Pagarán casi $19,000 a 'dreamer' que fue retenido y entregado a inmigración
Edgar Torres Gutiérrez, beneficiario de DACA, recibió aproximadamente $19,000 de la ciudad de Laguna Beach en un acuerdo por un caso donde se alegaba que fue arrestado y retenido ilegalmente por la policía, quienes actuaron presuntamente como si fueran agentes de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU.
Así, la ciudad de Laguna Beach se suma a otras ciudades como Baldwin Park, San Bernardino, Huntington Park y Tustin, que han tenido que pagar dinero por acuerdos extrajudiciales por violar la llamada Acta de Valores de California y la Ley SB 54 o Ley Santuario.
Torres Gutiérrez, un estudiante del Orange Coast College en la ciudad de Costa Mesa, está registrado bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a algunos inmigrantes traídos a este país como niños pequeños y les protege de la deportación.
En el verano de 2018 fue arrestado bajo la sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol. “Reconozco eso y soy culpable de eso y estoy lidiando con las consecuencias de eso. Lo que no es correcto es que la policía esté trabajando con ICE para deportar a un receptor de DACA”, dijo Torres.
La demanda argumentó que los oficiales violaron la Ley de Valores de California, que prohíbe que las fuerzas del orden locales detengan a personas a solicitud de ICE.
En el acuerdo alcanzado la semana pasada, Torres se declaró culpable de conducir imprudentemente. El miércoles, su abogada, Annie Lai, presentó una queja por separado ante el Departamento de Policía de Laguna Beach, que se espera que desencadene una investigación interna sobre las circunstancias que llevaron a su retención y traslado a ICE.
Justin Martin, portavoz de la ciudad de Long Beach, no respondió a una petición de entrevista.
“Ellos actúan como si fueran otra mano del departamento de inmigración”, declaró el abogado de inmigración, Alex Gálvez. “Y con el clima antiinmigrante y la mano dura de la administración [Trump] estas ciudades están teniendo el valor de desobedecer las leyes migratorias federales y las propias leyes estatales”.
Solicitan invstigación interna
Torres Rodríguez solicitó en una carta que el Departamento de Policía de Laguna Beach investigue por qué ocurrieron las “violaciones y errores” en su caso.
“Mi esperanza es que una investigación sobre este incidente también revele si esto fue un hecho aislado o si puede haber habido otros incidentes en los que la policía se comunicó con ICE o respondió a las solicitudes de detención en los últimos dos años”.
“Si esta queja sostiene su validez, o se descubren otros incidentes de violaciones de la ley de California o la política del departamento, pido que el Departamento proporcione un resumen de las medidas correctivas que se tomarán, incluida cualquier capacitación adicional y supervisión o acción disciplinaria contra los oficiales involucrados”, añadió.
“Estamos muy contentos de que Edgar pueda obtener un cierre en este capítulo de su vida”, declaró Annie Lai, codirectora de la Clínica de Derechos de Inmigrantes de la Universidad de California en Irvine (UCI). “La policía de Laguna Beach no debería haber estado ayudando a ICE a deportar a los beneficiarios de DACA y, debido a que Edgar denunció su caso, ahora es de esperar que otros residentes no tengan que experimentar lo que a él le hicieron”.
La abogada señaló que se espera una investigación “justa y exhaustiva” del caso de Torres Rodríguez. “Entiendo que hay escepticismo de que ellos se investiguen a sí mismos, pero tengo la esperanza que la ciudad la hora, porque si hay otros incidentes en el futuro, ellos serán responsables ante la comunidad y potencialmente, frente a abogados”.
Gana demanda por acusación falsa
Guadalupe Plascencia, ciudadana estadounidense durante dos décadas, fue detenida en 2018 por el Departamento del Sheriff de San Bernardino y luego por agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes la acusaron de estar ilegalmente en el país.
Cuando Plascencia protestó porque era ciudadana, los agentes de ICE se burlaron de ella.
En mayo de 2017, Plascencia, de 61 años fue detenida por ICE durante al menos una hora y media, parte de ese tiempo estuvo esposada y detenida en una camioneta, antes de que finalmente se le permitiera contactar a su hija, quien rápidamente llegó con el pasaporte de su madre para demostrar su ciudadanía.
En octubre de 2018 se aprobaron acuerdos extrajudiciales en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Riverside para resolver la demanda presentada en nombre de Plascencia por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y el bufete de abogados Sidley Austin LLP. Los acuerdos exigieron que el condado de San Bernardino pagara $35,000 y que el gobierno federal pagara otros $20,000.
“El gobierno debe rendir cuentas cuando viola los derechos de las personas”, dijo Adrienna Wong, abogada de ACLU en el sur de California. “Los residentes del condado de San Bernardino como la señora Plascencia tienen derecho a vivir, trabajar y criar a sus familias en paz, sin temor a que ICE pueda arrestarlos injustamente sin causa”.
La experiencia de Plascencia, de oficio peluquera, madre de cinco hijos y con 16 nietos, comenzó el 29 de marzo de 2017, cuando fue al Departamento de Policía de Ontario para recoger la propiedad recuperada de su automóvil después de un accidente. Fue detenida por su presunto incumplimiento de presentarse como testigo en un caso de una década atrás.
Durante su detención, los agentes del alguacil notificaron a ICE que estaba detenida. Ella tenía su licencia de conducir de California y otra documentación que confirmaba su estado legal de inmigración. Justo cuando estaba saliendo de la custodia de San Bernardino, los agentes de ICE la detuvieron. Plascencia no pudo convencer a los agentes del sheriff o agentes de ICE para que le dieran la oportunidad de demostrar que era ciudadana.
“Me sentí impotente, como si no fuera nadie", dijo posteriormente. “Aquí, hablan de derechos... en ese momento, me di cuenta, no tenemos derechos”.
Interrogatorios ilegales denuncia ACLU
El 13 de enero de este año, ACLU presentó quejas administrativas contra el condado de Orange y las ciudades Tustin y Huntington Park por interrogar ilegalmente a las personas sobre su estado de inmigración y detenerlas para ICE.
Las quejas, que pueden ser precursoras de demandas, detallan cómo el condado y las ciudades violaron la Ley de Valores de California que entró en vigor en 2018 para restringir la cooperación de la policía local con ICE.
Los casos involucran a dos hombres, Kelvin Hernández Román de Garden Grove y José Maldonado de Baldwin Park, cuyos derechos bajo esa ley fueron violados de diversas maneras.
“Cuando la policía y los alguaciles detienen a los residentes locales para ICE, tiene efectos devastadores para sus familias y sus comunidades. También es ilegal”, dijo Jessica Karp Bansal, abogada principal de la ACLU del sur de California. “Estamos monitoreando de cerca el cumplimiento de la Ley de Valores de California para asegurarnos de que las agencias locales de aplicación de la ley rindan cuentas por las violaciones”.
En julio, dos oficiales del Departamento de Policía de Tustin detuvieron a Román Hernández mientras conducía por, según afirmaron, los vidrios polarizados de su automóvil. Los oficiales procedieron a hacerle varias preguntas sobre su estado migratorio.
Ese interrogatorio por parte de los agentes de policía fue una clara violación de la Ley de Valores de California que establece que los agentes de la ley locales” no pueden investigar el estado migratorio de un individuo”.
Hernández Román fue llevado a la cárcel de Theo Lacy en la ciudad de Orange, supervisada por el Departamento del Sheriff del Condado de Orange.
Según la ACLU, a Hernández Román le dijeron que no se presentarían cargos contra él en relación con la parada de tráfico. Pero continuó detenido para que ICE pudiera recogerlo. Guardias de seguridad privados llegaron a la cárcel para esposado y llevarlo a un centro de procesamiento de ICE. Finalmente fue llevado al centro de detención de ICE en la ciudad de Adelanto, donde permanece recluido.
La queja contra el Condado de Orange establece que el encarcelamiento de Hernández Román a pedido de ICE fue ilegal bajo la Ley de Valores de California. Las acciones de los alguaciles también violaron los derechos constitucionales de Hernández Román y la llamada Acta de Confianza o Trust Act aprobada en 2013.
El arresto de José Maldonado
Otro inmigrante, José Maldonado, fue arrestado en julio por agentes del Departamento de Policía de Huntington Park, presuntamente por intoxicación pública. Aunque Maldonado nunca fue acusado de ese cargo, fue detenido por el Departamento de Policía de Huntington Park durante aproximadamente siete horas a petición de ICE para que sus oficiales pudieran recogerlo.
La detención de Maldonado y su traslado a ICE fueron violaciones de la Ley de Valores de California. La policía de Huntington Park también violó los derechos constitucionales estatales y estadounidenses de Maldonado, el Acta de Confianza y otras leyes. Actualmente se encuentra fuera de la detención bajo fianza.
La ACLU cree que existe evidencia de que esta ha sido una práctica habitual de la policía de Huntington Park, incluso después de que la Ley de Valores de California entró en vigor el 1 de enero de 2018. Según la denuncia, la policía de la ciudad liberó a 29 personas a ICE entre la fecha de inicio para la ley y agosto de 2019.
Las tres quejas solicitan compensación económica para las personas cuyos derechos fueron violados. También piden que se realice una investigación sobre los incidentes y capacitación para el personal de las agencias de aplicación de la ley en la Ley de Valores de California y otras leyes.