En un sentido rigurosamente jurídico, estas medidas no violaron la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos sobre la libertad de expresión, porque son entes privados y no agentes gubernamentales. Si nos ceñimos a las definiciones de censura que también involucran a la Primera Enmienda y al Estado, tampoco representaron censura contra Trump, pero, en un contexto más amplio, la censura también la pueden ejercer grupos privados.