Acusan a trabajadores sociales de negligencia por la muerte de niño torturado
Dos trabajadoras sociales y sus dos supervisores fueron acusados de negligencia criminal por la muerte del niño de 8 años Gabriel Fernández, quien falleció el 24 de mayo de 2013 a consecuencia de las múltiplies heridas que sufría, entre ellas la fractura del cráneo, tres costillas rotas y quemaduras, según anunció este jueves la fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey.
La Fiscalía imputó a los funcionarios cargos por abuso infantil y falsificación de documentos públicos, al entender que fueron corresponsables de lo ocurrido al pequeño de Palmdale, en el sur de California.
La madre de "Gabrielito", como así se le conocía, Pearl Fernández, de 32 años, y su exnovio, Isauro Aguirre, de 35, se encuentran actualmente en prisión a la espera de juicio acusados de asesinato y tortura por el fallecimiento del menor. Ambos se declararon no culpables y la Fiscalía pidió para ellos la pena capital. La familia de Aguirre culpa de lo ocurrido a la mamá del pequeño. El hombre, en declaraciones a Univision 34 Los Ángeles, proclamó su inocencia.
En un comunicado, Jackie Lacey indicó este jueves los trabajadores sociales "minimizaron la importancia de las heridas físicas, mentales y emocionales que sufrió Gabriel" y aseguró que los funcionarios "permitieron que un chico vulnerable permaneciera en casa y continuara siendo abusado".
Según trascendió, el menor era obligado a comer heces de gato y su propio vómito, estaba desnutrido, tenía quemaduras de cigarrillos en su cuerpo, le dispararon con una pistola de balines en los testículos, le rociaron con gas pimienta, le bañaban en una tina helada para castigarlo y le obligaban a ir a la escuela vestido de niña.
“Los trabajadores sociales tienen un rol importante en la sociedad. Confiamos en que ellos protegerán a nuestros niños (…) Cuando su negligencia es tan grande para convertirse en un crimen, vidas jóvenes están puestas en riesgo“, recriminó Lacey.
Los trabajadores sociales: Stefanie Rodrífuez y Patricia Clement, y sus supervisores: Kevin Bom y Gregory Merritt, enfrentan cargos por abuso infantil y falsificación de documentos públicos.
Los cuatro trabajaron para el Departamento de Servicios a los Niños y la Familia del condado de Los Ángeles y tenían la responsabilidad legal de proteger a Gabriel cuando el caso fue abierto en octubre de 2012 hasta que el menor fue declarado muerto en mayo de 2013.
Rodríguez y Clement son acusadas de falsificar reportes en los que debían documentar señales de que Gabriel tenía señales físicas de abuso y la poca participación de la familia en el caso.
La fiscalía alega que los supervisores conocían o debían conocer que estaban aprobando reportes falsos que no coincicida con la evidencia del deterioro físico del menor, permitíendoles permanecer en el mismo hogar hasta su muerte.
De ser condenados, apuntó la fiscalía, los cuatro presuntos implicados en el caso, enfrentarían 10 años de cárcel en una prisión estatal.
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