Las amenazas que pesan sobre el Seguro Social y los cheques de millones de personas
Cuando el presidente Franklin D. Roosevelt promulgó la Ley del Seguro Social hace 90 años, afirmó que brindaría estabilidad económica a los adultos mayores y a Estados Unidos. Actualmente, el programa da beneficios a casi 70 millones de personas cada mes y es una fuente de ingresos clave y acogida por jubilados de todas las ideologías políticas.
Pese a todo ello, el programa del Seguro Social También está más amenazado que nunca.
El programa enfrenta desde hace décadas un inminente déficit de fondos para pagar todas las prestaciones. Y, desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero, ha enfrentado nuevas turbulencias. Se ha recortado drásticamente el personal de la Administración del Seguro Social (SSA); sindicatos y grupos de defensa preocupados por la confidencialidad de su información han interpuesto demandas; funcionarios de la administración, incluido el presidente, han afirmado falsamente que millones de personas fallecidas recibían prestaciones; y el exasesor de la Casa Blanca Elon Musk afirmó incorrectamente que el programa era un "esquema Ponzi".
Trump y otros republicanos han afirmado que no recortarán los beneficios del Seguro Social. La Casa Blanca ha citado también el "compromiso inquebrantable" de la administración con la protección del programa.
Sin embargo, el Seguro Social dista mucho del sistema económico sólido que Roosevelt imaginó, debido a los cambios realizados y no realizados, bajo presidentes tanto demócratas como republicanos.
A continuación, un análisis de los desafíos pasados y actuales del Seguro Social, las soluciones propuestas y lo que podría requerirse para reforzar el programa.
Está más cerca de la fecha en la que el Seguro Social se quedaría sin dinero suficiente
La fecha en la que el programa del Seguro Social ya no tendría fondos suficientes para pagar la totalidad de las prestaciones fue adelantada al 2034, un año antes de lo previsto anteriormente.
Después de esa fecha, el Seguro Social solo podría pagar el 81% de los beneficios, según un informe anual publicado en junio. El adelanto de la fecha se produjo por una nueva legislación que impacta los fondos del programa. La ley del Social Security Fairness Act firmada por el expresidente Joe Biden poco antes de dejar el poder puso fin a dos normas. La primera fue la norma que era conocida en inglés como Windfall Elimination Provision (WEP) y que aplicaba a unos 2 millones de personas, según datos de la SSA.
En la práctica, la norma reducía el cheque del Seguro Social a personas que recibían una jubilación por un trabajo en el que no aportaron al Seguro Social (esto ocurría, por ejemplo, en empleos en gobiernos locales o el federal como policías y maestros) y que también eran elegibles a un cheque del Seguro Social por un trabajo en el que sí contribuyeron a él.
La segunda norma se conocía en inglés como Government Pension Offset (GPO) y aplicaba a cerca de 800,000 jubilados. En este caso afectaba a jubilados que recibían una pensión por un trabajo en el que no habían aportado al Seguro Social y eran elegibles también a un cheque del Seguro Social de su cónyuge fallecido.
Asimismo, la nueva ley fiscal firmada por Trump en julio acelerará la insolvencia del programa, afirmó Brendan Duke, del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas. "Todavía no han presentado una solución", añadió.
Esto porque incluyó una deducción que en la práctica ayuda a reducir la cantidad de ingresos por la que debemos pagar impuesto federales. En este caso será una deducción de $6,000 para los contribuyentes de 65 años o más (la ley la llamó 'temporary senior deduction'). Aquí te explicamos todo sobre esa deducción.
La directora ejecutiva de AARP, Myechia Minter-Jordan, afirmó que se prevé que el número de beneficiarios aumente a 82 millones de personas para cuando el Seguro Social cumpla 100 años. "Al mirar hacia los próximos 90 años del Seguro Social es fundamental que se mantenga sólido para las generaciones venideras", declaró en un comunicado.
Se ha reactivado el impopular debate sobre su privatización
La idea de privatizar el Seguro Social resurgió recientemente cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó este mes que unas nuevas cuentas de inversión denominadas 'cuentas Trump' podrían servir como una "puerta trasera para la privatización" del programa del Seguro Social. El jefe del Tesoro se retractó casi de inmediado de sus comentarios.
El público se ha opuesto ampliamente a la idea de privatizar el Seguro Social desde que el presidente republicano George W. Bush emprendió una campaña para promover la privatización del programa en 2005, a través de cuentas personales de jubilación voluntarias. El plan no tuvo una buena acogida entre el público.
Glenn Hubbard, profesor de la Universidad de Columbia y economista destacado de la Casa Blanca durante el gobierno de Bush, declaró a The Associated Press que es necesario reducir el tamaño del programa para mantener las prestaciones para las generaciones futuras. Apoya que se limiten los beneficios para los jubilados adinerados.
“Tendremos que tomar una decisión”, declaró Hubbard. “Si queremos que las prestaciones del Seguro Social se mantengan como las actuales, tendremos que aumentar considerablemente los impuestos de todos. Y si eso es lo que la gente quiere (...) se paga el alto precio y se sigue adelante”.
Otra opción sería aumentar las prestaciones mínimas y ralentizar el crecimiento de los beneficios para todos los demás, lo que según Hubbard enderezaría el rumbo sin requerir grandes alzas de impuestos si se implementa a lo largo del tiempo. “Es realmente una decisión política”, afirmó. “Ninguna de las dos está exenta de dificultades”, advirtió.
Martin O'Malley, quien fue comisionado de la agencia del Seguro Social durante el gobierno de Biden, afirmó que cree que los problemas son más profundos. "No hay apertura ni transparencia en la agencia", dijo. "Y nos enteramos de que las oficinas locales están al borde del colapso".
Un representante de la Administración del Seguro Social no respondió a una solicitud de comentarios.
Persisten las preocupaciones
Una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research realizada en abril reveló que un porcentaje cada vez mayor de estadounidenses mayores, en particular demócratas, apoya el programa pero no confía en que el beneficio estará disponible para ellos cuando se jubilen.
"Mucho de lo que oímos es que se está quedando sin dinero", dijo Becky Boober, de 70 años, de Rockport, Maine, quien se jubiló recientemente tras décadas en el servicio público. Ella depende del Seguro Social para mantener sus finanzas a flote, está agradecida por el programa y cree que debería ampliarse.
"En mi opinión, hay varias soluciones fáciles que no son una exageración política", dijo. Estas incluyen elevar el límite del impuesto sobre la renta para las personas con altos ingresos y posiblemente aumentar la edad de jubilación, que actualmente es de 67 años para las personas nacidas después de 1960, aunque se muestra menos inclinada a apoyar este último cambio.
Rachel Greszler es investigadora principal de la Fundación Heritage, el grupo que impulsó el Proyecto 2025 para el segundo mandato de Trump. Este organismo propuso un aumento de la edad de jubilación.
Greszler afirma que el Seguro Social ya no cumple su propósito original de ser una red de seguridad para los adultos mayores con bajos ingresos y es demasiado grande. Apoya la privatización, lo que incluye permitir que los jubilados depositen sus impuestos del Seguro Social en una cuenta de inversión personal.
También aboga por reducir el programa hasta un punto en que todos los jubilados reciban la misma prestación del Seguro Social siempre que trabajen la misma cantidad de años, lo que, según ella, aumentaría los beneficios para el tercio inferior de los asalariados. No está claro cómo afectaría esto a la clase media.
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