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Política Local

“Es un plan para engañar a los empleados”: congresistas Nydia Velázquez y Raúl Grijalva se oponen al contrato de LUMA

En un artículo publicado en The Hill afirman que el plan de privatizar la AEE “es un plan para engañar a los empleados y representa una amenaza de empeorar la crisis”.
16 May 2021 – 09:28 AM EDT
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Raúl Grijalva (izquierda) y Nydia Velázquez (derecha) repudiaron el contrato que otorgó la Autoridad de Alianzas Público Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al consorcio LUMA Energy para el funcionamiento de la transmisión y distribución del sistema eléctrico de Puerto Rico.
Crédito: Composición / Archivo.

El presidente del Comité de Recursos Naturales del Congreso, Raúl Grijalva, y la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez repudiaron el contrato que otorgó la Autoridad de Alianzas Público Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al consorcio LUMA Energy para el funcionamiento de la transmisión y distribución del sistema eléctrico de Puerto Rico.

En un artículo publicado en The Hill afirman que el plan de privatizar la AEE “es un plan para engañar a los empleados y representa una amenaza de empeorar la crisis” que viven los puertorriqueños tras el paso del huracán María, los terremotos en el área sur, la pandemia del Covid-19 y la quiebra del gobierno.

Grijalva y Velázquez advierten que el contrato con LUMA afectará al pueblo, especialmente cara a la temporada de huracanes, pues la isla enfrentará ese período ciclónico con un sistema eléctrico deteriorado que se ve agudizado por la crisis laboral que ha causado el acuerdo.

El contrato con LUMA, añaden el presidente y la miembro del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, está desmantelando el personal capacitado para trabajar con el sistema eléctrico del país, lo que inevitablemente aumentará los costos relacionados para el pueblo.

La situación de los empleados

A menos de 30 días para que entre en vigor el contrato, los empleados adiestrados y capacitados para realizar las labores esenciales están recibiendo cartas en las que se les notifica que fueron desplazados a otras agencias del gobierno para llevar a cabo tareas tales como guardias de seguridad, costura y enfermería, entre otras.

El desplazamiento de los empleados costará alrededor de 200 millones de dólares anuales al ya quebrado gobierno de Puerto Rico en trabajados que no estaban presupuestados. Esto se suma al contrato con LUMA, que solo este año le costará al fisco 750 millones de dólares para financiar las cuentas de reserva que la AEE está obligada a mantener, según establece el contrato.

Grijalva y Velázquez sostienen que la crisis fiscal del país amerita que el gobierno “haga mejor uso de los recursos y ofrezca mejores servicios” a la población. Se refieren a iniciativas que permitan ahorrar dinero suficiente para el desarrollo y mejorar la productividad laboral. “Este mal diseñado contrato impide ambas cosas”, insistieron.

“Lamentablemente, el contrato con LUMA es otro síntoma de las fallas que ha presentado la reforma del sistema eléctrico del país en años recientes”, expresaron los congresistas.

Los gastos de la AEE

Además resaltaron que un informe del Institute for Emergency Economics and Financial Analysis establece que la AEE y las agencias del gobierno de Puerto Rico han gastado sobre 440 millones en contratos para servicios de consultoría legal, financiera y técnica -de los cuales algunos reflejan que los consultores han cobrado más de 1,200 dólares por hora- para reestructurar la deuda y privatizar el sistema eléctrico.

Este malgasto en contratos de consultoría ha beneficiado casi únicamente a firmas estadounidenses, pues solo un 3% del total de los contratos otorgados por LUMA han sido otorgado a compañías puertorriqueñas.

“Es inaceptable que la Junta de Supervisión Fiscal exija la reducción del presupuesto laboral mientras fracasa en tomar alguna acción contundente para frenar los exorbitantes honorarios de los consultores contratados”, advierten.

Y agregan: “Preferimos ver a las mujeres y hombres que realizan trabajos técnicos y de mantenimiento recibir buenos salarios mientras le sirven al pueblo, que ver pagos inflados y en exceso por servicios profesionales que producen tan poco”.

Como muestra de los resultados tan pobres que han ofrecido ese tipo de consultores profesionales, Grijalva y Velázquez recordaron los dos acuerdos de reestructuración de deuda que fracasaron anteriormente y la continua serie de escándalos de contrataciones -incluyendo la de LUMA- que vive actualmente el país.

Esto, dicen, no satisface la misión de la JSF de restaurar la confianza del mercado capital en Puerto Rico.

Por ello, insisten los congresistas, el contrato con LUMA “no traerá ahorros al pueblo de Puerto Rico. Y muchas de las situaciones que ha traído a la atención la legislatura del país durante la investigación del acuerdo -el defectuoso proceso de adjudicación, el irresponsable y descuidado criterio al momento de presupuestar y ahorrar, y las pobremente documentadas transferencias de dinero entre el gobierno y las agencias- parecen ser más de los mismos problemas que llevaron al gobierno a la quiebra”.

“Los puertorriqueños merecen algo mejor. La fuerza laboral capacitada de la AEE merece algo mejor. Por ello, hacemos un llamado al gobierno a que retrase la puesta en vigor del contrato con LUMA hasta que se logre un resultado que haga justicia a los empleados del sistema eléctrico del país”, apuntan Grijalva y Velázquez.

Por último, hicieron un llamado “a la Junta de Supervisión Fiscal para que utilice su poder de supervisión para ayudar a que Puerto Rico tenga finalmente un sistema eléctrico confiable, accesible y basado en energía renovable”.

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