Claves para entender qué viene para el salvadoreño Kilmar Ábrego García, a quien el gobierno de EEUU quiere deportar a Uganda

El salvadoreño Kilmar Ábrego García fue liberado el viernes de una cárcel de Tennessee y volvió a Maryland, donde residía hasta su arresto y deportación hace cinco meses. Apenas abrazó a su familia, sus abogados recibieron un correo del principal asesor legal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Charles Wall, con la notificación del gobierno para deportarlo en las próximas horas a Uganda.

En un video compartido en Facebook por la organización CASA, que ha acompañado a la familia en estos meses, el salvadoreño calificó el viernes como "un día muy especial", después de más de 160 días sin poder tener contacto físico con sus seres queridos.

El caso de Ábrego García es uno de los más notorios de la política migratoria del presidente Donald Trump: en marzo, lo deportaron a El Salvador y lo encerraron en la prisión para pandilleros, el Cecot, pese a una protección contra la expulsión a su país que le había otorgado un juez en 2019 por haber sido víctima de pandilleros.

Aunque el gobierno insistió en que Ábrego no volvería a EEUU —y luego, que jamás pisaría EEUU en libertad nuevamente— una orden judicial lo trajo de regreso, pero bajo cargos de tráfico de personas; ahora, también otra corte le otorgó la libertad mientras pelea esas acusaciones de las que se ha declarado inocente. Sus abogados incluso han pedido que se desestime el caso.

Mientras está en libertad en Maryland, la custodia de Ábrego la tiene su hermano, un ciudadano estadounidense.

Aunque se prevé que sus abogados desafiarán la posible deportación, aquí te contamos algunas claves de lo que viene para Kilmar Abrego García en los próximos días:

1. Una fecha de deportación:

Este sábado, el gobierno de Trump introdujo nuevos documentos en la Corte del Distrito Medio de Tennessee que muestran lo que está por venir.

Uno de ellos es la notificación sobre la intención de ICE de deportarlo a Uganda en un plazo de unas 72 horas, sin contar el fin de semana. Hay otro correo que confirma que el salvadoreño debe presentarse el lunes 25 de agosto en la oficina de Operaciones de Deportación en Baltimore. No se muestra una hora específica, pero en documentos de corte sus abogados aseguran que la cita está planteada para la mañana.

Ábrego García no tiene opciones ante la orden de presentación de ICE este lunes. Cuando la magistrada Barbara D. Holmes firmó su liberación, le instruyó que debe cumplir con las condiciones de liberación o fianza impuestas por otras agencias de gobierno, incluido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, la jueza impuso condiciones.

"Se le recuerda además a Abrego que, si es puesto bajo custodia de ICE, las condiciones de su liberación le exigen que consienta ser trasladado de regreso a este distrito para continuar con los procedimientos en este caso", se lee en la orden de la jueza Holmes. También recuerda a ICE, DHS y al Departamento de Justicia que si el salvadoreño es tomado en custodia, "debe tener acceso a sus abogados, tanto físico como vía telefónica, para permitirle prepararse para el juicio en este caso".

2. ¿Una deportación a Uganda o Costa Rica?

Un día antes de que se conociera la posible liberación de Ábrego, el Gobierno de Costa Rica a través de su ministro de gobernanza, policía y seguridad pública, Mario Zamora Cordero, accedió a la petición del gobierno de Trump para recibir al salvadoreño como deportado "una vez concluida cualquier condena penal que deba cumplir en Estados Unidos".

En la comunicación introducida en la corte, Costa Rica manifiesta su intención de darle estatus de refugiado o residencia y garantiza que a su llegada al país, Ábrego no sería detenido.

Según documentos de corte introducidos por sus abogados este sábado, el salvadoreño rechazó una oferta del gobierno el jueves para ser deportado a Costa Rica a cambio de permanecer en la cárcel hasta el lunes y declararse culpable por los cargos de tráfico de personas.

Eso detonó la siguiente oferta del gobierno de EEUU para Ábrego García: la deportación a Uganda.

"Solo puede haber una interpretación de estos acontecimientos: el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están utilizando sus poderes colectivos para obligar al señor Ábrego a elegir entre una declaración de culpabilidad seguida de una relativa seguridad, o su entrega a Uganda, donde su seguridad y libertad estarían amenazadas", se lee en el documento con información adicional para la corte introducido por sus abogados este sábado en el que insisten en que el caso criminal debería ser desestimado.

Aseguran que las "obviamente están trabajando en sintonía para obligar al señor Ábrego a aceptar una declaración de culpabilidad en su caso penal, lo que le amenaza con la posibilidad de una posible detención indefinida, o algo peor, en un país al otro lado del mundo. Es difícil imaginar una vía que el gobierno pudiera haber tomado para enfatizar mejor su afán vengativo", agrega el documento.

Recién esta semana, el gobierno de Uganda aceptó recibir a deportados procedentes de Estados Unidos, siempre que no tengan antecedentes criminales y no estén acompañados por menores de edad. El Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país precisó que el acuerdo aún estaba siendo debatido, pero que el país prefería que los inmigrantes enviados tuvieran nacionalidades de países africanos.

Los abogados de Ábrego García alegan que que el gobierno busca castigarlo por impugnar su deportación a El Salvador. Esta semana, sus abogados introdujeron una moción para desestimar las acusaciones criminales contra el salvadoreño, al calificar el caso como "un procesamiento vengativo y selectivo".

3. Un juicio pendiente

Apenas al conocerse la liberación de Ábrego de la cárcel de Tennessee, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem reaccionó: "No dejaremos de luchar hasta que este salvadoreño enfrente a la justicia y esté fuera de nuestro país", escribió en su cuenta de X, al calificarlo como miembro de la pandilla MS-13.

A su regreso a EEUU en junio, algo que parecía imposible, Ábrego fue sentado ante una corte criminal para defenderse de cargos planteados por un gran jurado por tráfico humano. El anuncio lo hizo entonces la propia fiscal Pam Bondi. Para entonces, la imputación —criticada por haber sido armada en secretismo— describen que en las presuntas operaciones también fueron transportadas drogas y armas, y que el salvadoreño habría abusado de mujeres migrantes.

Este juicio, en el que Ábrego se declaró inocente, está pendiente. En un análisis en junio, la propia jueza Holmes cuestionó la solidez de las pruebas con las que el gobierno acusa al salvadoreño y con las que busca una sentencia y deportación.

Cuando el gobierno solicitó a la jueza de Tennessee la detención de Ábrego argumentó que entre sus víctimas había un menor de edad. Señalan específicamente que en sus viajes de traslado de inmigrantes desde Texas a otras ciudades de Estados Unidos, llevaba a "niños o miembros de su familia" como una "fachada para su esquema de tráfico ilegal". Explican que eso le permitía hacer ver que se trataba de un paseo familiar en lugar de una operación de contrabando de personas.

En su testimonio en la audiencia del 13 de junio, el agente de investigaciones de ICE, Peter Joseph, citó testimonios de testigos cooperantes con el gobierno que dijeron que Ábrego incluso llevó a su propio hijo en uno de esos viajes desde Texas. La jueza considera que en este punto "la evidencia falla", porque no pudo ser sustentada.

"Existe una correlación directa entre la importancia de la evidencia y el nivel de confiabilidad. Cuanto más crucial sea la evidencia, más exigente será la medida de confiabilidad", escribió entonces Holmes.

El gobierno además lo señala de ser miembro de la pandilla MS-13, pero tanto sus familiares como abogados niegan esa filiación. La jueza cuestionó que incluso la acusación del gobierno está basada en "declaraciones generales", "inconsistentes" entre los testigos, que, según documentos judiciales, recibieron beneficios procesales por sus declaraciones.