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Joe Biden

Juez mantiene en pie regla de Biden que permite abortos con fondos federales

La Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de EEUU en Cincinnati rechazó una solicitud de los 12 estados para pausar las reglas del programa de planificación familiar del gobierno mientras se escucha su caso. Los estados pretendían detener su puesta en marcha antes de marzo, cuando comienza a implementarse la próxima ronda de subvenciones federales.
Publicado 9 Feb 2022 – 08:07 AM EST | Actualizado 9 Feb 2022 – 09:39 AM EST
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Las clínicas de planificación familiar financiadas con fondos federales podrán seguir remitiendo pacientes a proveedores la practica de abortos, según dictaminó un tribunal federal este martes.

La Corte de Apelaciones del Sexto Circuito de EEUU en Cincinnati rechazó una solicitud de 12 estados para pausar las reglas del programa de planificación familiar del gobierno federal mientras se escucha su caso.

La decisión es un revés para los fiscales generales republicanos que demandaron para restaurar una prohibición de la era Trump sobre la práctica y contra las nuevas reglas del Departamento de Salud y Servicios Humanos del presidente demócrata Joe Biden.

Esas reglas retomaron el programa federal de planificación familiar, llamado Título X como funcionaba bajo la administración de Barack Obama, cuando las clínicas podían derivar a las mujeres que buscaban abortos a un proveedor.

Pero fiscales generales estatales como Dave Yost, de Ohio, quien presentó la demanda contra el gobierno, pretenden restablecer permanentemente las reglas que se establecieron en 2019 bajo el expresidente republicano Donald Trump.

Una de ellas requería que las clínicas de planificación familiar financiadas con fondos federales fueran física y financieramente independientes de las clínicas de aborto y otra les exigía que se abstuvieran de derivar a pacientes para abortos.

Los estados que se unen al desafío conservador son Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Kansas, Kentucky, Missouri, Nebraska, Oklahoma, Carolina del Sur y Virginia Occidental. No todos los estados participan en el Título X.

El recorrido legal de la demanda de los fiscales generales

En la demanda, Yost argumenta que las reglas pretendían ser cortafuegos entre las clínicas de planificación familiar, que pueden recibir fondos de los contribuyentes, y sus servicios de interrupción voluntaria del embarazo, que no pueden.

El juez federal de distrito Timothy Black rechazó ese argumento en un fallo el mes pasado, desestimando una orden judicial preliminar que habría detenido temporalmente las reglas. Entonces los 12 estados apelaron su decisión ante el Sexto Circuito, que por su parte dictaminó que los estados no habían conseguido demostrar que se verían perjudicados irreparablemente por las reglas que entrarían en vigor.

El juez Black declaró que los fiscales estatales habían centrado su caso en un desacuerdo político, más que legal.

“El principio de que el dinero es fungible debe tener límites teóricos o, de lo contrario, ninguna asignación gubernamental para fines específicos podría ser factible”, escribió Black el 29 de diciembre. “El Título X no subsidia más los abortos como la financiación de un refugio para personas sin hogar subsidia el abuso de sustancias”.

EEUU en medio de duras batallas sobre el aborto

La revocación de las reglas de la era Trump por parte de la Administración Biden en octubre se produjo cuando las batallas políticas y legales sobre el aborto se agudizan en medio de los crecientes esfuerzos de los republicanos para anular la histórica sentencia de Roe v. Wade en la Corte Suprema de EEUU.

Yost, el fiscal general de Ohio, enfatizó que su demanda no cuestiona el derecho al aborto garantizado por Roe.

La prohibición de que las clínicas de planificación familiar financiadas bajo el Título X utilicen fondos públicos para abortos estaba contenida en la Ley de Servicios de Planificación Familiar e Investigación de la Población de 1970, dijo Yost.

Black señaló que las reglas de la era Trump estuvieron vigentes durante menos de dos años, tiempo durante el cual 1.5 millones de pacientes menos participaron en los servicios financiados por el Título X.


El programa pone a disposición más de $250 millones al año para que las clínicas brinden servicios de control de la natalidad y atención médica básica, principalmente a mujeres de bajos ingresos, muchas de ellas de comunidades minoritarias.

Las reglas establecidas bajo Trump provocaron una salida masiva de proveedores de servicios afiliados a Planned Parenthood, así como de varios estados y otras organizaciones independientes.

Los grupos que representan a las clínicas dijeron que esperaban que la reversión de la administración de Biden facilitara el regreso de unas 1,300 instalaciones locales.

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