"Me quieren quitar mi casa": Familias hispanas denuncian expropiación de bienes en Modesto
Modesto, Ca.— Familias hispanas denuncian que perderán sus casas por una expropiación de bienes para la construcción de una carretera; aseguran que el condado de Stanislaus les ofrece un bajo precio de compensación que no vale su patrimonio.
El condado de Stanislaus en conjunto con Caltrans, el gobierno federal y las ciudades de Modesto, Riverbank y Oakdale aprobaron la construcción de una autopista de 18 millas con 4 carriles en estas ciudades como parte del proyecto North County Corredor (NCCP). Una vía que busca realinear la ruta 108 y aliviar el tráfico de oeste a este.
Pero para esta obra pública se necesitaría adquirir al menos 60 parcelas y desplazar a varias familias de sus hogares.
Temen perder sus patrimonios por una carretera
César y Becky Gutierrez son los propietarios de una de estas parcelas en la calle Claribel. Ellos recibieron una carta por parte del condado explicando que demolerían sus casas para este proyecto.
Ellos adquirieron el terreno de 2.3 acres y una casa de 3,000 pies hace 7 años, y tras años de arduo trabajo, invirtieron en arreglar el domicilio y construyeron una segunda vivienda para que su hijo con autismo viviera cerca de ellos.
Por su vivienda les ofrecieron $1 millón de dólares. Sin embargo, los Gutiérrez explican que este monto no cubre el costo para comprar otra propiedad similar.
"Cuando ofrecieron ese millón de dólares, sí me sentí muy ofendido porque no se trata de 7 años que estoy viviendo aquí, se trata de todo mi vida, 23 años casi 24 años trabajando, invirtiendo, guardando, no durmiendo, bien trabajando horas muy locas." dice César Gutiérrez.
Es por esto que respondieron con una contraoferta de $2.3 millones de dólares, pero según dijeron a Univision 19, no han recibido respuesta.
No me dan "el valor de la casa"
Otra residente afectada es Connie Gilbert, quien cuenta que su familia tiene una propiedad en la avenida Roselle de un acre y dos casas de 4.800 y 1.600 pies cuadrados, al igual que un terreno de nueve acres. Y asegura que no le están dando "el valor de la casa".
Por estas propiedades, el condado les ofreció alrededor $1.5 millones de dólares.
Ambas familias expresaron su desacuerdo con el precio y cuentan que buscarán tomar acción legal.
Entre otros problemas que enfrentan estos residentes, alegan que el condado no ha ofrecido opciones comparables a lo que tienen y que no les han dado ninguna asistencia en español.
Denunciaron una muy mala comunicación por parte de las autoridades del condado y de Overland Pacific and Cutler, la compañía privada que lleva a cabo el asesoramiento.
Univision 19 se comunicó con David Leamon, el encargado del proyecto y un representante de Obras Públicas del Condado de Stanislaus para solicitar información sobre el presupuesto del proyecto y buscar una respuesta de la contraoferta de los Gutiérrez.
Hasta el momento, ni Leamon, ni su equipo de consultores ha respondido la petición.
El proyecto está pautado para comenzar la construcción para el año 2023.
De negar la oferta, el condado pasaría a iniciar un proceso de dominio eminente.
Qué opciones legales tienen los propietrios afectados
El abogado Rafael Castillo explica que esto es lo que se conoce como expropiación de bienes. En estos casos, el gobierno, ya sea local, estatal o federal tiene el poder constitucional de decidir que la propiedad será usada para un beneficio público y por lo tanto, debe adquirirse ofreciéndole al dueño una compensación “justa.”
"Ahí es donde es importante saber que uno no tiene que aceptar la valoración del gobierno, generalmente las evaluaciones del gobierno son mucho más bajas de lo que vale una propiedad en realidad", explica el abogado Carrillo.
Derechos de los dueños de terreno
El abogado Carrillo explica que los propietarios de bienes pueden negar la oferta del gobierno sometiendo una demanda a la corte.
"Ahí es donde uno puede argumentar que en realidad la propiedad no es necesaria para ese beneficio público por la cual lo quiere el gobierno y si un juez decide que sí en realidad no es a favor del público pues ahí no se vende la propiedad. Pero si el juez decide que si es para el beneficio del público, uno realmente no tiene opción más que entregar la propiedad al al gobierno", explicó Carrillo.
Sin embargo, pueden apelar la oferta y exigir una revalorización de la propiedad.
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