Falsas adopciones de indocumentados por $20,000: el fraude que mandó a la cárcel al dueño de una empresa
La empresa U.S. Adult Adoption Services Inc (USAAS) buscaba indocumentados adultos interesados en obtener un estatus migratorio pagando varios miles de dólares y por medio de un método poco convencional: que los adoptaran ciudadanos estadounidenses.
El director ejecutivo de la compañía, Douglas Lee Thayer, les prometía falsamente que al concluir el trámite recibirían una nueva acta de nacimiento y con eso podrían obtener una residencia permanente y luego la ciudadanía de Estados Unidos.
Incluso les hacían creer que una aseguradora se involucraba en el proceso para garantizarles que les devolverían su dinero si no lograban naturalizarse.
Se escuchaba demasiado bueno para ser realidad, pero al menos 160 víctimas, la gran mayoría inmigrantes asiáticos radicados en California, le pagaron a Lee Thayer y a sus cómplices más de un millón de dólares por los supuestos servicios de USAAS, de acuerdo con documentos judiciales.
La denuncia describe los casos de nueve víctimas, todos de California, que desembolsaron hasta 20,000 dólares creyendo en las falsas adopciones. Ese dinero lo entregaron en efectivo, en cheques al portador y giros postales.
Lee Thayer encabezó este esquema fraudulento de octubre de 2015 a julio de 2016, informa la Fiscalía federal.
“No hay precio para la ciudadanía”
Antes de que estuviera bajo la lupa del Buró Federal de Investigaciones (FBI) Lee Thayer intentó persuadir a las víctimas enviándoles cartas que aparentaban ser legítimas: les avisaba que cerraría su empresa y les devolvería todo lo que habían pagado, lo cual tampoco cumplió.
Dichas cartas llegaron a sus domicilios alrededor del 16 de febrero de 2016 con el objetivo de “posponer sus denuncias potenciales ante las autoridades”.
Lee Thayer les decía por escrito, sin saber que más tarde sería usado en su contra en un tribunal de Las Vegas, que la empresa “ha decidido que los clientes merecen no solo un reembolso condicional, sino un reembolso más sustancial de sus pagos por adopciones de adultos”.
Las cartas incluían una especie de lenguaje legal para hacerles creer que sus servicios eran completamente legítimos.
Fue incluso más lejos afirmando que había decidido cerrar su compañía para “pelear contra el gobierno federal para obligarlo a extender actas de nacimiento en las adopciones de adultos que ya habían otorgado cortes estatales de Nevada y Louisiana… podría resultar en acoso, investigación y enjuiciamiento y deportaciones subsecuentes de los clientes (de USAAS)”, señala la acusación.
Lo que no pudo contener el enfado de las víctimas fue que les devolvió una pequeña parte de lo que habían pagado. Por ejemplo, una persona identificada con las iniciales FJ entregó 10,500 dólares en diciembre de 2015 y cuatro meses después le llegó a su casa un cheque de “reembolso” por $490.
“Esta sentencia de prisión debe servir como una advertencia de que se investigará y procesará el aprovecharse de las víctimas vulnerables, independientemente de su estado de ciudadanía”, dijo el fiscal federal del Distrito de Nevada, Jason M. Frierson, en un comunicado.
“No hay precio para la ciudadanía estadounidense”, enfatizó el funcionario.
Spencer L. Evans, encargado de la oficina del FBI en Nevada, resaltó en el comunicado que este caso debe servir como ejemplo para otros defraudadores que se enfocan en los indocumentados.
“Este individuo se aprovechó vergonzosamente de la confianza de las víctimas, que creían en la promesa de la ciudadanía estadounidense, para su propio beneficio financiero”, dijo.
Lee Thayer, residente de Mohave Valley, Arizona, se declaró inocente y fue a juicio, donde un jurado consideró que había evidencia suficiente de que cometió dos cargos de fraude postal. Se libró de una condena aún mayor porque lo declararon no culpable de tres delitos adicionales.
Este viernes fue sentenciado a cinco años y 10 meses de prisión, seguidos de dos años de libertad supervisada. También se le ordenó pagar más de 852,000 dólares en restitución a sus víctimas.
La corte le ordenó entregarse a los US Marshals el próximo 4 de noviembre. El gobierno ha propuesto que su condena se inicie en la prisión FCI Rochester, en el estado de Minnesota.
