mundial.
El viernes pasado, Trump despidió a la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales, Erika McEntarfer, después de que las revisiones del informe mensual de empleo mostraran que los empleadores agregaron 258,000 empleos menos de lo informado previamente en mayo y junio.
Trump aseguró que las cifras habían sido “manipuladas” para hacer quedar mal a su partido, y aseguró que McEntarfer también había falseado datos que beneficiaban a Kamala Harris en las pasadas elecciones.
En ningún caso aportó evidencia para justificar tales acusaciones. De hecho, las revisiones actuales apuntan a que las contrataciones en EEUU se han debilitado gravemente bajo el gobierno de Trump, lo que desmiente sus afirmaciones de un auge económico.
"Trump está destruyendo el sistema estadístico federal", le dijo a la agencia AP Margo Anderson, profesora emérita de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, quien ha escrito extensamente sobre la historia del censo. "Quiere cifras que respalden sus logros políticos, tal como él los ve".
Lo que está claro es que cualquier intento de Trump por volver a intentar dejar fuera del censo a la población indocumentada traerá consigo impugnaciones legales.
"El censo no es solo un recuento de personas. Su objetivo es reflejar a EEUU tal como es, no como algunos preferirían que fuera, y determina cómo se asignan los recursos críticos", dijo Sophia Lin Lakin, directora del proyecto de Derechos al Voto de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), en un comunicado.
"Nadie debe ser excluido. No dudaremos en recurrir a los tribunales para proteger la representación de todas las comunidades", agregó.
¿Qué pasó la última vez que Trump intentó sacar a los inmigrantes indocumentados del censo de EEUU?
Cualquier cambio en la realización de un censo nacional requeriría modificaciones a la Ley del Censo y la aprobación del Congreso, que tiene responsabilidades de supervisión, y probablemente se desataría una feroz lucha.
Si bien la ley permite un censo a mediados de década para cuestiones como la distribución de fondos federales, no puede utilizarse para la distribución de recursos ni la redistribución de distritos, y debe realizarse en un año que termina en 5, explicó Terri Ann Lowenthal, exfuncionaria del Congreso que asesora sobre temas censales.
"No puede ordenar unilateralmente un nuevo censo. El censo se rige por la ley, por no hablar de la Constitución", afirmó Lowenthal. "Logísticamente, es una idea poco elaborada".
En caso de que Trump aspirara a hacer el censo antes de 2030, sería casi imposible logísticamente en tan poco tiempo, afirmó Jeffrey Wice, profesor de la Facultad de Derecho de Nueva York.
"Esto no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana", afirmó Wice, experto en censos y redistribución de distritos. "Conectar todas las piezas sería un desafío enorme, si no imposible".
Los antecedentes confirman esta imposibilidad planteada por expertos. En una decisión de 2019, la Corte Suprema ya impidió la aspiración de Trump para reintroducir en el cuestionario la pregunta sobre la ciudadanía que había sido eliminada en 1950, algo que muchos activistas aseguraban que buscaba disuadir a inmigrantes indocumentados a responder al cuestionario y que, por tanto, los dejaría fuera del conteo.
Tras ese bloqueo, el republicano volvió a intentarlo en 2020, anunciando un plan para excluir a las personas que residían ilegalmente en el país de las cifras de distribución. Tras la demanda de estados, ciudades y organizaciones, tribunales inferiores dictaminaron la ilegalidad del plan.
Para cuando la Corte Suprema se pronunció, Trump había perdido su reelección. La mayoría de jueces del alto tribunal evitó pronunciarse sobre la legalidad o no del plan de Trump, sino que desestimó el caso por cuestiones técnicas de procedimiento.
Los tres jueces liberales discreparon, argumentando que la iniciativa de excluir a las personas que residen en el país de la población para distribuir los escaños de la Cámara de Representantes era ilegal.
Ambas iniciativas de Trump fueron revocadas cuando Joe Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, antes de que la Oficina del Censo publicara las cifras de 2020.
La Decimocuarta Enmienda establece que "el número total de personas en cada estado" debe contabilizarse para las cifras utilizadas en el reparto, el proceso de asignación de escaños en el Congreso y los votos del Colegio Electoral entre los estados con base en su población.
La última vez que el censo incluyó una pregunta sobre ciudadanía fue en 1950, y los propios expertos de la Oficina del Censo habían predicho que millones de hispanos e inmigrantes quedarían sin contabilizar si el censo preguntaba a todos si eran ciudadanos estadounidenses.
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