Fugitiva en México buscaba asilo en EEUU: Cae mujer vinculada con tragedia de Guardería ABC
TUCSON, Arizona – Sandra Lucía Téllez Nieves, identificada como uno de los propietarios de la Guardería ABC en Sonora, en la que en el año 2009 murieron 49 niños, fue detenida en Tucson Arizona, donde se encontraba pidiendo asilo político, mientras es buscada en México, país que pedirá su extradición.
La detención de la mujer fue primero dada a conocer por un colectivo denominado Manos Unidas por Nuestros Niños, en una publicación del pasado sábado 2 de agosto, información que luego fue confirmada por autoridades mexicanas.
La organización indica que la mujer fue llevada a un centro de detención en Eloy, Arizona, como resultado de que en su contra existe en México una orden de captura.
Sandra Lucía Téllez presuntamente buscaba asilo en EEUU
El próximo 8 de octubre se fijó como fecha para realizar la audiencia sobre el caso.
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El colectivo también pidió al gobierno federal mexicano que la mujer sea extraditada, y enfrente la sentencia definitiva dictada por la muerte de los menores y las lesiones a más de un centenar, resultado del incendio en aquella estancia infantil hace más de 16 años.
Los familiares rechazaron que la mujer solicite asilo político por persecución en Arizona; piden, en cambio, que cumpla su sentencia en prisión. En una carta pública, Juana Luna Hernández, presidenta de Manos Unidas por Nuestros Niños, subrayó que Sandra Lucía Téllez “es culpable del delito de homicidio culposo y no una perseguida política”.
“Apelamos a la empatía y solidaridad de la presidenta (Claudia) Sheinbaum para que este crimen de Estado no quede impune. Es urgente que la Fiscalía General de la República actúe y garantice su extradición, que sea ingresada al penal correspondiente y cumpla la sentencia por la muerte y lesiones de nuestros hijos e hijas”, añade.
Téllez, según confirmó más tarde la FGR, se encontraba prófuga de la justicia mexicana desde el año 2022, cuando, tras ser sentenciada por un Juez Federal, incumplió con su libertad condicional.
La fiscalía mexicana agregó que se está gestionando la extradición de la mujer a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, cancillería).
“En Sonora, nos congratulamos por el anuncio de la detención en Estados Unidos de una de las socias propietarias de la Guardería ABC”, expresó por su parte el gobernador de esa entidad, Alfonso Durazo.
Añadió: “Ninguna y ninguno de los responsables de la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009 en Hermosillo puede estar por encima de la ley ni ser ajeno al reclamo social generalizado de justicia por lo ocurrido en esa fecha de enorme luto para todas y todos los sonorenses”.
Caso de guardería ABC: Horror y muerte
Fue el 5 de junio de 2009 ocurrió el incendio de la guardería ABC, después de que las llamas consumieran una bodega de papel contigua. El sitio se convirtió en una trampa mortal para los menores –cuyas edades oscilaban entre los cinco meses y los cinco años—ante la falta de detectores de humo, salidas de emergencia y extinguidores.
Como resultado del incendio, murieron 49 niños y niñas, mientras 24 niños y 25 pequeñas tuvieron graves lesiones por quemaduras. Otros 81 menores tuvieron afectaciones severas por la inhalación del humo.
Entre los cuatro propietarios de la guardería, además de Sandra Lucía Téllez –quien es prima de la senadora mexicana Lili Téllez—se encuentra Marcia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, exprimera dama mexicana, esposa del expresidente Felipe Calderón.
El parentesco de la detenida con Lilly Téllez fue revelado por la madre de una de las víctimas, Patricia Duarte Franco. “Sí es pariente de Lilly Téllez, son primas hermanas. Me enteré directamente por la senadora panista, en un encuentro que ella solicitó con nosotros cuando llegó al Senado por el partido Morena”, aseguró en sus redes sociales.
Dos de los cuatro socios propietarios fueron exonerados en 2010 por lo ocurrido dentro de la estancia infantil, mientras que los dos restantes, Téllez y Antonio Salido Suárez, recibieron cada uno una condena de 5 años y 7 meses de cárcel.
Familiares de las víctimas denuncian que han pasado más de 16 años exigiendo una justicia que no llega, en medio de la creciente impunidad sobre el caso, que fue reabierto en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
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