El cantante enfrenta una demanda de un legislador del estado que quiere que se haga público el arreglo firmado en el año 2015. El acuerdo venció en junio y fue mantenido en secreto a petición de la empresa del artista, pero el congresista Richard Corcoran dice que la gente tiene derecho a saber cuánto se le pagó porque se usaron fondos públicos.