El reo que fue ejecutado a pesar de la advertencia de que su dispositivo cardíaco lo haría sufrir
Un hombre de Tennessee fue ejecutado este martes a pesar de una disputa legal por la posibilidad de que su dispositivo cardíaco podía aplicarle descargas eléctricas repetidas durante la ejecución exponiéndolo a un sufrimiento contrario a los dictámenes de la octava enmienda de la Constitución.
La ejecución de Byron Black, de 69 años, fue llevada a cabo mediante inyección letal en la Penitenciaría de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, después de que la Corte Suprema y el gobernador de Tennessee, Bill Lee, se negaran a intervenir.
"Duele muchísimo"
El telón de la cámara de ejecución fue abierto a las 10:31 am.
Siete testigos dijeron en una rueda de prensa que tras la administración del fármaco pentobarbital, Black mostró signos de malestar, miró a los lados y levantó la cabeza. "Duele muchísimo" dijo Black a su consejero espiritual.
Black fue declarado muerto a las 10:43 am sin dar una última declaración, según indicó el comisionado del Departamento de Correcciones, Frank Strada, en una conferencia de prensa.
Fue ejecutado tras una discusión en el tribunal sobre si los funcionarios debían apagar su desfibrilador cardioversor implantable (DCI) antes de administrar la inyección letal. Black estaba en la silla de ruedas y padecía demencia, daño cerebral, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva y otras afecciones, según sus abogados.
El Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización sin fines de lucro, afirmó desconocer otros casos en los que un recluso haya presentado denuncias similares a las de Black sobre desfibriladores cardioversores automáticos (DCI) o marcapasos.
Los abogados de Black afirmaron que tampoco han encontrado un caso comparable.
Black mató a su novia y a sus dos hijas
Black fue condenado por el asesinato a tiros en 1988 de su novia Angela Clay, de 29 años, y sus dos hijas, Latoya Clay, de 9, y Lakeisha Clay, de 6. La Fiscalía afirmó que estaba en medio de un ataque de celos cuando disparó a las tres en su casa. En ese momento, Black se encontraba en libertad condicional mientras cumplía condena por dispararle al esposo de Clay, del que estaba separada.
"Su familia está pasando por lo mismo que pasamos nosotros hace 37 años. No puedo decir que lo siento porque nunca recibimos una disculpa", declaró Linette Bell, hermana de Angela Clay, en una declaración leída por un defensor de víctimas tras la ejecución.
La abogada de Black calificó la ejecución como vergonzosa.
“Hoy, el estado de Tennessee asesinó a un hombre gentil, amable, frágil y con discapacidad intelectual, violando las leyes de nuestro país, simplemente porque podía hacerlo”, declaró la abogada Kelley Henry.
La batalla legal por el desfibrilador de Black
A mediados de julio, un juez de primera instancia coincidió con los abogados de Black en que las autoridades debían desactivar el desfibrilador para evitar el riesgo de que causara dolor innecesario y prolongara la ejecución. Sin embargo, la Corte Suprema del estado intervino el jueves para revocar esa decisión, argumentando que el juez carecía de autoridad para ordenar el cambio.
El estado cuestionó que la inyección letal provocara que el desfibrilador de Black le aplicara una descarga eléctrica y afirmó que, de todas formas, no las sentiría.
Henry afirmó que la defensa de Black revisará cuidadosamente los resultados de la autopsia, los datos del electrocardiograma de Black y la información del desfibrilador para determinar qué sucedió exactamente durante la ejecución.
Dijo que estaba especialmente preocupada por el movimiento de su cabeza y sus quejas de dolor, ya que se supone que la dosis masiva de pentobarbital utilizada para matar a los reclusos los deja inconscientes rápidamente.
"El hecho de que pudiera levantar la cabeza varias veces y expresar dolor indica que el pentobarbital no estaba actuando como afirman los expertos estatales", dijo Henry.
Las autoridades penitenciarias no hicieron comentarios sobre los testigos ni sobre el abogado de Black, que afirmaron que parecía consciente y que se quejó de dolor.
Fue la segunda ejecución en Tennessee desde mayo tras una pausa de cinco años, primero debido a la pendemia y luego debido a errores de los funcionarios penitenciarios estatales.
Veintiocho hombres han sido ejecutados en lo que va de año en Estados Unidos, y otros ocho están esperando la pena capital en siete estados durante lo que resta de 2025. El número de ejecuciones este año supera las 25 llevadas a cabo el año pasado. Es la cifra más alta desde 2015.
Black tenía un pequeño dispositivo electrónico que funciona con baterías y se implanta quirúrgicamente en el pecho. Sirve como marcapasos y desfibrilador de emergencia. Los abogados de Black han declarado que, para asegurar su desactivación, un médico debe colocar un dispositivo de programación sobre el lugar del implante, enviando una orden de desactivación, sin necesidad de cirugía.
El caso legal también recordó que la mayoría de los profesionales médicos considera la participación en ejecuciones una violación de la ética médica.
Demanda por discapacidad intelectual
En los últimos años, el equipo legal de Black intentó sin éxito obtener una nueva audiencia para determinar si su cliente padece discapacidad intelectual y custionando su elegibilidad para la pena de muerte según un precedente de la Corte Suprema.
Sus abogados han afirmado que si hubieran retrasado un intento previo para presentar su demanda por discapacidad intelectual, se habría salvado en virtud de una ley estatal de 2021.
El fiscal de distrito de Nashville, Glenn Funk, argumentó en 2022 que Black tenía discapacidad intelectual y merecía una audiencia bajo la ley de 2021, pero el juez la denegó. Esto se debe a que la ley de 2021 niega una audiencia a las personas condenadas a muerte que ya han presentado una solicitud similar y un tribunal la ha resuelto "sobre el fondo".
En su intento, Funk se centró en la opinión de una experta del estado en 2004, quien determinó entonces que Black no cumplía los criterios para lo que entonces se denominaba "retardo mental". Sin embargo, concluyó que Black cumplía los criterios de la nueva ley para un diagnóstico de discapacidad intelectual.
Black también solicitó que los tribunales lo declararan incompetente para ser ejecutado.
Con información de The Associated Press.
Vea también: