Abogados de organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) alcanzaron un acuerdo con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos para que se reforme una norma impuesta por el gobierno del expresidente Donald Trump que exige la presentación de huellas digitales de familiares y patrocinadores para reclamar a menores que llegaron a la frontera solos y se encuentran bajo custodia de la ORR.
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