Qué ha sucedido con el caso de Anastasio Hernández, el migrante indocumentado que murió en custodia de la Patrulla Fronteriza
El caso de Anastasio Hernández Rojas, un mexicano de 42 años que murió en 2010 luego de presuntamente haber recibido golpes y descargas eléctricas por parte de agentes federales de Estados Unidos, será revisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto luego de que tres exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), testificaran diciendo que por años se ocultaron pruebas para procesar a quienes son señalados como responsables.
"Con estas declaraciones estoy convencida de que mi familia podrá por fin tener justicia y de esa forma lograr un cambio en las conductas de muchos agentes de la ley que arremeten brutalmente contra los más desprotegidos, contra las minorías. Es hora de detener estos abusos", dijo a Univision Noticias María Puga, la viuda de Hernández Rojas.
Hernández Rojas, originario de San Luis Potosí, México, llegó a los 16 años a Estados Unidos. Se casó y tuvo cinco hijos. En mayo del 2010, tras 27 años viviendo en el país, fue arrestado por robarse unos artículos en un almacén y entonces fue deportado al verificarse que no tenía documentos.
Puga recordó los hechos ocurridos el 28 de mayo del 2010, cuando su esposo fue arrestado tratando de regresar al país cruzando de manera ilegal la frontera entre Tijuana y San Diego.
"Nadie debe padecer lo que él sufrió en manos de esos oficiales. Ellos lo mataron sin razón y también mataron de otra manera a mi familia, porque nunca nada ha sido igual para mis hijos", dijo Puga.
Los hechos
El día de su arresto, Hernández Rojas fue llevado a una estación de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, donde fue procesado por entrar sin documentos al país. Luego fue llevado a la frontera, con el fin de retornarlo a México.
Pero allí, ante un grupo de funcionarios federales pertenecientes a la Patrulla Fronteriza, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), aparentemente fue golpeado y electrocutado mientras se encontraba esposado y tirado en el piso, tal como lo evidencia un video publicado por el diario San Diego Union Tribune.
"Anastasio fue inmovilizado con esposas y golpeado brutalmente, además hay pruebas de que al menos un agente se le arrodilló en el cuello mientras lo electrocutaba", dijo a Univision Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego, organización encargada de presentar el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Hernández Rojas sufrió un paro cardiorespiratorio en el lugar.
" Los informes médicos confirmaron que Anastasio llegó al hospital con muerte cerebral, además tenía cinco costillas rotas, hemorragia de órganos internos y músculos del cuello y varios hematomas en su rostro y en otras partes del cuerpo", explicó Guerrero, señalando que la autopsia declaró su muerte como un homicidio.
Aún así, en 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que no presentaría cargos criminales en contra de al menos 12 oficiales fronterizos presuntamente involucrados en la muerte de Hernández porque no había evidencia suficiente.
Pero ahora, los tres exfuncionarios del DHS indican lo contrario.
En un documento de 45 páginas, el exinspector general adjunto del DHS John Dupuy, el excomisionado adjunto de Asuntos Internos del CBP James Tomsheck y el excomisionado adjunto de Asuntos Internos del CBP James Wong alegan que algunos agentes fronterizos obstruyeron la investigación y protegieron de esa manera a los agentes involucrados en la muerte de Hernández Rojas.
"En mi opinión, la investigación debería haberse reabierto por la falta de diligencia en el proceso y por las nuevas pruebas aportadas. El video que salió a la luz pública mostraba a la víctima abatida, en el suelo esposada cuando los agentes aseguraban que estaba de pie y combativa. El video mostraba a un hombre siendo golpeado mientras estaba detenido. Esta conducta amerita una investigación criminal", indicó Dupuy en su declaración.
Tanto él como Wong y Tomsheck explicaron en sus testimonios que se cometieron varias conductas delictivas encaminadas a desviar o eliminar las pruebas que incriminaban a los presuntos responsables.
"Los agentes fronterizos también borraron las imágenes de video de testigos presenciales. Al destruir los videos, los agentes alteraron la evidencia y deberían haber sido procesados por esa conducta. Mi función oficial como Subcomisionado Adjunto de Asuntos Internos era garantizar el cumplimiento de todos los programas del CBP relacionados con la corrupción, la mala conducta y la mala gestión, pero la agencia no me permitió hacer mi trabajo en este caso", declaró Wong, enfatizando en su testimonio que en Estados Unidos ningún agente debería ser inmune a la investigación.
Por su parte, Tomsheck declaró que la corrupción dentro del CBP es un gran problema que lleva mucho tiempo y que parece no tener límites.
“La aplicación de la ley tiene un problema de corrupción en todo Estados Unidos, pero en ningún lugar es un problema tan grande como en el CBP. Mientras me desempeñé como Subcomisionado de Asuntos Internos, descubrimos que las tasas de corrupción en el CBP eran de 7 a 10 veces más altas que las de cualquier otra agencia federal de aplicación de la ley", indicó, señalando que cuando avisó sobre lo ocurrido en el caso de Hernández Rojas, los líderes de la agencia -dice- trataron de encubrir las malas prácticas.
"Nunca nos han ofrecido una disculpa"
Para Puga, la muerte de su esposo es una más en la lista de las víctimas directas de las autoridades del país, pero a la vez puede ser la que genere uno de los antecedentes más importantes para que no siga ocurriendo.
"A pesar de que han pasado tantos años desde su muerte y de que hemos transitado procesos legales donde incluso hubo un acuerdo económico entre el gobierno y mis hijos, jamás nadie nos han ofrecido una disculpa por lo sucedido con mi esposo. Eso quiero yo, una disculpa y que no se repita otro hecho similar", dijo Puga, que trabaja como camarera en un hotel de San Diego, indicando que en el acuerdo económico ella no recibió ni un solo dólar.
En marzo del 2017, la familia Hernández Puga llegó a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos por un millón de dólares, de los cuales, 750,000 irían a los cinco hijos de la pareja y el resto a sus abogados.
" Jamás este caso se ha tratado de dinero, sino de la vida de un ser humano que no tiene precio y que fue arrebata a su familia por agentes federales que nunca fueron judicializados y que incluso han sido promovidos en sus agencias. Mi familia fue destruida por estos hechos, tal como situaciones similares siguen destruyendo a otras familias en el país. Queremos justicia", indicó Puga.
Por su parte, Guerrero indicó que ante las nuevas evidencias recopilada, se espera que se realice una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el verano próximo, donde tendrían que declarar representantes de las agencias gubernamentales acusadas en la muerte de Hernández Rojas.
Guerrero explicó que este es el primer caso de una ejecución extrajudicial en Estados Unidos que será revisado por la CIDH y que, a pesar de que las sentencias de este organismo internacional no son de obligatorio cumplimiento por parte de la ley de un país, Estados Unidos ha usado en el pasado varias sentencias de esta institución para responsabilizar a otros gobiernos de hechos que violan los derechos humanos.
"El gobierno debería acatar la resolución que salga de esta revisión y luego abrir procesos judiciales en contra de los responsables. Estados Unidos ha incluso enjuiciado a otras personas por la violación de derechos humanos luego de recibir sentencias de la CIDH, así que de no hacerlo, no podría esperar que se cumplan las obligaciones internacionales que piden a otras naciones", argumentó la directora.
La CIDH ha investigado algunos de los abusos contra los derechos humanos más graves en el continente, incluidos casos de tortura y desapariciones forzadas de venezolanos por parte de fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro, el secuestro masivo y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México; la masacre de El Mozote, en El Salvador; y las desapariciones de civiles durante las dictaduras militares de Argentina y Chile.
En casos similares, la CIDH ha instruido a los gobiernos a reabrir las investigaciones penales, promulgar reformas legales, disculparse públicamente y reparar a las víctimas y sus familiares.
"Sabemos que esto sucederá en nuestro caso. Confiamos en el gobierno de turno y en que se efectúen los cambios pertinentes. El atroz final de Anastasio tiene que servir para que de alguna manera cesen los abusos contra los inmigrantes y se castigue la brutalidad cometida constantemente por agentes de la ley", finalizó Puga.
Mira también: