Tras la ejecución de un preso, 9 personas se contagiaron: así de rápido se propaga el covid-19 en las prisiones federales
A las 11:47 pm del 19 de noviembre pasado, el afroestadounidense Orlando Cordia Hall fue ejecutado por inyección letal en la correccional federal FCI Terre Haute, Indiana. Durante las dos semanas siguientes, 8 de los 40 funcionarios penitenciarios que participaron en el proceso y el consejero espiritual de Cordia dieron positivo al covid-19. A pesar del golpe que les dio la pandemia, la aplicación de penas de muerte en este centro no parará: cinco de los contagiados volverán a la cámara de ejecución de Terre Haunte este 10 y 11 de diciembre.
Los testimonios sobre cómo pudo generarse esta cadena de contagios quedaron sentados en dos declaraciones: el del propio consejero de Cordia Hall, Yusuf Ahmed Nur; y el del asesor regional del Buró de Prisiones (BOP) para la región del Norte Centro, Rick Winter. Ambos se registraron en el marco una demanda (Smith V. Barr) liderada por dos reclusos de Terre Haute, Patrick Smith y Brandon S. Holm. Ellos reclaman en nombre de los 877 compañeros que cumplen condena en esta correccional de seguridad media y que temen ser uno más en la lista creciente de enfermos y muertos por el covid-19: el martes, había 198 casos en esta prisión; el miércoles eran 202, según cifras del BOP.
Como preámbulo a las cifras de contagios y muertos, el propio BOP admite "la rápida evolución de esta crisis de salud pública". Actualmente hay 6,477 reclusos federales y 1,662 empleados con coronavirus: 23,447 reclusos ya se han recuperado de la enfermedad. Hasta ahora, 24% de la población penal federal del país ha tenido covid-19. Esa es la razón por la que presos, abogados y organizaciones de derechos humanos piden que cesen las ejecuciones federales —reinstauradas a la carrera por el gobierno de Donald Trump tras 17 años de cese de estos procesos— hasta que la pandemia esté controlada en Estados Unidos.
"Se quitaron las mascarillas"
Yusuf Ahmed Nur declaró el 30 de noviembre a la Corte del Distrito Sur de Indiana. Dijo que presenció la ejecución en la misma cámara de 10 por 12 pies en la que estaban Cordia —amarrado a una camilla y con una vía intravenosa tomada— junto a tres funcionarios más, dos de ellos los verdugos. "Pusieron una cinta plástica en el piso a dos pies de la camilla y me dijeron que permaneciera detrás. Los dos funcionarios que harían la ejecución no tenían mascarilla puesta. Estaban parados al tope de la camilla", contó.
Cuando empezó la ejecución, el que estaba a la izquierda de Cordia hizo un pronunciamiento a gritos para que todos oyeran; el de la derecha tomó un teléfono y dio la orden para que se inoculara el cóctel de fármacos. Cuando la muerte del reo fue declarada, se cerraron las cortinas que permitían a los testigos y a los tres representantes de los medios presenciar la ejecución. En todo ese tiempo, asegura Yusuf, los dos funcionarios seguían sin ponerse la mascarilla. Quince minutos pasaron desde el inicio hasta el final del proceso.
"Había señales por toda la prisión de que el uso de mascarilla era mandatorio y la mayoría del personal con el que interactué en el centro llevaba su mascarilla (aunque algunos la tenían por debajo de la nariz). No vi a nadie obligando a que se cumpliera esta regla", aseguró.
Winter confirma la versión del consejero espiritual en su declaración del 7 de diciembre pasado. "Los vi usar la mascarilla hasta el momento en que las cortinas fueron levantadas para que los testigos vieran la ejecución", narró. "Cuando las cortinas subieron, el representante de los US Marshals y el del BOP necesitaban comunicarse claramente uno con el otro y con los testigos en las distintas salas (...) Dada la importancia de estas comunicaciones, ambos se quitaron la mascarilla por un breve periodo de tiempo para comunicarse claramente. Tan pronto como terminó la ejecución y se pronunció la hora de muerte, ambos se las pusieron".
Winter detalló los contagios que vinieron después de la ejecución de Cordia Hall: "Seis miembros del equipo dieron positivos aproximadamente una semana después de que regresaron a casa. Dos funcionarios más dieron positivo más de una semana después", contó. Al citar los lineamientos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), dijo que como ya pasaron 10 días desde que los síntomas aparecieron, no tienen fiebre y han mejorado, cinco de ellos volverán a Terre Haute este jueves y viernes para continuar con las ejecuciones federales planificadas en este centro.
Univision Noticias consultó al BOP sobre el manejo de la ejecución de Cordia Hall en medio de la pandemia y sobre las medidas que se están tomando para frenar la propagación del virus. La agencia respondió en un correo: "Nos negamos a contestar".
En el caso del consejero, Yusuf explicó que días antes de entrar a Terre Haute se hizo la prueba de detección del covid-19 y salió negativa. Después de la ejecución asegura que no tuvo contacto con nadie más que con sus tres hijos. Por seguridad decidió hacerse el test. En uno el resultado fue "inconcluso", pero el segundo —que recibió el 29 de noviembre— despejó las dudas: "Confirmó que era positivo al covid-19".
En octubre, al evaluar el caso de un oficial penitenciario que resultó contagiado por otros reclusos, los CDC definieron que 15 minutos de contacto —consecutivos o fraccionados— con otras personas enfermas con covid-19 dentro de un recinto carcelario pueden ser suficientes para contraer el virus y por ello modificó su definición de cuándo se produce un contacto cercano.
"Están batallando para mantenerse a salvo"
La muerte de Orlando Cordia Hall, de 49 años y condenado por un secuestro que terminó en la violación y el asesinato de una texana de 16 años, es un referente por dos razones. La primera, porque fue la octava ejecución de un preso federal solo durante el último año de gobierno de Donald Trump. El fiscal William Barr ordenó la reanudación de la pena de muerte a nivel federal después de 17 años de pausa. Alegó que traería "justicia a las víctimas", pero incluso algunos de los familiares de estas víctimas pidieron no continuar con la medida. Nadie los escuchó.
La ejecución de Cordia Hall también demostró lo rápido que el covid-19 puede propagarse en una cárcel. Terre Haute, también conocida como 'la casa de la muerte', es la séptima prisión con más casos activos entre las 122 federales del país. Aún así, tiene fijada cuatro ejecuciones más hasta enero: la siguiente es este jueves.
Esa es la razón por la que los presos iniciaron la demanda: porque los casos de covid-19 van en aumento en las cárceles, las medidas de seguridad son escasas y a pesar de eso siguen entrando visitantes a esta prisión federal con cada inyección letal. Smith y Holm piden que las ejecuciones cesen hasta que la pandemia esté controlada y hayan recibido la vacuna.
En la queja, introducida el 25 de noviembre pasado, explican que los presos de Terre Haunte "ni siquiera tienen control de su propia salud y bienestar" en el día a día. Duermen en celdas que pueden albergar dos, ocho y hasta 12 personas, y comparten baños. "No tienen la opción de mantener la distancia social con otros o de limitar el número de personas en su espacio. Están a la buena de lo que decidan quienes implementan las condiciones del confinamiento y de las políticas sobre quién entra a la prisión (...) Están batallando para mantenerse a salvo y saludables durante estos tiempos sin precedentes", explican.
El doctor Joe Goldenson declaró en calidad de experto que "el riesgo de exposición y transmisión de enfermedades infecciosas, así como el daño potencial para quienes se enferman es significativamente mayor en cárceles y prisiones que en la comunidad, lo que pone a los presos, al personal y a quienes entren a la instalación en un riesgo alto de resultar enfermos con covid-19". Eso porque no existe la adecuada ventilación, no hay ventanas; por el confinamiento grupal y porque comparten múltiples espacios, como baños, patios o el comedor. "Están físicamente imposibilitados de mantener la distancia social".
A eso se suma, dicen los demandantes, que el uso de mascarillas "es inconsistente"; que presos que han dado positivo al covid-19 siguen sirviendo a otros la comida en el comedor; que los baños están sucios y usualmente no tienen jabón para lavarse las manos; que los reclusos y los empleados mantienen contacto permanente; que aunque algunos han contraído el covid-19 y se han recuperado, vuelven a enfermarse; y que aunque en varias oportunidades han anunciado restricciones en las visitas, la medida se ha aplicado de forma "inconsistente".
Cada vez que se aplica la pena de muerte en Terre Haute, se lee en el texto, entran al edificio 40 funcionarios externos—tanto en la fecha fijada como en los días anteriores para preparar el proceso— más 50 empleados del Buró de Prisiones que vienen de otras cárceles en las que podría haber brotes de la enfermedad. Ellos tienen contacto con hasta 100 empleados de Terre Haute que sirven en varias funciones, entre ellas, brindar seguridad en la correccional. A eso se suman unos 24 testigos que son transportados en vans y que son puestos en espera juntos en salas sin ventanas: son seis que elige el recluso, incluyendo a su consejero espiritual; ocho ciudadanos, entre los que están los familiares de las víctimas; y 10 miembros de la prensa.
"Están poniendo a los demandantes y a otros presos en FCC Terre Haute en un riesgo significativo de enfermarse seriamente y de hasta morir sin ninguna razón", alegan, al explicar que Smith, por ejemplo, es asmático, sufre de inflamación en los pulmones y se encuentra entre la población de riesgo ante el covid-19. "No hay justificación para llevar a cabo estas ejecuciones ahora, en la cima de una pandemia".
La directora del proyecto de Pena Capital en la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), Cassandra Stubbs, cree que el hecho de que se haya contagiado 20% del equipo del BOP durante la ejecución de Cordia Hall es alarmante. Para ella, el gobierno de Trump, que quiere a la carrera concluir estas ejecuciones antes de su salida en enero, no solo está poniendo en riesgo la salud de los encarcelados sino la de sus propios empleados, los vecinos del condado de Vigo y los visitantes de la prisión: "Esta depravación tiene que parar".
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