Paro de trabajadores en Puerto Rico termina en violencia
El Día Internacional de los Trabajadores en Puerto Rico culminó con un enfrentamiento entre manifestantes y miembros de la Unidad Antimotines de la Policía que dejó un saldo de seis arrestos, así como varias personas heridas, entre ellos 15 agentes del orden público y un vendedor ambulante.
La violencia se desató tras malograrse un acuerdo para que el contingente de policías retrocediera y permitiera que manifestantes del grupo "Se acabaron las promesas" pudiera llegar al frente del edificio donde ubican las oficinas de la Junta de Control Fiscal, en la zona bancaria de Hato Rey en la capital.
Previo a que se iniciarán los enfrentamientos entre policías y manifestantes, la portavoz del grupo Se acabaron las promesas, Raquel Delgado, indicó a Univision Noticias que el pueblo se tiene que unir a luchar en contra de las "políticas nefastas" que el organismo federal ha tomado contra el pueblo.
"Somos parte del pueblo que estamos exigiendo un mejor bienestar para nosotros, para nuestros hijos y que más gente se una a esta lucha para evitar que esas 283 escuelas cierren, que aumente (la matrícula) del crédito de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y que ese retiro que quieren cortarle a los empleados no ocurra", dijo la líder estudiantil.
Afirmó que no buscaban violencia como ocurrió en el 2017, pero en su avance por la Avenida Ponce de León manifestantes lanzaron objetos y rompieron ventanales de cristal en un banco del edificio Plaza 273.
"La violencia la ejerce el estado todos los días implementando estas políticas de austeridad. Nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho de libertad de expresión", sostuvo Delgado.
La actividad de los universitarios consistió en una marcha que salió de la UPR en Río Piedras y llegó hasta un punto en que la Policía decidió que de ahí no pasarían.Tras casi una hora comenzó el forcejeo, los empujones, macanazos y lanzamiento de gases lacrimógenos y balas de goma que dispersaron los manifestantes.
Seis personas fueron arrestadas. Una mujer que presuntamente agredió físicamente a un policía, dos por obstrucción a la justicia y otro por lanzar una piedra a un agente. Otros dos hermanos, Angélica y Alfonso Questell, fueron arrestados en un hospedaje en el área residencial Santa Rita, cercana al Recinto de Río Piedras de la UPR.
La comisionada electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, criticó el arresto de los dos jóvenes independentistas."Angélica y Alfonso Questell, a quienes hemos visto crecer en el PIP, se encontraban ya en el hospedaje de ella, junto a su papá, cuando llegó la Policía. Ambos fueron arrestados, y Angélica golpeada.
"Ese es el brazo armado de la Junta, macaneando a jóvenes sólo porque sí y entrando a residencias sin orden judicial", escribió Santiago en sus redes.
El gobernador Ricardo Rosselló criticó en conferencia de prensa la violencia y el vandalismo cometido por lo que llamó un "grupúsculo pequeño" de personas que mantuvieron a los agentes de la Policía bajo una lluvia de "piedras y proyectiles".
"Es lamentable que hoy estamos hablando de eso (la violencia) en vez de estar discutiendo los reclamos que tienen esos grupos (de trabajadores). Ese debate de ideas debe ser el fin y no la violencia y el vandalismo", sostuvo Rosselló.
El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, mostró los objetos lanzados a los agentes que incluían unas bombas de hule que alegadamente contenían un líquido acelerarse o ácido.
"El confrontamiento no lo inicia la Policía, lo provoca este grupo pequeño de 'Jornada se acabaron las promesas' que fue el único que no se reunió con nosotros (previamente) para coordinar como hicieron los demás grupos", sentenció Pesquera.El denominado Paro Nacional incluyó ocho marchas distintas, siete de las cuales se llevaron a cabo sin ningún incidente que lamentar.
El paro fue en repudio a medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal y el gobierno. Estas buscan atajar la crisis fiscal en un país que en marzo de 2017 se acogió a un proceso de quiebra que es atendido en la Corte del Distrito Federal de Puerto Rico, un territorio estadounidense desde 1898.
