Tras el video que muestra la explosión de un carrito de hot dogs en Fisherman's Wharf de San Francisco, autoridades detallan qué medidas pueden tomar vendedores ambulantes para prevenir accidentes de esta naturaleza.
Este jueves un grupo de vendedores ambulantes dialogó con autoridades de la Ciudad de Fresno para evitar ataques en la calle, como los que han sufrido en el primer semestre de este año.
Los señalamientos fueron hechos por los dueños de negocios tradicionales en Fordman Heights, quienes se quejan de que estos trabajadores informales han perjudicado sus ventas y culpan a las autoridades de no poner orden en la zona.
Ante una alarmante ola de crímenes y asaltos contra comerciantes ambulantes, la Coalición del Interior por la Justicia de los Inmigrantes en California, comenzó un entrenamiento para los vendedores con el fin de informarlos sobre sus derechos y cómo pueden reportar un crimen en su contra, además de otorgarles ayuda económica para invertir en sus negocios.
La determinación busca otorgar más tiempo para que este tipo de vendedores adelanten los procesos y logren contar con un permiso para comercializar sus productos. Organizaciones comunitarias celebran la decisión, pero aseguran que los trámites son complicados y pueden llegar a resultar costosos.
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A Carlos Rabinal, le dijeron que su hermano Héctor había falleció, pero lo encontró vivo en un hospital, mientras que su primo a quien preliminarmente le informaron había resultado con lesiones, ahora le dicen que está muerto. La familia de guatemaltecos arrollados en Ontario reaccionan ante la confusión.
Jessica Dewett estaba intoxicada cuando atropelló a los vendedores de fruta, según el reporte de la policía y de acuerdo con testigos la mujer además estaba distraída con su teléfono cuando arrolló a los trabajadores, matando a uno y dejando gravemente herido al otro.
La asambleísta de California Wendy Carrillo aseguró que es muy importante que estos trabajadores cuenten con un número ITIN, ya que esto les permitirá acceder a programas sociales, a licencias para vender sus productos en la calle e, incluso, les permitirá obtener ayuda financiera por parte del estado. Asimismo, Carrillo señaló que existen muchas organizaciones que apoyan a esta comunidad dicho trámite.
Con carteles y coros, varios activistas y trabajadores llegaron este martes al Concejo de la ciudad de Los Ángeles para rechazar supuestos abusos de las autoridades en su contra y para exigir una modificación en las leyes que les permita laborar de manera segura y sin problemas en las vías. Al respecto, el concejal Kevin de León destacó la importancia de apoyar a esta comunidad y señaló que velará por sus derechos.
En video quedó captado cuando inspectores del Departamento de Salud confiscaron su mercancía y la tiraron a la basura. Ellos exigen respeto y piden protección a las autoridades para poder trabajar.
Nury Martínez, presidenta del concejo municipal, reconoció que se han presentado actos abusivos contra vendedores ambulantes y aseguró que estarán evaluando una propuesta para proteger a esta comunidad y para que estas personas puedan trabajar con los debidos permisos. Por otra parte, Martínez habló de sus aspiraciones para llegar a la alcaldía de Los Ángeles y señaló que “lo estoy pensando”.
Más de 100 trabajadores se reunieron este martes para exigir a la ciudad y al condado una reestructuración de leyes que les permita realizar su labor sin problemas. “Estamos pidiendo a las autoridades que pongan un alto al desplazamiento de vendedores y que actualicen las normas sobre la venta de comida”, señaló Carla de Paz, representante de la organización Community Power Collective.
Vendedores ambulantes afirman sentirse violentados por la ciudad y alegan, entre otras cosas, que es muy difícil obtener el permiso para poder operar. Asimismo, dicen que lo que buscan es trabajar de manera tranquila. Ante el descontento, más de un centenar de ellos se han organizado y se espera que este martes se manifiesten.
Carla de Paz, representante de la organización 'Community Power Collective', asegura que "ahora que estamos en una recuperación de la pandemia del coronavirus y que se está abriendo la economía, hay más fuerza por parte de las diferentes agencias del condado y la ciudad" contra los comerciantes en las calles. De Paz señala, por ejemplo, las grandes dificultades que los vendedores están teniendo para obtener sus permisos de venta de comida y que, por ende, han generado que los traten como criminales.
Si bien algunos tienen sus permisos en orden, dicen haber sido víctimas de inspectores que les botan su mercancía y además ordenan multas injustificadas. Para frenar esta situación, son varios los comerciantes informales que han decidido dirigirse hasta el Concejo de la ciudad de Los Ángeles para exigir mejores tratos.
De acuerdo con Carla De Paz, vocera de Community Power Collective, varios funcionarios de salubridad llegaron este fin de semana a un área cercana al MacArthur Park y comenzaron a tirar los alimentos de los vendedores ambulantes que se encontraban en el lugar porque, al parecer, no contaban con los permisos suficientes para permanecer allí. Asimismo, la activista señaló que muchos trabajadores han asegurado que las autoridades de la ciudad llegan a hacer las inspecciones en compañía de agentes armados.
Los trabajadores informales denuncian que les tiran la comida, los tratan como criminales y son intimidados con por lo menos dos oficiales de policía armados durante las inspecciones sanitarias, protocolo que no se aplica a negocios de comida en Los Ángeles.
Organizaciones que luchan por los derechos de estos comerciantes aseguran que solo el 2% de los 10,000 vendedores ambulantes de comida en el condado ha obtenido el permiso para operar. Además, rechazan que las inspecciones por parte del departamento de salud siempre se realicen con un policía armado.
En total, 35 trabajadores ambulantes se unieron para conformar una cooperativa y desde hacía varios años alquilaban una cocina compartida en la que preparaban sus alimentos para vender en las calles de la ciudad. Tras años de esfuerzo y con ayuda del gobierno lograron comprar el edificio. "Ya no estamos con el temor de que la policía nos vaya a quitar o multar", dijo una de las beneficiarias.