El creciente uso de la Guardia Nacional desata un debate sobre antigua ley que regula a los militares dentro de EEUU
La creciente militarización ordenada por el presidente Donald Trump en suelo nacional ha desatado un debate sobre los límites establecidos dentro una antigua ley que regula las operaciones militares en el país.
Unos 800 efectivos de la Guardia Nacional llegaron a Washington DC el martes después de que el presidente Donald Trump afirmara, sin fundamento, que eran necesarios para reducir la delincuencia en la capital nacional, donde según él reina la anarquía, aunque los datos dicen otra cosa.
A miles de millas de distancia, un juez en California escucha argumentos sobre si la reciente decisión del presidente de federalizar al personal de la Guardia Nacional en Los Ángeles durante las protestas contra las redadas migratorias violó la ley federal.
Trump también ha creado zonas militarizadas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México como parte de un cambio importante que ha impulsado al ejército a participar en la aplicación de leyes migratorias como nunca antes.
Los casos, tanto en California como en Washington, se basan principalmente en la Ley Posse Comitatus, aprobada en 1878 y que impide en gran medida que las fuerzas armadas apliquen las leyes nacionales.
Los expertos afirman que, en ambos casos, existen claras limitaciones a la aplicación de la ley. Esto es lo que debes saber sobre la ley.
La Ley Posse Comitatus impide que los militares combatan al crimen
La Ley Posse Comitatus es una ley penal que impide a las fuerzas armadas aplicar la legislación nacional en contra del crimen. También les impide investigar delitos locales, ignorar las leyes locales o imponer ciertas conductas.
La Ley de Posse Comitatus puede ser anulada mediante una votación del Congreso o para defender la Constitución. La Ley de Insurrección de 1807 también puede provocar la suspensión de la Ley de Posse Comitatus y permite al presidente desplegar las fuerzas armadas en el país en caso de invasión o rebelión.
Existe una excepción para la Guardia Costera de los Estados Unidos, que tiene cierta responsabilidad en materia de combate al crimen. Según la Biblioteca del Congreso, las fuerzas armadas también pueden compartir inteligencia y ciertos recursos si existe una superposición con la jurisdicción de las fuerzas del orden civiles.
La ley se promulgó después de la era de la Reconstrucción
La ley se promulgó en 1878, tras la época posterior a la Guerra de Secesión, un periodo conocido como la Reconstrucción. Los representantes segregacionistas del Congreso querían impedir que el ejército bloqueara la aplicación de las leyes de Jim Crow, que permitían la segregación racial.
Pero el espíritu de la ley también tiene raíces que se remontan a la Guerra de la Independencia, cuando los fundadores de los Estados Unidos quedaron marcados por el control militar absoluto de la monarquía británica, dijo William C. Banks, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse.
“Tenemos una tradición en Estados Unidos, que es más una norma que una ley, de que queremos que la aplicación de la ley esté a cargo de civiles, no de militares”, dijo Banks.
Ese espíritu, arraigado en el personal de la Guardia Nacional desde el entrenamiento básico, se vuelve especialmente poderoso en el caso de la Ley Posse Comitatus, porque la ley apenas ha sido puesta a prueba hasta ahora, dijo Steve Vladeck, profesor de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.
“No existe ningún precedente fiable sobre dónde están exactamente estos límites, y por eso a lo largo de los años la propia interpretación de los militares ha sido tan importante”, dijo Vladeck.
La ley se aplica a las tropas “federalizadas”
La Ley Posse Comitatus normalmente no se aplica a la Guardia Nacional porque sus miembros reportan al gobernador, no al gobierno federal.
Pero cuando el personal de la Guardia Nacional es “federalizado”, está sujeto a la ley hasta que vuelva al control estatal, según el Centro Brennan para la Justicia.
El estado de California dijo en una demanda federal que la administración Trump violó la ley cuando desplegó soldados de la Guardia Nacional y marines estadounidenses en Los Ángeles luego de las protestas de junio por las redadas de inmigración.
La administración Trump ha argumentado que la Ley Posse Comitatus no aplica porque el presidente utilizó una disposición conocida como Título 10 para federalizar a las tropas. Esta disposición permite al presidente llamar a la Guardia Nacional al servicio federal cuando el país sea invadido, cuando exista una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno, o cuando el presidente no pueda, por cualquier otra razón, hacer cumplir las leyes de Estados Unidos. Los abogados del gobierno federal también argumentan que las tropas no están haciendo cumplir las leyes nacionales y solo actúan para proteger la propiedad y los agentes federales.
En Washington, por el contrario, el presidente ya está a cargo de la Guardia Nacional y puede desplegar tropas legalmente durante 30 días sin la aprobación del Congreso.
Vladeck dijo que ambos despliegues en los últimos tres meses sugieren que la administración Trump "parece estar tratando de eludir la Ley Posse Comitatus" en lugar de ignorarla por completo.
"Hay mucha controversia sobre la ilegalidad de la administración Trump. Lo sorprendente es cómo la administración intenta ampararse en la ley", dijo Vladeck.
La ley depende de que el poder ejecutivo se controle a sí mismo
Más allá de las excepciones legales escritas en la ley, existe una cuestión práctica de cómo hacerla cumplir, dijo Joseph Nunn, asesor del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan para la Justicia.
Debido a que la Ley Posse Comitatus es una ley penal, no civil, el Departamento de Justicia de Estados Unidos es responsable del procesamiento en el tribunal penal, dijo Nunn.
"Se basa en que el poder ejecutivo se autocontrola", dijo. Esto deja en duda la legitimidad legal para determinar si un gobierno estatal como el de California tiene derecho a demandar en un tribunal civil.
El fallo en el caso de California probablemente será una interpretación limitada basada en las circunstancias del despliegue de la Guardia en Los Ángeles, dijo Vladeck.
Sin embargo, añadió que aún podría dictar cómo la administración utiliza la Guardia en otras ciudades como Chicago y Nueva York, donde Trump ha amenazado con federalizar las tropas próximamente.
Mira también: