Una Corte Federal de Apelaciones reabrió el caso después de que un panel de jueces decidió en su contra hace algunos meses. La posición del gobierno es que los niños no necesitan abogados públicos porque los jueces de Inmigración los asisten, algo que los demandantes consideran que no tiene sentido. Lo que decidan los 11 jueces podría beneficiar a otros menores en el oeste del país, zona donde la corte tiene jurisdicción.