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    Gobernador mexicano levanta polémica: exige castración a violadores y pena de muerte a asesinos

    La violación y el asesinato de una adolescente de 14 años ocurrido el pasado 14 de septiembre en el céntrico estado mexicano de San Luis Potosí, llevó a que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona realizara una polémica propuesta de utilizar la castración y la muerte como castigo para quienes cometan esos crímenes.
    Publicado 21 Sep 2022 – 01:42 PM EDT | Actualizado 21 Sep 2022 – 01:42 PM EDT
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    El gobernador del estado mexicano de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, calificó como “garrafal” la violación y el asesinato de una joven de 14 años ocurrido este mes en su estado. Como consecuencia, dijo que ha enviado una iniciativa al Congreso local para castrar a violadores y aplicar la pena de muerte a asesinos, dos castigos que no están contemplados en el código penal de México.

    “Comentarles que estamos mandando una iniciativa al Congreso local donde vamos, no a pedir, a exigir, que capemos. En San Luis Potosí se va a capar a todos los violadores. Ya no queremos violadores en San Luis Potosí y como aquellos que asesinan también pedir su pena de muerte porque ya eso no puede suceder en San Luis Potosí, ya tenemos que erradicar la violencia”, dijo Gallardo Cardona en un video difundido el martes.

    El crimen al que hizo referencia el mandatario, quien forma parte del Partido Verde Ecologista de México (verde conservador), es el de Chuyita Lelixia Rodríguez, una joven de 14 años, originaria de Derramaderos, una comunidad perteneciente al municipio de Villa de Arista, ubicada a 39 millas al norte de la capital del céntrico estado mexicano, quien fue hallada sin vida y con huellas de violencia sexual el pasado 15 de septiembre.

    Rodríguez había sido reportada como desaparecida un día antes, el 14 de septiembre, cuando se dirigía de su domicilio a la escuela preparatoria a la que asistía al primer año. La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó el hallazgo de la menor un día después, lo que causó conmoción entre la población y desató una serie de manifestaciones acaloradas por parte de los habitantes de la comunidad de Derramaderos para exigir justicia.

    Posteriormente, las autoridades informaron que una persona identificada como Jorge N, de 33 años, había sido detenido y que, gracias a diversas pruebas que presuntamente fueron encontradas, fue relacionado con el crimen cometido en contra de la adolescente.

    Manifiesta propuesta de castración

    Tan solo unos días después de haberse cometido el crimen en contra de Rodríguez, las autoridades de San Luis Potosí dijeron que apoyarían la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios estatal tal como lo solicitó en su momento la organización Amnistía Internacional.

    En una declaración a la prensa hecha el pasado lunes, Gallardo Carmona apoyó la creación de la nueva fiscalía, pero que “va a venir acompañada justamente de este tema las adecuaciones al código penal para que puedan ser capados los violadores, no va a haber de otra, tiene que estar lista la iniciativa este mismo año".

    Ese mismo día, el gobernador dejó asentado en su cuenta de Twitter que “en San Luis Potosí no estamos libres de personas y situaciones que dañan y violentan a las mujeres. Por ese motivo, propusimos la castración para quienes comentan violación”.

    Como animales

    En su video del martes, el gobernador, quien es conocido por sus seguidores como 'El Pollo', comparó a quien comete una violación con un garañón (un semental de asno, caballo o camello).

    “Miren, cuando los animalitos no hacen caso y están haciendo mal uso... sobre todo los garañones. Los animalitos garañones, se les capa y dejan de hacerlo”, afirmó. “En el tema de los humanos pareciera que también son animales porque no se saben comportar, el estar violando a niñas, niños, eso en San Luis Potosí ya no se va a permitir y se tiene que castigar de una manera muy distinta”.

    “Por eso esa iniciativa se está mandando al Congreso local y bueno pues sabemos que va a haber muchas diferencias por parte de derechos humanos, más sin embargo (sic) no nos importa, ahorita lo que queremos es meter mano dura y si ellos quieren seguir solapando a los violadores pues allá ellos”, apuntó.

    Castigos fuera de la Ley

    Hasta el momento de la publicación de esta nota, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no se había pronunciado respecto a los señalamientos hechos por el gobernador Gallardo.

    El año pasado, un candidato a diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, de izquierda) ya había lanzado una promesa de campaña para imponer castración química a violadores, feminicidas, tratantes de personas y pederastas.

    En ese momento, el doctor en Psicología y sexólogo Efraín Rodríguez Ortiz dijo al portal de noticias mexicano Animal Político que “es una propuesta que se ha venido dando desde hace tiempo, ha sido rechazada y va seguir siendo rechazada porque contraviene los derechos humanos, ya que los castigos nunca deben ser humillantes o mutilantes. La Constitución (mexicana) no permite castigos degradantes”.

    “Además, esta propuesta no disminuiría los índices de violaciones. Hay muchas formas de cometer violación y no requieren un pene erecto”, señaló Rodríguez Ortiz.

    En el caso de la pena de muerte, en un artículo publicado en el año de 2011 en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Olga Islas de González Mariscal, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México detalló que la pena de muerte en ese país se abolió en el ámbito federal en 1929.

    En el caso del estado de San Luis Potosí la muerte dejó de ser utilizada como castigo el 6 de junio de 1968, siendo una de las últimas entidades en removerlo del código penal solo por detrás de Nuevo León, Morelos y Oaxaca.

    La organización Amnistía Internacional asegura que entre las razones para abolir la pena de muerte se encuentran que no es disuasoria contra los crímenes. “No hay pruebas que demuestren que sea más eficaz que la cadena perpetua a la hora de reducir la delincuencia”, señalan en su sitio web.

    Además, la organización apunta que es discriminatoria, se usa como herramienta política y suele emplearse en sistemas de justicia poco imparciales.

    “En muchos de los casos registrados por Amnistía Internacional, las ejecuciones se consumaron tras juicios manifiestamente injustos, en los que se emplearon pruebas obtenidas bajo tortura y no se facilitó asistencia letrada adecuada”, señalan.

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