Corte de Apelaciones decide que juez federal no puede iniciar un procedimiento para declarar en desacato al gobierno por el envío de venezolanos a Cecot
En una decisión 2-1, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones para el distrito de Columbia anunciaron que el juez federal James Boasberg abusó de su autoridad al anunciar que había causa probable para iniciar un proceso por desacato contra funcionarios del gobierno de Donald Trump que enviaron a más de 200 venezolanos a El Salvador el 15 de marzo pese a sus órdenes de devolverlos a Estados Unidos.
En el panel de tres jueces, Gregory G. Katsas y Neomi Ra votaron a favor del gobierno. Ambos fueron nominados por el presidente Donald Trump. La tercera, Cornelia T.L. Pillard, se opuso.
En su disenso, la jueza Cornelia T. L. Pillard, nominada por el expresidente Barack Obama en 2013, explicó que cuando se cree que se ha desobedecido una orden judicial, determinar quiénes son responsables es el primer paso para la rendición de cuentas: "Nuestro sistema judicial no puede perdurar si los litigantes desafían las órdenes judiciales con impunidad en lugar de impugnarlas legalmente. Por ello, la desobediencia deliberada de una orden judicial se castiga como desacato penal".
Por su parte, uno de los jueces que decidió a favor del gobierno, Gregory G. Katsas, explicó en su argumentación que la orden judicial de Boasberg tenía "ambigüedades" que "deben resolverse a favor del presunto infractor".
Explicó: "En el momento del presunto desacato, pocas horas después de la audiencia de la orden de restricción temporal y antes de que estuviera disponible la transcripción de la misma, la orden judicial del tribunal de distrito podría haberse interpretado razonablemente en ambos sentidos. Por lo tanto, la orden de restricción temporal no puede fundamentar una condena por desacato penal en este caso".
"No tiene autoridad"
En su opinión, la jueza Neomi Rao, designada por Trump, dijo que el juez Boasberg no tenía autoridad para buscar un procedimiento por desacato contra los funcionarios que dieron luz verde al traslado de los venezolanos porque la Corte Suprema había anulado en abril su fallo contra el gobierno. Catalogó la decisión de Boasberg como un "abuso en su discreción" y una "intrusión en la autoridad del Presidente en materia de asuntos exteriores".
El presidente Trump catalogó al juez Boasberg —en medio del fragor por las expulsiones de venezolanos a El Salvador— como un “lunático de la izquierda radical” e incluso dijo que debería ser destituido, lo que le valió incluso una llamada de atención pública del presidente de la Corte Suprema.
Pero Boasberg se mantuvo firme sobre los plazos que había dado al gobierno para que explicara por qué deportó a más de 200 inmigrantes venezolanos a El Salvador, incluso después de que el juez pusiera por escrito su orden.
Boasberg fue nombrado juez federal en 2011 por el presidente Barack Obama, pero una década antes había sido designado miembro del Tribunal Superior de Washington DC por el republicano George W. Bush.
Como candidato a la corte federal, el entonces senador republicano Jeff Sessions, quien posteriormente se convertiría en fiscal general durante el primer mandato de Trump, le preguntó a Boasberg si creía que los jueces debían basar sus decisiones en un resultado deseado o únicamente en la ley y los hechos.
“Los jueces no deberían basarse en un resultado deseado al evaluar la ley y los hechos”, respondió. “Deberían atenerse a la ley y los hechos para llegar al resultado que dicten”.
El puesto de Boasberg como juez principal de la corte federal de Washington le brindó una perspectiva única sobre las investigaciones del fiscal especial Jack Smith sobre Trump, a medida que un testigo tras otro llegaba al tribunal para declarar en secreto ante el gran jurado.
